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Los pasillos del CAE del nuevo complejo de justicia Campo Verde, ubicado en Bosa, todavía tienen los logos del ICBF colgados. Se suponía que con la apertura de la obra que junta los servicios de justicia del Distrito, la entidad debía definir cómo sería el funcionamiento del espacio dotado con 200 cupos para menores aprehendidos. Pero a mediados de octubre el presidente ratificó que no recibiría la obra y desde entonces, es el único servicio en desuso, lo cual le ha valido críticas al mandatario. La negativa del jefe de estado ha puesto sobre la mesa el debate sobre la privación de adolescentes de la libertad y los sistemas de justicia aplicados en el Distrito Capital.
“En mi opinión, los niños no deberían estar presos.”, fue lo que le respondió el presidente Gustavo Petro a las críticas que presentó Alejandro Peláez, quien se desempeñó como subsecretario de Acceso a la Justicia en Bogotá en 2016. Peláez le pidió al mandatario comparar los centros de libertad de Cali, Quibdó o Ibagué con el nuevo espacio y cuestionó la “pataleta” del presidente con Bogotá, calificándola incluso de “show”.
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“El gobierno de Petro dice que no cree en la privación de la libertad de los menores de 18. Los invito entonces a que hagan algo por los 4.000 que tienen en las decenas de centros que tiene el ICBF. Su pataleta con Bogotá, sin esos cambios, es solo show y pataleta. Si son el cambio, ¡hagan algo!”, escribió el exfuncionario.
Detrás del debate se encuentran visiones contrarias sobre la aplicación de justicia a menores. El subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, anota que el Gobierno ha querido mostrar el CAE de Campo Verde como un lugar a donde los jóvenes estarán presos sin tener en cuenta el programa de Justicia Restaurativa que tiene el Distrito.
A dos meses de apertura del centro Campo Verde, la Secretaría de Seguridad —entidad del Distrito que pagó los 75.000 millones invertidos en el proyecto— les ha dado uso a las instalaciones del CAE para realizar talleres dirigidos a personas que han cometido delitos menores. En total, son 12.624 metros cuadrados construidos, de los cuales se está desaprovechando el 8,2%, destinado al centro del ICBF. El resto del espacio está distribuido así: el 23% del área para el Centro de Traslado por Protección (antes conocidos como UPJ), y cuenta con más de 380 cupos; otro 26,5% a salones; 25,6% a una Casa de Justicia; y 15,7% a una Unidad de Reacción Inmediata. Además, cuenta con la Ruta de Atención Integral para la Mujer.
Este panorama obliga a despolitizar el debate. En lo corrido de 2023, en el país se han reportado 7.148 aprehensiones de menores de edad. La aprehensión y no captura, es el término correcto para referirse a la detención de un menor. Cuando un menor delinque ingresa al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y alguno de los lineamientos para definir las sanciones y permanencia de los menores en los centros, están consagrados el artículo 88 de la Ley 1453 del 201 (que modificó al artículo 187 de la ley 1098 de 2006). Del total de aprehensiones, la capital encabeza la lista con 905.
“El sistema de responsabilidad penal para adolescentes incluye, como última medida para casos muy graves, la privación de la libertad”, argumentó Peláez en la discusión que siguió por medio de redes sociales con el presidente. De hecho, la ley consagra que las privaciones de la libertad son una decisión que afecta a adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años. Los CAE están diseñados para mayores de 16 y menores de 18, cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. Mayores de 14 también serán trasladados a estos centros de ser hallados responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual.
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Desencuentros
En septiembre se llevó a cabo uno de los últimos consejos de seguridad que lideró el Distrito con el Gobierno Nacional. Claudia López dejó claro que una de las dos cosas en las que no estuvieron de acuerdo en esa ocasión, residía en el uso del CAE de Campo Verde, cuyas instalaciones acababan de ser entregadas y rechazadas. La razón para negarse a recibir la obra terminada: que el centro se aleja de la política de justicia que visiona Petro, cosa que contradice la misma Alcaldía.
En primer lugar, lo que para Petro es un “preso”, el Distrito enfatiza en que la organización de los espacios y el programa de Justicia Restaurativa influyeron en que en el CAE de Campo Verde no hubiese “celdas”, sino “alojamientos”. Si bien se cumplen los preceptos de los CAE ya existentes, el ICBF insistió en no darle uso.
“El debate no es por un centro, es porque todos los centros de privación de libertad adolescente puedan cerrarse y dar paso a modelos distintos. En eso Bogotá tiene avances y ahí es donde nos llaman los adolescentes a cambiar la mirada y la acción. Ese es el acuerdo”, es lo que señaló Astrid Cáceres sobre el asunto.
Andrés Nieto, por su parte, anota que el ICBF estuvo presente en el desarrollo del proyecto e incluso dieron recomendaciones, antes de anunciar que no lo recibirían. “Hasta este día estábamos esperando una respuesta definitiva del ICBF. Insistimos hasta último momento y seguiremos levantando la mano para poder decir ya está listo. Está la dotación. Están los requerimientos que se nos pidieron, pues lo mejor sería ponerlo andar, que si necesitamos poder articular un nuevo modelo, ¿por qué no hacerlo desde Bogotá que ya tiene la infraestructura?”.
Petro se ha limitado a mencionar que su “seguridad humana” no contempla enviar a la cárcel a los jóvenes y anunció que en lugar de apoyar iniciativas como la del CAE, planea invertir en infraestructura para la educación con el fin de aportar a la prevención del delito: “cuando se comete un delito ya hay una derrota de la sociedad, los procesos pasan a concentrarse en la captura y resocialización. El éxito es que no se cometa el delito”, dijo en la alocución de septiembre y recordó que el Estado financia el polémico multicampus educativo en la ALO Norte; una sede universitaria de ciencia de la salud en Bosa; otra de programación en Usme.
Programa de Justicia Juvenil Restaurativa
La Alcaldía resalta que el programa de Justicia Juvenil Restaurativa nació como un complemento a la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Con este, se le ha brindado atención a cerca de 1.500 adolescentes y jóvenes, 800 víctimas y a cientos de integrantes de sus sistemas familiares. Por otro lado, ha ayudado a disminuir la reincidencia, ya que tan solo el 5% de las y los jóvenes atendidos han vuelto a entrar en conflicto con la ley.
“Estamos de acuerdo con que la solución no es sencillamente tener detenidos a menores, como se ha querido mostrar, sino que Bogotá hoy tiene un programa de Justicia Restaurativa de jóvenes, que además es pionero en el país. Es la única ciudad que lo tiene y, de casi dos mil jóvenes que han sido atendidos en el sistema responsabilidad penal, el 95% no ha reincidido en delitos, es decir, es un programa efectivo porque no se trata solo de tenerlos allá, como se dice alguien privados de la libertad, sino con todo el acompañamiento psicosocial experto”, añadió el subsecretario.
Respuesta del ICBF
El ICBF se refirió a los hechos citados y que revivieron un debate dormido. “Los modelos de sanciones a los adolescentes van a estar centrados en la justicia restaurativa, es decir, que ellos le presten un servicio a la sociedad, no en privación de la libertad. Vamos a ofrecer alternativas a los jueces como el estudio, el deporte o el arte para cambiar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”, dijo la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas.
La entidad aclara que sigue en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y adelanta mesas técnicas para analizar las acciones para verificar la pertinencia técnica, jurídica y administrativa para la eventual operación del Centro de Atención Especializada (CAE), ubicado en el Centro de Justicia Integral Campo Verde.
“De otra parte, se acordó que desde la Secretaría Distrital de Convivencia y Justicia se realizarían claridades respecto al cumplimiento de medida cautelar de una Acción Popular que recae sobre el predio, a efectos de contar con un concepto jurídico desde el ICBF para analizar la pertinencia o no del recibo del mismo, que es responsabilidad del Distrito”, relata el comunicado enviado por el ente.
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Por Juan Camilo Parra
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