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Históricamente, la capital colombiana ha sido epicentro de oportunidades para quienes llegan de otras regiones. Con el paso de los años, miles de nacionales salieron de sus territorios y migraron internamente, huyendo del conflicto armado, convirtiendo a Bogotá en la ciudad que más los ha acogido.
De acuerdo con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, hasta diciembre de 2021, el 4,1 % de damnificados por la violencia han buscado refugio en la capital; es decir, casi 378.000 personas.
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Sumado a ello, el Sistema de Información para Víctimas en Bogotá (SIVIC) informa que, solo en los dos primeros meses de este año, 9.244 víctimas llegaron a la ciudad y que el motivo fue desplazamiento forzado en el 72,1 % de los casos.
Además, según el informe presentado en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el 50,3 % se concentran en seis de las veinte localidades: Kennedy (11 %), Ciudad Bolívar (10,2 %), Bosa (10,2 %), Suba (8,2 %), Usme (5,3 %) y Engativá (5,1 %).
En el mismo reporte se afirma que, con relación a la pertenencia étnica de las víctimas, el 85,5 % declararon no pertenecer a ninguna, el 8,9 % eran afrocolombianos, el 5,1 % hacían parte de comunidades indígenas, el 0,4 % se identificaron como gitanos o rom, el 0,1 % como raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, y el 0,03 % como integrantes de comunidades palenqueras.
Adicionalmente, se reveló que el 44,8 % de esta población está en un rango de edad de 29 a 60 años. Según los datos de la Alta Consejería, se estima que cerca de 81.000 son menores de edad.
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El Espectador consultó a la Secretaría de Educación sobre el número de estudiantes en colegios distritales registrados como víctimas del conflicto y, según dicha cartera, hasta octubre de 2022, se contabilizaban 58.751 niños y adolescentes.
Cabe señalar que dicha cifra representa casi el 9 % de la matrícula oficial de los casi 800.000 estudiantes matriculados en 401 colegios públicos, quienes ameritan un trato diferencial.
Para Karol Vásquez Rodríguez, decana de la Facultad de Terapias Psicosociales, de la Universidad Antonio Nariño, es indispensable que se brinde un acompañamiento riguroso a estos menores, para garantizar que sus experiencias, tras estar en entornos de violencia, no definan su futuro:
“Es necesario que todos los integrantes de los planteles educativos comprendan el contexto del cual proviene cada uno de ellos. La dinámica de la violencia social y política en cada región es diferente. No podemos pensar en entrar a aportar si no comprendemos y nos introducimos en la realidad de la que vienen. Hay que interpretar las características y el perfil psicosocial de cada niño y la necesidad de resignificar el contexto educativo para ellos. Los procesos pedagógicos deben adaptarse. Hay que seguir avanzando para entender que la educación no es replicar procesos y comprender, sino educar para la vida”.
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Con esta perspectiva, la Secretaría de Educación afirma que se está garantizando la educación inclusiva con enfoque diferencial, en alianza con entidades como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito y la Red de Museos del Banco de la República; sin embargo, el asunto es ¿cómo se está haciendo?
Frente a esta pregunta, Virginia Torres, directora de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación, dice que se están implementando varias estrategias, como “¿Para qué la violencia?”, “Escuela Universos” y “Cartografía Bogotá Ciudad Memoria”.
Y concluye: “Lo que buscamos es contribuir a la dignificación de todos en la escuela, pasando por los lenguajes artísticos, exaltando lo estético, lo sensible y el cuerpo como artefacto potenciador de experiencias de quienes han sido víctimas del conflicto armado y residen en Bogotá”.
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Según ella, ya se adelantan procesos de cualificación docente, lo que se traduce en ciclos de formación de quienes están en las aulas, para entender de manera transversal cómo las experiencias individuales influyen en los procesos de aprendizaje, los cuales están articulados con el programa “La escuela abraza la verdad”, creado por el Programa Nacional de Educación para la Paz en alianza con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.
De esta manera se socializa el Informe final de la Comisión de la Verdad para que los menores conozcan las realidades que se han vivido en las regiones del país. De acuerdo con Torres, en los movimientos migratorios internos, que terminan radicados en la capital, tienen mayor incidencia quienes provienen de zonas del Pacífico y la frontera sur, de departamentos como Putumayo y Nariño, así como del sur de Bolívar y de la zona de los Llanos Orientales.
Con este panorama, es preciso que se afiancen los procesos educativos para que los menores puedan, de manera gradual, superar sus afectaciones y pérdidas materiales y emocionales. Todo esto mientras se avanza en procesos para garantizar la presencia de un Estado social de derecho en zonas apartadas, en donde el temor y la zozobra se apoderan de quienes viven allí.
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Por Cristian Camilo Perico Mariño
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