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En enero de 2008 Fernando Escobar, personero de Soacha, recibió en su oficina la primera denuncia de desplazamiento interurbano. Era una familia desplazada, buscando un nuevo techo, un nuevo trabajo, una nueva vida. Empezaron de ceros después de ser amenazados, según decían, por grupos rearmados de los paramilitares.
Lo curioso es que los desterrados no provenían de zonas dominadas por grupos al margen de la ley. Vivían en un barrio de la misma zona, donde ya habían buscado refugio después de que algún tiempo atrás les hubieran quitado sus tierras, sus identidades, todo.
Desde entonces, la Personería de Soacha empezó a tomar nota de cada una de las denuncias de ese mismo tipo. El resultado no fue intrascendente. De acuerdo con Escobar, en los últimos 13 meses 96 familias han sido desplazadas a Soacha. De esas, 50 vienen de Bogotá, 44 de la misma Soacha y dos de Sibaté. “El desplazamiento interurbano está altamente concentrado en Altos de Cazucá, con 33 familias que han tenido que movilizarse”, aseguró.
Uno de los hallazgos más preocupantes es que 30 de esos grupos fueron desalojados forzosamente por segunda vez, según dicen los afectados, al mando de bandas emergentes del paramilitarismo y, en segundo lugar, de las Farc. Los mismos que los habían intimidado en el principio. Sólo cuatro casos se le atribuyeron a la delincuencia común.
“Estas personas tienen dificultades para ser identificadas como desterrados, ya que la Ley 387, que dicta medidas para los desplazados por la violencia, sólo contempla como zonas expulsoras a las dominadas por grupos armados. No aceptan que en Bogotá o en Soacha existan también grupos paramilitares. Saber si los focos de estas amenazas son los que denuncia la gente es trabajo de las autoridades, como Acción Social”, explicó Fernando Escobar.
Con llamadas, visitas que alteran los nervios y hojas de papel los delincuentes han intimidado a esta población, incluso con la advertencia de reclutamiento forzado. En algunos casos ni siquiera hubo ultimátum. Los miembros de unas cuantas familias fueron, según denuncias anónimas, incorporados en algún grupo al que no se le puede seguir la huella.
Además del calvario que atraviesan las 93 familias desplazadas interurbanamente, otras 82 amenazas se han presentado desde enero del año pasado y 70 de esos casos ya habían sido de personas desarraigadas por la violencia en otra época. Actualmente duermen con la zozobra que ya conocían y, según dicen, escuchando casi todos los días las voces que alguna vez cumplieron sus amenazas.
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