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A dos días de que caducara el convenio de movilidad, que permite el tránsito intermunicipal de buses y taxis entre Soacha y Bogotá, las partes lograron ponerse de acuerdo para extenderlo 12 meses. Lejos de la incertidumbre que generó el año pasado, la decisión de la exalcaldesa Claudia López de acabarlo abruptamente —lo que derivó en vientos de paro y hasta protestas en la autopista sur— en la nueva firma imperó la calma. La novedad, en este caso, radico en el protagonismo de la Región Metropolitana (RM) en la firma del nuevo convenio, que será la encargada de adelantar un estudio para formular una solución definitiva para el corredor.
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Según se informó durante la ratificación del acuerdo, en la que además participó el Ministerio de Transporte, el nuevo plazo es un componente temporal que busca reducir cualquier factor de incidencia en la movilidad. Aunque los mandatarios de Soacha y Bogotá tenían hasta el sábado para encontrar una nueva solución, se optó por extender el plazo bajo la batuta de la Región Metropolitana. Este ente, al que a duras penas pertenece Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, fungió como un actor sorpresivo de último minuto, que se comprometió a resolver el asunto de una vez por todas. De hecho, en el espacio de la firma, en el documento que le correspondía a Bogotá, se estampó la rúbrica de Luis Lota, el director de la RM.
Se trata de un hito en el trayecto de la figura metropolitana, que por primera vez desde su creación, dispondrá de una parte de su presupuesto para apoyar una iniciativa de movilidad a nivel departamental. Si bien, en la RM todavía permanecen las sillas vacías que le corresponderían llenar los municipios de la sabana y del sur, el suceso representa un acercamiento importante entre la utilidad concreta de la iniciativa, y su esqueleto burocrático.
El papel de la RM
La condición para que esta nueva prórroga se diera reside en un estudio, cuya fase de contratación y presupuesto, correrá por cuenta de la Región Metropolitana. Tras el éxito en la licitación del interconectar de la 80, la RM ganó votos de confianza para encargarse del requisito técnico. Este análisis, le explicó a El Espectador Luis Lota, tendrá un costo aproximado de $3.000 millones y se enfocará en estudiar las variables de oferta y demanda en el corredor. Este estudio estará compuesto de dos fases. La primera, que será de diagnóstico y, la segunda, tendrá el objetivo de concretar un análisis que determine la mejor forma de administrar la ruta entre Bogotá y Soacha. Finalmente, se dará cuenta de las características de operación de los vehículos (horarios, modelos, etc.) y cuáles instituciones intervendrán, para garantizar que realmente se pueda cumplir un servicio”, expresó Lota.
Los objetivos del estudio
En los parámetros del estudio en mención, se contemplará la viabilidad de sumar el sistema de transporte del vecino municipio con el sistema integrado de transporte SITP de la capital. Dicho componente es esencial a la hora de suplir las falencias en el corredor. En primer lugar, para reducir la flota de buses contaminantes que actualmente circulan entre Soacha en Bogotá: el 79% de los vehículos que la integran tiene más de 20 años y el 76% es de baja capacidad (microbuses). “Para que se hagan a una idea, en Soacha tenemos el bus más antiguo en funcionamiento del país”, explicó el alcalde Julián Sánchez a este diario.
Del mismo modo, el factor de competencia desigual que estos buses tienen frente al SITP y su respectivo impacto en la economía local. Además, las modalidades de transporte ilegal, de la que dimanan por cierto dinámicas de violencia latentes, son otro flanco que se debería atenuar con las soluciones planteadas en el estudio. Bajo esta misma línea, el alcalde de Soacha, dijo que adelantará un estudio paralelo, en el que se tendrán en cuenta variables como las condiciones laborales de los conductores y la mella del transporte informal en el municipio.
“Este segundo estudio va a ser financiado por la Administración Municipal e integrará el Plan Maestro de Movilidad de Soacha. Lo que vamos a garantizar es que en el proceso de finalización del convenio se dé rienda suelta a la implementación de un nuevo modelo. Y, a partir de ahí, comenzar a pensar primero en la calidad de servicio del usuario, que es lo más importante. Segundo, la garantía de que el pequeño y mediano transportador de Soacha haga parte de ese nuevo modelo. Tercero, que Soacha debe sí o sí tener alimentadores dentro de la ciudad; y cuarto, que todas las nuevas medidas permitan ahorrarle el costo de $3.000 pesos a aquellos que utilizan el sistema de transporte masivo”, apostilló el mandatario.
Evidentemente, la línea de integración, para que Soacha haga parte del SITP y así, tanto soachunos como bogotanos paguen una misma factura, protagonizará el orden del día de los nuevos estudios. Si todo sale bien, la duración del estudio será entre 7 y 8 meses. Sus resultados serán evaluados por las secretarías de Movilidad, tanto de Soacha como de Bogotá, así como de la RM. Una vez sean interiorizados los nuevos conocimientos del análisis, ambos gobiernos se comprometieron a la implementación de las sugerencias allí planteadas, de tal forma de que esta ampliación del convenio, se convierta en la última.
De lo contrario, y en caso de que los estudios no lleguen a ninguna parte, hay una cláusula del contrato de extensión, que podría traer viejos fantasmas de colapso al corredor intermunicipal. De acuerdo con lo plasmado en el documento, cualquiera de las partes firmantes puede romper unilateralmente con la prórroga pasados siete meses de la firma. Es decir, que si para noviembre no hay rastros del estudio y de la viabilidad de sus sugerencias, tanto Soacha como Bogotá, podrían salirse abruptamente, como lo intentó el Distrito el año pasado. La presión, por más condicionante que suene, es un motivo más para que la RM demuestre que es capaz de solventar los procesos de integración regionales, para los cuales se constituyó.
Información relacionada: En busca de una solución permanente para el corredor Soacha-Bogotá.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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