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La decisión la firmó Luis Gálvez, interventor de la Supesalud, quien asumió el control de la subred en mayo pasado, la cual calificó el alcalde Carlos Fernando Galán como una medida arbitraria.
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Y parece tener razones: la terminación se dio justo en medio de un multimillonario pleito entre el Distrito y el constructor por incumplimiento de contrato. Los privados alegan que, pese a haber ganado una licitación en franca lid, la obra fue imposible de ejecutar. Hoy la decisión de Galvez de cierta manera inclina la balanza a favor del privado.
“Esta decisión no protege la salud de los bogotanos, al contrario, pone en riesgo la prestación del servicio, la estabilidad del sistema distrital e impide la recuperación del San Juan de Dios”, señaló el mandatario, quien además anunció que las secretarías Jurídica y de Salud adelantarán los actos administrativos y judiciales para responder al paso que dio el interventor.
La resolución que terminó el contrato
A través de una resolución, la Subred de Salud Centro Oriente terminó el contrato “02-bs-008-2020, suscrito entre la entidad y la sociedad anónima de obras y servicios Copasa, sucursal Colombia. La compañía, de accionistas españoles, había ganado la licitación para diseñar, construir, dotar, poner en marcha y operar la nueva Unidad Médica Hospitalaria Especializada en Salud Santa Slara y CAPS Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. No obstante, la resolución detalla que el Distrito, el 12 de enero, “presentó una demanda arbitral nacional en contra de la constructora”.
El descontento entre la nación y Bogotá alrededor del San Juan de Dios comenzó en noviembre pasado, cuando el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1959, a través del cual ordenó a sus ministros adquirir y recuperar la infraestructura del tradicional complejo hospitalario, como lo prometió en su Plan de Desarrollo. Y se hizo más compleja el pasado 7 de mayo, cuando la Superintendencia de Salud intervino la Subred Centro Oriente (que adjudicó el contrato). Esta movida generó suspicacia y llevó a pensar a los analistas que era justo para tener el manejo del tema del complejo hospitalario como, en efecto, se está viendo.
Sobre esto, Gerson Bermont, jefe de la cartera de Salud, le dijo a El Espectador: “Creo que fue un mal cálculo, el San Juan de Dios es un terreno del Fondo Financiero Distrital de Salud, no de la Subred. Lo cierto es que con el San Juan hay voluntad política del Distrito en avanzar con el Gobierno para que se cumpla lo que determinó el Plan de Desarrollo, así que no tenemos dificultad en lograr una negociación. Pero también, como ellos son terceros externos que causaron y ocasionaron una dificultad, nos tienen que ayudar a resolver el lío contractual. Bogotá no puede cargar sola con una demanda, producto de toda esta situación”.
Galán sigue defendiendo el proyecto que contrató el exalcalde Enrique Peñalosa para demoler la torre central de San Juan y construir dos nuevos hospitales, y el cual quedó en el limbo luego de la decisión del presidente Petro de impedir las obras, amparado en la protección de un Bien de Interés Cultural.
Ahora todo este embrollo se tendrá que resolver a través de un tribunal de arbitramento, ante el cual el constructor reclamará alrededor de $100.000 millones, según aseguró Galán. El alcalde sentenció que no se quedarán con los brazos cruzados. “Haremos lo que esté a nuestro alcance para que quienes afecten el patrimonio de Bogotá respondan”.
Desde el Concejo, José Cuesta, férreo defensor de la propuesta de Petro por preservar el “viejo San Juan”, no solo respaldó la decisión del interventor de la subred, sino que habló sobre los líos contractuales que se desataron. “El agente interventor de la Supersalud está actuando en derecho. No le podemos pagar a un privado $500.000 millones para demoler lo que la Ley 735 ordena que se tiene que proteger. Le digo al alcalde: no se preocupe por demanda que interpuso Copasa. Lo que no hizo el señor Carlos Fernando Galán para defender el interés público de los bogotanos, lo tuvo que hacer el interventor”.
La terminación del contrato parece ser la caja de Pandora que desata los males detrás de un contrato sin futuro y, de momento, despeja el camino empedrado que tendrá que atravesar el Gobierno Nacional para seguir con su proyecto, pese al lío que deja con Copasa, el cual tendrán que enfrentar una Secretaría de Salud y un alcalde de Bogotá descontento con las disposiciones del presidente Petro.
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Por Juan Camilo Parra
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