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Antes de avanzar en la investigación por un caso de abuso sexual a una niña de 12 años, ocurrido en la capital, era difícil concluir que el agresor estaba en su propia casa. La pequeña llegó a un hospital de Barrios Unidos, en compañía de su familia, solicitando una Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE).
Insistía, en sus declaraciones iniciales, que algunos estudiantes de su colegio eran los responsables de su embarazo. Cuando el ICBF activó la ruta de restablecimiento de derechos y el caso escaló a la Fiscalía de Bogotá, se descubrió lo que había detrás de este lamentable suceso. Las investigaciones dieron con el verdadero responsable: el padrastro, quien fue capturado en un parqueadero de una funeraria en Chapinero.
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Este es tan solo un ejemplo del crudo panorama para la niñez en el país y en la capital. Este 2024, Medicina Legal reportó un aumento de 371 casos más de toma de exámenes médicos por presuntos delitos sexuales contra menores a nivel nacional, comparando la cantidad de muestras tomadas entre enero y abril de 2023, con las del mismo periodo del presente año.
En todo el país se tomaron 6.406 pruebas, en los primeros cuatro meses del año. De ese total, Bogotá reportó 1.031 exámenes, cifra que sugiere que, al menos a diario, dos menores reportan ser víctimas de algún delito sexual, como el sufrido como la menor violentada por su padrastro. En este último caso, los exámenes fueron de suma importancia para lograr la judicialización de este sujeto, en un proceso que tardó más de un año en resolverse.
Era tal la presión de la niña víctima por parte de su padrastro, que su versión fue descubierta en gran medida por los mensajes de texto que cruzaba con este sujeto y permitieron a la Policía de Bogotá pedir y materializar, un año después de ocurridos los hechos, la orden de captura. Otros cuatro capturados por estos delitos correspondían a otro padrastro, un abuelo adoptivo y un profesor. Son en realidad 294 capturados este año por delitos similares en los primeros 181 días del año.
La efectividad de esclarecimiento de delitos sexuales y su judicialización, suele ser tan justa como impune. Con las pruebas suficientes, un agresor sexual pagará entre 12 y 20 años de cárcel. No obstante, la condena no podrá resarcir los años que sufrió la niña, que fue agredida y manipulada.
Para Luz Mercedes Cevallos Sánchez, Coordinadora del Programa de Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, crecer en un entorno familiar con problemáticas de abuso, negligencia o violencia, pueden aumentar el riesgo de cometerse delitos sexuales. Añade algo importante para entender la paradoja de cuando un entorno seguro, como el hogar, o el colegio, se tornan en escenarios de violencias.
La experta concuerda en que, por la mente de un abusador, “pueden influir factores psicológicos, trastornos mentales, historias de abuso, un entorno familiar disfuncional, o un parentesco con normas sociales y subculturas en las que puede haber un mayor grado de aceptación o tolerancia a este tipo de conductas inapropiadas hacia los menores de edad”.
Reconocer a posibles agresores es importante a la hora de incorporar personas en el núcleo familiar, así como darle la oportunidad a maestros de enseñar en instituciones educativas. Otro caso conocido por la SIJIN fue el de un docente que realizaba tocamientos de tipo sexual a siete de sus alumnas en un colegio en el sur de Bogotá; las víctimas oscilaban entre los 10 y 11 años. Ellas mismas relataron los actos sexuales que realizaba el sujeto con cada una de ellas en un salón de clases y los obsequios que recibían a cambio de su silencio. En algunas ocasiones las amenazaba de muerte para no ser denunciado.
En 2023, el 81,95 % (37.596) de reportes por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá, ocurrieron en las viviendas de las víctimas. 8,97 % (4.114) en establecimientos educativos y se reportaron 1.659 casos en vía pública.
“Hay un factor que es la oportunidad. El acceso a los menores, implica una cercanía para poderlos agredir, pues resulta mucho más fácil en aquellos entornos donde los niños deberían tener un entorno seguro, por eso este proceso de victimización familiar en los casos donde el agresor hace parte de ese entorno familiar o del educativo, encontramos que es un factor específicamente aprovechado por el victimario, abusando de esa relación de poder”, explicó Cevallos a El Espectador.
Hacía más acciones
Corregir el rumbo puede llevar años. Las apuestas entonces deben ser inmediatas, pero también a largo plazo. Las acciones que buscan llenar los vacíos que tienen en las rutas, “no solo tienen que estar bien escritas, también se deben cumplir. Estas rutas están cortadas. Tendremos un sistema de protección bien hecho si se integran con las demás entidades. En el caso de los niños y niñas implementaremos el Plan de Acción Distrital para la Prevención del Abuso de Niñas, Niños y Adolescentes que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo”, explicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.
La secretaría de Integración Social planea aumentar el personal de las Comisarías de Familia, entidades que se encuentran en una transición para pasar a ser parte de la dependencia de la cartera de Seguridad. Se crearán 504 nuevos cargos para atender más casos, en parte, porque el aumento de reportes de delitos sexuales crece cada año. No necesariamente porque haya más sucesos aberrantes, pero sí porque los mecanismos de denuncia se vienen a su vez fortaleciendo, dejando al descubierto que la cantidad de menores víctimas, puede ser mayor a lo medible.
“Resulta pertinente analizar si realmente estamos frente a un aumento de casos o lo que está sucediendo es que las víctimas están denunciando este tipo de conductas. Estamos en un escenario en el que las víctimas están acudiendo a nuestro sistema judicial para reportar y denunciar estos hechos, teniendo en cuenta que las consecuencias jurídico-penales, excluyen cualquier tipo de negociación”, agregó la criminóloga.
Aunado a lo anterior, Angulo argumentó que: “Esta acción permitirá avanzar en la implementación de la Ley 2126 y fortalecer el acceso a la justicia y la atención integral a víctimas de violencia en el contexto familiar, con la vinculación en la planta y la ampliación en número de equipos psicosociales, apoyo jurídico y apoyo administrativo en los despachos comisaríales. Esta ampliación cuenta con el concepto técnico emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil y, actualmente, el proceso avanza en el trámite de la viabilidad presupuestal por parte de la Dirección Distrital de Presupuesto”.
Los recursos apropiados para la creación de estos cargos encaminados al fortalecimiento de las Comisarías de Familia ascienden a la suma de $17.000 millones, que vinculará a seis personas en cargos asistenciales, 84 técnicos y 414 profesionales.
El reto de la Alcaldía es mejorar sin descanso los mecanismos de protección y prevención de violencias contra las mujeres y niñas. El reto de la sociedad, es confrontar los paradigmas que mantienen la violencia contra sexual contra mujeres y menores de edad. El trabajo tiene que ser de doble vía, con las víctimas y los victimarios, o posibles feminicidas, y sostenible en el tiempo. Como sociedad, los retos son igual de grandes y profundos, así como las heridas que quedan en la capital colombiana, con cada uno de estos casos.
A continuación, una infografía con los datos más relevantes de violencia contras niños y niñas en la capital:
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Por Juan Camilo Parra
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