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El 24 de noviembre de 2021, un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la psicóloga Leily Vanegas escuchó de boca del juez 24 penal de Bogotá su condena: cuatro años de prisión por el delito de violencia intrafamiliar contra Santiago Garavito Castellanos, su expareja sentimental. La sentencia sería una más, de no ser por los detalles detrás de la historia: en un giro extraño, ella pasó de ser la víctima a ser considerada la victimaria.
El caso tiene origen el 5 de junio de 2015, cuando Garavito agredió brutalmente a Leily en vía pública, causándole sangrado y fracturas en su rostro. Lo inaudito, y de lo que se enteraría la hoy sentenciada meses después del ataque, fue que el mismo día que el agresor “barrió el piso con ella”, la denunció penalmente.
Cuentan los testigos que ese 5 de junio, tras dejarla malherida, Garavito entró a Leily bajo amenazas al conjunto donde residían, ante la mirada atónita de vigilantes y vecinos. No obstante, uno de ellos, Ulises, fue un ángel guardián, pues no permitió que el exmarido cumpliera su cometido de encerrarla en el apartamento. Lo que ocurrió después fue un caso de justicia por mano propia: los vecinos golpearon a Garavito, en señal de solidaridad y rechazo.
Al agresor finalmente lo capturó la Policía y lo llevó a Medicina Legal, en donde aseguró que las heridas que le dejó el intento de linchamiento se las había causado Leily y que esta situación era constante, pero que no había denunciado antes porque “le daba pena” por ser hombre. Estando detenido, la denunció por violencia intrafamiliar, proceso en el que un juez la halló penalmente responsable en primera instancia y que está en revisión del Tribunal de Bogotá.
Un “modus operandi”
Silenciosamente, la estrategia en la que los agresores o feminicidas en potencia responden a una denuncia con otra denuncia se esparce como pólvora en los estrados. El Espectador habló con dos organizaciones que acompañan a mujeres víctimas de violencias sobre este patrón y halló cifras que dimensionan el fenómeno.
Carolina Solano, subdirectora del área de justicia de la Corporación Sisma Mujer, dijo que desde 2016 le hacen seguimiento a esta táctica y que, desde entonces, han conocido 12 casos: en tres, las mujeres han sido condenadas; en uno, sentenciaron tanto al agresor como a la víctima, y en los demás aún no se llega a una decisión.
Por otro lado, Carolina Mendoza, abogada de la Fundación Manos Abiertas, habló de una cifra mayor: han conocido 100 casos, en los que la lentitud de la acción penal y los escenarios revictimizantes (como el relato que deben darles a terceros) son los mejores aliados para perpetuar ciclos de violencia.
Asimismo, la abogada Adriana Alquichides, especialista en derecho de familia y penal, manifestó lo complejo que es rastrear este fenómeno, pues “las instituciones atienden a las mujeres como víctimas, pero no llevan registro cuando ellas son las denunciadas”. La situación la confirma la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que reconoce dificultad para tener esas cifras.
Aun así, expresó desde su experiencia que de 60 casos por violencia intrafamiliar, en los que representó a las denunciantes, en 15 hubo contrademandas. Esto sin olvidar otras cuestionables estrategias de presión: “Los procesos de familia por la custodia de los hijos o las liquidaciones de la sociedad conyugal o patrimonial”.
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Todo esto lo sufrió Leily Vanegas. Fuera de soportar las agresiones físicas y psicológicas de Gaviria por siete años, cuando se acercó a una Comisaría de Familia a denunciar, le aconsejaron hacer terapia de pareja. Luego, en un proceso que duró casi cinco años, que terminó en sentencia en 2021, en el que el juez desestimó el peritaje psicológico forense, que arrojó la ausencia de rasgos de que fuera una maltratadora doméstica y, por el contrario, sí una víctima.
Y lo más indignante: la afirmación del togado en la sentencia, quien dijo que por la profesión de Leily (psicóloga) habría podido manipular al perito. “Su testimonio no se presenta desprevenido ni sincero, pues se teje zigzagueante sobre una narrativa que se valora impostada y que a la medida de los cuestionamientos va tratando de acomodarse, en parte explicable por la formación de la acusada como psicóloga”, rezó la sentencia.
Violencia de género, una preocupación latente
Para Carolina Solano, de Sisma Mujer, este modus operandi “es una forma de vengarse de las mujeres que no hacen lo que el hombre dice y es usado como represalia por haberlos denunciado”, y trae una consecuencia lógica: desincentiva la denuncia, pues “envía un mensaje de que la justicia es ágil para los hombres y lenta para las mujeres”.
Incluso, habló del caso de Rosa María San Martín, que conocieron en la corporación y quien está prófuga desde que conoció que la habían condenado por violencia intrafamiliar contra su exesposo. En este caso, la denuncia que interpuso contra él apenas va en indagación preliminar. Al respecto, Carolina Mendoza, de Manos Abiertas, aseguró que ante esto “muchas víctimas interpretan que el camino más fácil, económico y menos doloroso es dejar así o acceder a los caprichos del agresor”.
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Lo concreto es que la estrategia de contradenunciar mujeres que inician procesos por violencias de género es un patrón que parece dar resultados a los agresores, algo palpable con las cifras de judicialización por violencia intrafamiliar en Bogotá, en donde solo seis de las 31.108 denuncias ante la Fiscalía llegaron a condenas en 2021.
“Si a mí me preguntan, les diría a las mujeres que no denuncien, sino que se vayan lejos. La demora de las instituciones es revictimizante y costosa”, dijo Leily, quien agregó temer por su vida y la de sus hijas, tras la encarcelación de Santiago Garavito (también judicializado) y por el ensañamiento del juez de primera instancia en su contra.
Su voz, y la de muchas otras mujeres que viven este flagelo, debe ser un llamado a las instituciones para que la invitación a denunciar y “dar el primer paso” no se quede en una campaña de medios y pase a resultados concretos.
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