Diez años con la visión de seguridad de Gustavo Petro

La próxima semana la Alcaldía de Gustavo Petro y el Gobierno, a través de Francisco Lloreda, consejero presidencial para la Seguridad Ciudadana, presentarán el decreto que traza el Plan de Seguridad y Convivencia para Bogotá que será ejecutado en los próximos diez años. El documento, al cual tuvo acceso El Espectador, muestra que el proyecto del gobierno distrital se enfocará en la prevención y la garantía de derechos, más que en la represión; y que su ejecución dependerá en gran medida de la gestión de recursos y la creación de un aparato institucional que desde ya plantea varios interrogantes.

El decreto establece, además, una matriz que por primera vez trae metas cuantificables. Las más importantes son: bajar la tasa de homicidios de 16 (cifra actual) a 7 por cada 100 mil habitantes, así Bogotá pasaría de reportar casi cuatro muertes violentas por día a menos de dos; reducir el hurto común, las lesiones personales y el robo de vehículos en un 25%; atender al 80% de habitantes de calle en salud, educación y trabajo; y desarrollar 10 investigaciones alternativas para el tratamiento de la adicción al bazuco y el multiconsumo, entre otros. Los objetivos serán medidos en cinco evaluaciones cada dos años.

Otra novedad consignada en el documento es el protagonismo de las autoridades civiles: el plan estará bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno y el diseño de políticas públicas, a cargo del Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), que depende de la misma Secretaría. Además, por ejemplo, objetivos como la reducción del consumo de drogas, la atención de habitantes de calle y la innovación científica frente al consumo de bazuco, pasarán por Gobierno, Salud e Integración. Lo mismo ocurre con nuevos enfoques diferenciales para víctimas, jóvenes, población LGBTI, minorías étnicas y barras futboleras.

Sin embargo, como lo declararon el alcalde Petro y el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa el pasado jueves, hay cinco acciones concretas que el gobierno planea para los próximos 12 meses: potenciar el acceso a la justicia, mejorar el número de emergencias 123, crear una Secretaría de Seguridad que administre el gasto en el sector, conseguir recursos para la ejecución de este plan decenal mediante una reforma tributaria y transformar al principal organismo de seguridad de la ciudad, la Policía, en una “policía para el posconflicto”.

¿Se puede financiar el plan?

El mismo alcalde y su secretario de Gobierno lo advirtieron el pasado jueves: de una reforma tributaria que le permita al Distrito recolectar cerca de $400 mil millones al año dependerá el cumplimiento de las metas que se traza este plan. El problema es que las cuentas no dan. El secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que una reforma tributaria no es posible por ese valor. En plata blanca, explicó Bonilla, se aplicaría sobre los impuestos de Industria y Comercio y predial. Pero, según los cálculos y estudios de Hacienda, máximo podrían ser recaudados $250 mil millones: $100 mil por industria y comercio y $150 mil por predial.

Por otro lado, en reciente diálogo con este diario, Hugo Zárrate, subsecretario de Seguridad, dijo que con $21 mil millones el Distrito adecuaría 20 casas de justicia para completar 25 en toda la ciudad. No obstante, cuando Jaramillo y Petro ahondaron en la apuesta de pensar la seguridad como “acceso a derechos”, especialmente a la justicia —a raíz de crímenes recientes tan trascendentales como la masacre de una familia completa en la localidad de Bosa—, prometieron 50. Meta que será muy difícil de cumplir con los mismos $21 mil millones. Y esa no es la única parte del Plan que genera cuestionamientos financieros.

Desde el momento en que fue presentado en el Concejo el presupuesto para 2014, en los primeros días de noviembre pasado, la Secretaría de Gobierno, el Fondo de Vigilancia (FVS) y las policías metropolitana y nacional se encuentran en unas mesas de trabajo para “redefinir” y “priorizar” el gasto. El Distrito fue con la propuesta de reducir costos de gasolina y mantenimiento de vehículos de Policía a cambio de comprar patrullas y motocicletas, que hoy funcionan en arriendo. Mientras tanto, la Policía consideraba que “no se justifica que algo que funciona sea desmontado o desfinanciado”, le dijo a este diario el comandante de la Metropolitana, general Édgar Sánchez.

En el Concejo no quieren reducir el presupuesto de la Policía. Para 2014, el dinero del FVS solicitado para esa entidad era menor a los años anteriores: en 2012 se aprobaron $108 mil millones; en 2013, $85 mil (casi un 10% menos) y, para el próximo año, la administración pidió $65 mil millones (casi un 30% menos con respecto a 2012). Pero, en las negociaciones del presupuesto en el Concejo, aprobado ya en primer debate, cabildantes de oposición lograron que le fueran asignados al FVS $30 mil millones más. De ellos, $20 mil millones se irían para gastos recurrentes. Los mismos que el Distrito pretendía que asumiera la Nación a través del Ministerio de Defensa que, para hacerlo, debería modificar el decreto 399 de 2011 que le impone a las municipalidades asumir estos costos.

Y es que si el Distrito quiere mantener una relación armónica con la Policía, y que ésta sea aliada fundamental de su plan de seguridad, debe vigorizar las relaciones con ese organismo. El secretario de Gobierno ha dicho que con el dinero que deje la reforma tributaria de Bogotá se hará una inversión en helicópteros de vigilancia nocturna, nuevos equipos de patrullaje y educación superior para todos los patrulleros. Incluso, en esas reuniones exploratorias entre Distrito y Policía, trascendió que el organismo de seguridad había pedido a la ciudad la financiación de capacitaciones para sus efectivos en Derechos Humanos y otras áreas.

El presupuesto del FVS está comprometido en la mejora de la línea de recepción de denuncias 123 y la compra e integración de un sistema de cerca de 1.000 cámaras al sistema de videovigilancia. “Hoy, la Policía presenta un proyecto y el FVS es el encargado de entregar el dinero sin mayores controles. Por eso, la administración sabe que es urgente que una entidad civil, como la Secretaría de Seguridad que está por crearse, ordene el gasto de la Policía desde una perspectiva de política pública. Eso puede no caer bien en los uniformados, pero es la forma de cumplir con este plan”, aseguró una alta fuente del Distrito.

Así como sucedió con la modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial, este decreto del alcalde Petro podría cambiar la vida de la capital durante la próxima década. Se trazan objetivos claros, que podrán ser evaluados periódicamente. Solo cuando pasen dos períodos de gobierno distrital se podrá saber si la visión de Petro de seguridad logró que la ciudadanía esté más segura en Bogotá. Pero no todo puede ser una proyección. El reto de la Alcaldía es entregar resultados en el corto plazo. El alcalde parece haberlo entendido tanto que busca una fórmula financiera que le permita hacer las transformaciones; así como la Policía tendrá el reto de integrarse mejor con las instituciones civiles.

Las  apuestas a 10 años del Plan de Seguridad y Convivencia

 Las más ambiciosas
1. Reducir la tasa de homicidios en más del 50% y los delitos de alto impacto (hurto, lesiones personales) en un 25%.
2. Brindar atención en salud y ofrecer posibilidades de educación y empleo al 80% de los habitantes de la calle.
3. Investigar con la comunidad científica las alternativas de tratamiento al consumo abusivo de drogas.
4. Diseñar una nueva metodología de clasificación de estratos socioeconómicos para evitar discriminación y segregación.

Las más urgentes

1. Conseguir recursos para dotar logística y tecnológicamente a las autoridades en busca de desmantelar bandas organizadas involucradas en los delitos de mayor impacto.
2. Fortalecimiento del sistema de recepción de denuncias.
3. A través de las casas de justicia, fomentar mecanismos oportunos de información para que los ciudadanos estén enterados de sus procesos.

Las más abstractas

1. Realizar programas de resignificación de las masculinidades.
2. Crear una caravana de información vía Bluetooth donde los ciudadanos, al conectarse, puedan descargar información relacionada con seguridad y convivencia en la ciudad.
3. Establecer un plan de identificación de los agresores para reducir la impunidad.

Énfasis en mejorar la convivencia

Con el decreto del Plan de Seguridad y Convivencia, se implementarán varios acuerdos entre los que se encuentra la intervención de las zonas identificadas como críticas en la ciudad a través de la participación de las comunidades, los gremios y las entidades distritales.

También se enfoca en el control y la prevención de actos delictivos por medio del desarme; la promoción de la tolerancia en los encuentros de fútbol desarrollados en la ciudad; garantías de reintegración a la vida civil de excombatientes; el fortalecimiento de centros comunitarios LGBTI, así como la inversión de recursos para que jóvenes promuevan la convivencia local, entre otros proyectos.

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@CamiloSeguraA