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Los hechos ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006, antes y después de la posesión del actual Presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los uniformados planearon la ubicación de un carro bomba en el Barrio Gaitán que explotó causando heridas a varios militares y la muerte a un particular; la ubicación de un carro bomba en el Centro Comercial Caracas; la ubicación de material explosivo cerca de la Escuela de Artillería y entre los barrio Danubio y La Fiscala y el intento de poner un automotor con explosivos en el Centro Comercial Gran San.
El fallo de primera instancia, concluyó que existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos que tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar.
"Señaló que con estas conductas, constitutivas de los tipos penales concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno, los oficiales del Ejército efectivamente incurrieron en la falta disciplinaria calificada como gravísima", señala el fallo de la Procuraduría.
Además de las contradicciones encontradas en las versiones de los Oficiales, el Ministerio Público demostró que existieron comunicaciones telefónicas entre ellos y Lidia Álape Manrique, alias ‘Jessica’, y reuniones en los centros comerciales Plaza de las Américas y El Tunal, ocurridas en el periodo comprendido entre días antes al supuesto descubrimiento del primer vehículo cargado con explosivos en el Centro Comercial Caracas, hasta días después.
"El Mayor (r) Hermida Benavides en su condición de Jefe de Análisis Operacional y Director encargado del la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, y el entonces Capitán Barrero Calderón, Jefe del Blanco ELN de la misma unidad, intervinieron para que se pagara la suma de siete millones 500 mil pesos, como recompensa por la información, a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez, supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas", agrega el comunicado.
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