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El pleito que protagonizan la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Consorcio Expansión PTAR Salitre (CEPS) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), que ha impedido la plena operación de la fase de ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, estaría próximo a terminar. La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), designada por la justicia para inspeccionar la obra, establecer las fallas y definir quién debe solucionarlas, ya expidió su concepto técnico. A grandes rasgos, le da la razón al constructor.
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Para entender el pleito, es necesario algo de contexto. La PTAR Salitre es una de las obras más importantes para cumplir la orden judicial de descontaminar el río Bogotá. Allí se limpia el 30 % de las aguas negras que produce capital, para luego verterlas al afluente. La primera fase se terminó en el año 2000. Aunque la planta tiene capacidad para tratar en 10 minutos el equivalente al agua de una piscina olímpica (2.500 m³), la expansión urbana al norte obligó a la CAR a contratar en 2016 una ampliación, para casi duplicar su capacidad, denominada PTAR Salitre II.
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El contrato por $1,5 billones se le adjudicó al Consorcio Expansión PTAR Salitre, no solo para la ampliación, sino para rehabilitar la fase I y poder conectarla a la fase II. La selección se hizo bajo el método del Banco Mundial; se financió con un préstamo de la misma entidad, y se debe pagar con el 50 % de la sobretasa ambiental, que pagan los Bogotá a través del predial. Estos trabajos debían estar listos en 2021 y, tras un año de empalme, entregar la operación al Acueducto en septiembre del año pasado. No obstante, en 2021, año en el que debía empezar el periodo de acople, la empresa de servicios públicos se negó a recibir los trabajos, alegando obras defectuosas, equipos con fallas y falta de manuales.
Según el Acueducto, de 5.000 equipos que había, 90 presentaban estado crítico y reponerlos sería muy costoso. En su momento, la gerente de la EAAB señaló que esas máquinas nunca funcionaron, no se les hicieron pruebas, ni hubo claridad sobre la garantía de los equipos. Resaltó que, de 11 sopladores en la planta, solo funcionaban 4. Para probar su punto, contrataron una firma externa, que analizara la obra.
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El constructor, por su parte, salvó su responsabilidad y señaló que los equipos pasaron el peritaje técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), que hasta el 2020 funcionaban y que, de existir daños, ocurrieron luego de entregar los equipos, al Acueducto. “Desde 2022, la obra tenía 97 % de avance y cumplía los parámetros de descontaminación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, como luego lo certificó. No obstante, se dieron las controversias jurídicas, técnicas y financieras, entre la CAR, el consorcio, la EAAB y la interventoría”, puntualizó.
El conflicto llevó a que se registrara un desfase entre el avance de la obra (97 %) y los pagos (85 %), producto de la negativa de la interventoría a validar pagos de obras. Esto sin contar, dice el consorcio, la negativa de la EAAB de asumir la operación, pese a que hace más de un año aumentó las tarifas de alcantarillado, bajo el argumento de que la PTAR Salitre entraba en operación; los débiles procesos de mantenimiento de los equipos, y las críticas infundadas. “Algo que ha dificultado dirimir el conflicto es que, como el contrato se celebró con las normas del Banco Mundial y no bajo la Ley Colombiana, la CAR debía dos meses después de la firma del contrato (2016) definir un mecanismo de solución de controversias, pero nunca lo hizo”, agregó el constructor.
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Orden judicial
En medio del tire y afloje, se incumplía el fallo que ordenó descontaminar el río Bogotá, por lo que intervino el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en septiembre de 2021 no solo ordenó poner a funcionar la PTAR, sino al Acueducto a recibir las obras, y a la CAR pagar lo que adeudaba al constructor y suspender un proceso sancionatorio en su contra. Ante la reiterada negativa del Acueducto, en diciembre de ese año abrió incidente de desacato contra el interventor Consorcio IVK, por no haber certificado la terminación de las obras, y contra la EAAB por no operarla.
El interventor expidió el certificado, no sin antes dejar constancia de los detalles y las falencias. Ante esto, el Tribunal ordenó en mayo una inspección a la PTAR Salitre fase II, para constatar el funcionamiento de los equipos de la Planta. En ese punto la controversia, el Acueducto insistía en malas prácticas del constructor y este señalaba que los daños en los equipos eran producto de la falta de mantenimiento de la CAR o la EAAB.
Para dirimir la controversia, designaron a las firmas NHB, por parte del Acueducto, y a la Sociedad Colombia de Ingenieros (SCI), del consorcio, como peritos para rendir dictamen pericial conjunto. No obstante, el Acueducto y el Consorcio recusaron a los peritos designados por la contraparte. Al final, el Tribunal de Cundinamarca sacó del proceso al experto de la empresa de servicios públicos y en septiembre del año pasado dejó como único perito de oficio a la SCI, a la que le dio seis meses para presentar su estudio, que dio a conocer recientemente.
Se trata de un informe de 1.000 folios, en los que se responden les preguntas que formularon el Tribunal, la Procuraduría, la CAR, la EAAB y el consorcio, para resolver las controversias que se venían presentado acerca del estado de la planta, su funcionamiento y estado de los equipos. La conclusión prácticamente validó lo que ya había dicho en un informe para el constructor: “todos los equipos cumplen las condiciones de calidad; se les realizaron sus pruebas, para la puesta en marcha, en las que participaron los fabricantes de los equipos o sus representantes”.
A través del extenso informe, la SCI establece la idoneidad de los equipos y resuelve en gran parte las controversias técnicas que venían afectando el proyecto, estableciendo responsabilidades y dando lectura de que le corresponde a cada parte para garantizar.
De 227 equipos analizados, indicó que 181 requieren intervención inmediata por mantenimiento; 27 por garantía, y de otros 19 no se tiene toda la información. “Es indispensable la inmediata intervención, para que unos recuperen y los otros mantengan condiciones adecuadas de operatividad, pues si bien la PTAR Fase II se encuentra funcional, la no intervención inmediata de los equipos indicados, afectarían dicha funcionalidad”.
Y concluye la SCI: “Lo que evidenciaron los peritos es que en la etapa de empalme no hubo colaboración de las partes. En vez, hay una innecesaria e improductiva confrontación, que no ha permitido que, al cumplirse más de un (1) año de su inicio, se realice al ciento por ciento (100%) la retroalimentación que se requiere, para iniciar la operación”.
“Este informe es un parte de tranquilidad para los ciudadanos de Bogotá, ya que sus conclusiones son contundentes al determinar que esta importante obra se ha construido cumpliendo las normas técnicas, que los equipos son los idóneos y cumplen con los requisitos de calidad, que las fallas que se presentan son normales y que son susceptibles de solucionar, por lo tanto, y que la planta de tratamiento está en un nivel de funcionamiento óptimo”, resaltó el consorcio constructor.
En cuanto a los equipos, de los 303 que reportó el CEPS por falta de mantenimiento, 156 realmente requieren intervención urgente; sobre las pruebas de funcionamiento y de garantía a los equipos, el consorcio sí las hizo, frente a 23 equipos que los constructores reportaron haber fallado, se conceptuó que de esos 8 han fallado por falta de mantenimiento; certificó que el arreglo de las centrifugadoras se hizo por garantía.
Sobre 69 equipos que la EAAB reportó con fallos, la SCI conceptúa que, en 31 equipos, las objeciones del interventor si están fundamentadas; en 35 las fallas fueron por falta de mantenimiento, y en ninguno las fallas fueron por la instalación o equivocada operación.
Y de los daños en los Centros de Control de Motores (CCM’s), por causa del aire viciado con ácido sulfhídrico (H2S), reflejado en el deterioro de los componentes eléctricos y electrónicos de los equipos del área de pretratamiento, este se hubiera podido evitar si, dando cumplimiento al contrato, se hubiese llevado a cabo la clasificación de áreas previendo el ingreso de agentes corrosivos y contaminantes. Punto negativo para el constructor.
La EAAB, frente al informe, solo expresó que apenas fue comunicada el 19 de enero de 2023, de la entrega del Dictamen Pericial de Oficio, realizado por la SCI. “Estamos en el período de traslado, analizando su contenido, para presentar los motivos de inconformidad, solicitar aclaraciones y adiciones frente al mismo, el día 10 de febrero de 2023, fecha en la que está programada la audiencia para que las partes se pronuncien sobre el mismo”, señaló.
Por ahora, el dictamen parece ser la herramienta para cerrar la historia de un conflicto, del que solo termina perdiendo la ciudad y la máxima misión ambiental en la región: descontaminar cuanto antes el río Bogotá.
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Por Alexánder Marín Correa
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