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La crisis en El Redentor, el centro penitenciario para adolescentes en Bogotá, es reconocida por todos. Internos, autoridades y ciudadanos admiten que este lugar, creado para la pedagogía y la resocialización de menores en líos con la justicia, se ha convertido en un sitio de inseguridad, conflictos, abusos e indisciplina, conductas hostiles que se han arraigado y normalizado entre los jóvenes.
Por ejemplo, el pasado domingo, un grupo de reclusos (todos mayores de edad) tomaron cuatro colchones, dos llantas y algunas tablas, se dirigieron a la entrada del centro y les prendieron fuego. Después intentaron huir enfrentándose a los policías con piedras y palos. Finalmente, no se presentó ninguna fuga y un joven fue remitido a un hospital por una lesión en una mano.
Para frenar esta situación, que ha sido constante, desde el pasado 1º de febrero se sumó un nuevo actor al proceso de atención a los jóvenes. Se trata del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), entidad con 51 años de experiencia en atención a menores habitantes de calle. La entidad firmó un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para asumir el control del área donde hoy permanecen los jóvenes que cumplieron su mayoría de edad bajo custodia.
Actualmente, El Redentor está divido en tres bloques: uno para mujeres, otro para menores de edad y el último para jóvenes que alcanzaron los 18 años mientras cumplían sus condenas. Estos últimos (hoy hay 42) son quienes ahora reciben la atención del Idipron. ¿Por qué solo ellos? Según la entidad, al ser la primera vez que realiza esta actividad, se debe tomar de forma seria, responsable y paulatina.
Ya tienen un plan claro para hacerlo. Lo primero por resaltar es que, con la llegada del Idipron, el Distrito deja de estar al margen de la problemática y pasa a ser corresponsable de lo que allí ocurra. Por ende, entran al ruedo diferentes instituciones, como las secretarías de Seguridad, Integración Social, Educación y Cultura, con el fin de implementar estrategias que, vistas desde diferentes ángulos, enriquezcan procesos pedagógicos.
Puntualmente, la estrategia busca crear líneas de inclusión social, para que el tiempo que estos jóvenes permanezcan en el centro no sea perdido. Si bien el director del instituto admite que El Redentor es un lugar indisciplinado, donde los muchachos no comen, no se levantan y hasta es imposible reunirlos, la idea es hacer acuerdos y crear un ambiente en el que lo pedagógico, lo creativo y lo social no sean solo palabras, sino “un camino de salvación para ellos”.
Wilfredo Grajales Rosas, director del Idipron, reconoce que la infraestructura es una de las falencias del lugar, ya que puede ser vulnerada fácilmente por los jóvenes, quienes a punta de piedra revientan bloques y derriban muros constantemente. Pero, más allá de los daños, estos actos desencadenan otras situaciones, como la de un joven que dice que por estar amenazado no puede dormir, ya que en cualquier momento sus verdugos pueden entrar por el muro.
El área de infraestructura del instituto distrital ha calculado que se requieren entre $300 millones y $1.000 millones para realizar adecuaciones. Pero la entidad hizo claridad en que el centro, tal como está, no es funcional y la verdadera solución es construir uno nuevo.
“Los jóvenes exigen una infraestructura más sólida y que aguante, no solo el uso, sino el abuso, porque meterle candela, desbaratar techos y romper muros no lo hacen ni los estudiantes más indisciplinados de un colegio”, agrega Grajales.
Otro aspecto que está siendo evaluado con el sistema judicial, según el funcionario, es qué tan conveniente resulta el hecho de que haya mayores de edad cobijados en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), cuya finalidad es impartir medidas de carácter pedagógico y brinda una serie de libertades que, a veces, son mal aprovechadas.
“Creemos que hay muchachos que ya no tienen la edad para estar en un sistema que es débil para atender problemáticas tan fuertes como las que ellos están manejando. Todos vemos que estos jóvenes no deberían seguir en el sistema, pero la ley es para cumplirla”, aseguró.
Según cifras del ICBF y la Fiscalía, entre 2006 y 2018, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes atendió a 234.689 jóvenes, de los cuales el 88,2 % fueron mujeres. El delito más común fue el hurto, seguido del tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes.
Aunque es consciente del reto y de que no existe una solución mágica, Grajales es enfático al decir que este proceso mostrará frutos en un par de años. “Más allá de los escándalos que nos van a hacer, porque seguramente habrá más incendios y problemas, esperamos que disminuyan con el tiempo. Sin duda, es un problema difícil de solucionar. Lo fácil sería no hacerlo. A la pregunta de si se pueden cambiar las actitudes sociales de estos muchachos, nuestra respuesta es sí. Creemos en ellos y sabemos que desde la disciplina y el afecto se puede brindar un modelo pedagógico de atención”, concluye el director del Idipron.
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