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El crítico hacinamiento, que históricamente se ha vivido en las estaciones de policía y URI de Bogotá, está en la mira de la Corte Constitucional. Este lunes comenzó la inspección a los sitios de reclusión temporal, con la visita del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien estuvo en Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y la terminal de Transporte. La jornada continuará el próximo 14 de marzo, en las de San Cristóbal, La Candelaria, Teusaquillo, Engativá y Usaquén.
Lea: La visita de la Corte Constitucional a las estaciones de Policía en Bogotá
Si bien, el informe que elaboran el Ministerio de Justicia, el Inpec, el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá muestra que, en comparación con febrero, marzo arrancó con un leve descenso en las cifras de sobrepoblación carcelaria, el panorama es similar a lo que se ha vivido en el último año. Incluso, a pesar de la creación de casi 200 nuevos cupos, el dato general de hacinamiento no baja del 150 % y hay estaciones con cifras que siguen por encima del 500 %.
En retrospectiva, hasta hace un año, justo cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó mejoras en las condiciones de los centros de reclusión transitoria, las diferentes estaciones tenían cupo para 1.006 personas, pero había 3.073 detenidos. En Bosa, Teusaquillo, Usaquén y Chapinero ubicaban a cinco presos en el espacio destinado para uno. En el caso de la estación de Bosa, con cupo para 30 personas, tenía 227 detenidos, para un hacinamiento del 656,67 %.
Para noviembre, aunque las estaciones ya contaban con 1.237 cupos (231 más que en marzo pasado), en vez de mitigar el sobrecupo, parece que aprovecharon para aumentar la población de detenidos. Para ese mes había 3.177 detenidos, es decir, 1.940 más de los permitidos, para un hacinamiento del 156 %. Con una particularidad: 513 eran ciudadanos extranjeros. Es decir, el porcentaje de sobrepoblación no ha tenido una variación significativa.
Cifras actualizadas
La visita de la Corte Constitucional a las estaciones coincidió este lunes con el informe de hacinamiento de la primera semana de marzo. Este indica que en las 20 estaciones de Policía y URI que operan en la ciudad, con 1.237 cupos, hoy conviven 3.109 internos, lo que representa un hacinamiento del 153,4 % o decir que en el espacio destinado para dos internos hay cinco. En este universo de detenidos, hay 2.639 hombres en calidad de imputados y 52 mujeres.
Aunque la cifra disminuyó en comparación con febrero pasado (31 reclusos menos), hay dos datos que llaman la atención: aumentó el número de condenados en estos sitios transitorios (384 frente a 363 del mes pasado), los cuales deberían estar en alguna de las cárceles bajo custodia del Inpec, y hay menos guardias para la custodia de toda esa población (336 en marzo, frente a 351 el mes pasado), lo que indica que hay un guardia por cada 10 internos. Esta cifra cambia a un guardia por cada 30, si se tiene en cuenta que ese personal se divide en tres turnos.
Al analizar las cifras por localidades, en siete de ellas empeoró la situación: Usaquén, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. En el resto, disminuyó levemente el hacinamiento o se quedó igual. Pero el hacinamiento sigue siendo crítico en localidades como Usaquén, que supera el 1.000 % (con 111 detenidos en un espacio para 10); Bosa, que llega al 557 % (230 en un espacio para 35); San Cristóbal, con 431 % (186, en un espacio para 35); Usme, con 415 % (103, en un espacio para 20); Kennedy, con 371 % (283, en un espacio para 60), y Ciudad Bolívar, con 295 % (237, en un espacio para 60).
Todo esto se combina con las precarias condiciones de salud, que se vive en las estaciones de Policía, como lo han advertido los entes de control, como la Personería, que constantemente realiza visitas a estos sitios de retención, y el cual, en un informe elaborado para la Corte Constitucional, puso en evidencia la vulneración “del derecho a la dignidad humana de las personas en situación de detención, alojadas en los centros transitorios de detención, como estaciones de policía y URI”.
La entidad señaló que, fuera de la infraestructura inadecuada y el hacinamiento, hay condiciones de insalubridad, alimento insuficiente, vulneración a “los derechos a la vida e integridad física, intimidad familiar, sexual, derecho a la educación, trabajo e inaccesibilidad al tratamiento terapéutico resocializador que debe ofrecer el régimen penitenciario y carcelario, entre otros”.
Para completar, dijo, que “la estrategia del Distrito en contra del hacinamiento no cuenta con acciones a corto plazo, que resuelvan el problema de fondo, pues a pesar de que se viene hablando de nuevas construcciones para aumentar los cupos, eso no garantiza una reclusión digna”.
Desde entonces, la Personería viene pidiendo acciones urgentes para reducir el hacinamiento; focalizar acciones que promuevan la resocialización como fin de la pena; diseñar procedimientos para separar imputados de condenados, que hoy comparten el mismo espacio, y “buscar acciones alternas a la ampliación de cupos carcelarios, ya que este objetivo representa un elevado costo al erario y siempre el esfuerzo será insuficiente”.
Todo esto lo verificará la Corte Constitucional, con sus inspecciones. Se espera, que una vez culminen las visitas, se pueda conocer un informe y la ratificación o ampliación de las órdenes del alto tribunal a las entidades responsables, para tratar de poner fin a la constante vulneración de derechos, que se vive en los centros de reclusión transitorios que operan en Bogotá.
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Por Alexánder Marín Correa
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