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Alba Riaño, vicepresidenta de la JAC El Verbenal (Ciudad Bolívar), fue víctima de un atentado en la tarde del domingo. Mientras iba para su casa le dieron dos tiros. Hoy está entre la vida y la muerte. Ella es la segunda líder social de la localidad que en menos de seis meses sufre un ataque. A finales de 2023, un grupo de delincuentes mató al líder de transportadores informales, Genrri Acero.
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Estas noticias se sienten en los hogares de otros líderes amenazados. Cada notificación de la barbarie se traduce en un vaticinio macabro, por ejemplo, para Vellanira Garzón, lideresa del barrio Dindalito (Kennedy). Ella, 24 horas antes del atentado contra Riaño, recibió un panfleto, el cual rezaba: “Si no se van lejos los vamos a quemar. Tienen 24 horas”. Con cada amenaza vuelve el miedo, pues un año atrás la intentaron matar.
El 21 de junio de 2023, tras recibir panfletos y llamadas de bandas organizadas, un vehículo “fantasma” la atropelló y la dejó en muletas. “Desde entonces tengo limitaciones de una persona con discapacidad. Nos dicen que no nos movamos de nuestras casas, pero uno tiene que salir a buscarse la vida”, explica la lideresa. En medio de sus limitaciones económicas, y sin ningún auxilio estatal, Vellanira logró sacar a sus dos hijos de la ciudad. Todavía falta que la protejan a ella, pero el proceso está envuelto en una maraña burocrática y en el silencio de las instituciones. Pese a que existe una orden de la Fiscalía a la Unidad de Protección Nacional (UPN), para que se le asigne un esquema de seguridad, lo único que tiene es un celular y un botón de pánico que le entregaron después de numerosas denuncias. “Tengo mucho miedo. Necesito salir a buscarme la vida, pero tengo temor de que otro carro pase o atenten contra mi vida”, sentencia.
En la misma situación está María Fernanda García, lideresa de Ciudad Bolívar, amenazada por un tierrero. “Me amenaza porque denuncio las intimidaciones que le hacen a los vecinos, para que no digan nada. Él se apodera de parqueaderos y hace lo que quiere, pero nadie le dice nada, porque asegura ser un paramilitar y contar con hombres armados a su mando”, cuenta.
Kennedy es la localidad donde se concentra la mayoría de líderes amenazados. Cerca de 15, según las cifras internas de la Red Distrital de Líderes Sociales, organización que encabeza Germán Murillo. En total, son 25 líderes en la ciudad amenazados. La mayoría, dice Murillo, ha solicitado esquemas de protección. Sin embargo, casi todas las peticiones están sin resolver. En el mejor de los casos, cuando se logra la asignación de un esquema, lo retiran sin explicación, e incluso bajo la sospecha de procedimientos irregulares. Prueba de esto es la denuncia de Javier Vásquez, líder del barrio Las Margaritas, en Kennedy.
Hasta hace dos días contaba con escolta asignado por la UNP, que lo cuidaba en el día. Vásquez, al igual que sus dos compañeras, tiene sobre sus hombros amenazas por denunciar a grupos dedicados al expendio de estupefacientes. Sin embargo, el sábado le notificaron que le retirarían el escolta, dado que el mismo líder lo había solicitado.
La comunicación, a la que tuvo acceso El Espectador, señala que Vásquez envió una carta en la que mostró “su inconformismo con el servicio de la Policía y que ya no quería más visitas de dicha entidad”. Evidentemente, Arías dice no haber enviado ninguna carta, por lo que apeló la decisión. La respuesta a su solicitud fue de que necesitan una “ampliación de información, es decir, una actualización de los hechos que estén vulnerando su seguridad y que los mismos se deriven en actividades atinentes a sus labores como defensor”. Mientras esto ocurre, Vásquez continuará a la merced de quienes tienen la intención de atentar contra su vida.
Violencia urbana
Detrás de las amenazas hay grupos armados, como el Tren de Aragua, e incluso las Autodefensas Gaitanistas, según consta en las firmas de los panfletos amenazantes. No obstante, como lo ha señalado la Policía en varias ocasiones, algunas bandas delincuenciales del común suplantan a otros grupos con mayor presencia criminal para amedrentar a sus víctimas. En contra vía, la Defensoría del Pueblo ha emitido dos alertas sobre presencia de disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en localidades como Ciudad Bolívar y Sumapaz.
El año pasado, seis líderes sociales fueron asesinados en Bogotá, según el reporte de víctimas emitido por la Defensoría. Si bien la capital está lejos de los epicentros de violencia nacional contra líderes, como lo son los departamentos de Cauca y Antioquia, la creciente violencia urbana en los barrios de la urbe enciende las alarmas. Germán Murillo, presidente de la Red de Líderes Sociales, dice que cada vez crecen las amenazas en contra de sus colegas. “La mayoría vienen de grupos armados, pero también de vecinos peligrosos, inconformes con la labor social de los compañeros. Las autoridades ignoran la mayoría de peticiones, y atentados como el de Riaño en Ciudad Bolívar hacen ver que pueden obrar con impunidad”.
De manera tal, que mientras el manto de mutismo burocrático y la ausencia de respuestas persistan, los líderes sociales continuarán expuestos a la cara más cruenta de una guerra sin dolientes, pero con el marcador de víctimas al alza. Es claro que las autoridades deben actuar y atender con urgencia los llamados, para que la violencia no silencie a los líderes sociales.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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