Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Eran las dos de la mañana, del 5 de junio pasado. En el sector de El Paraíso, centenares de personas ya estaban descansando en sus hogares, algunos construidos con ladrillos y otros con latas y madera. La zona cerca a Bella Flor y a una de las estaciones del Transmicable, que une a las empinadas laderas de Ciudad Bolívar con la capital, por años ha sido declarada como zona de riesgo no mitigable, el cual crece en la época de lluvias. De repente, entre las viviendas empezó un fuerte ruido.
“Mi mamá se levantó, porque oía mucho ruido. Le dije a mi padrastro que sentía que se estaban metiendo los ladrones a la casa de arriba. Cuando él se paró a escuchar fue cuando se vino el deslizamiento”, cuenta Alejandra Bonilla, hija de una de las afectadas de las recientes remociones en masa en la capital, que dejó prácticamente destrozadas dos viviendas y varias más afectadas o a punto de desplomarse.
Lea también: Bogotá se une a las conmemoraciones de Acnur por el Día del Refugiado
La emergencia generó que la casa adyacente cayera sobre la casa de los Rojas, de la cual solo quedó de pie una parte, sobre algunas vigas de madera. A la hora llegaron equipos de atención de emergencias, que les dijeron que ya no podían regresar a las viviendas y les ofrecieron un bono de $700 mil, para que se reubicaran temporalmente. Sin embargo, lo rechazaron, porque consideraron que no era una solución para un problema que se ha vuelto cíclico.
En 2021 se vivió una situación similar. Hubo un deslizamiento, que afectó varias viviendas en el sector. En esa oportunidad las autoridades les pidieron que evacuaran la zona. La recomendación la aceptó la familia Rojas, que tiene 4 hijos. Ellos arrendaron una casa en el sector con su propio dinero, pero con el tiempo tuvieron que regresar, bajo una situación más precaria. En esta oportunidad, la perdieron del todo.
“Geomorfológicamente, esta ladera es un escarpe estructural de falla y presenta pendientes altas. El uso y cobertura del suelo está representado por áreas ocupadas ilegalmente y estructuras sin la adecuada cimentación; áreas abiertas con coberturas de pasto; accesos peatonales en tierra y grava, y una zona de explotación minera inactiva”, describe la Alcaldía de Ciudad Bolívar.
Los riesgos por deslizamientos, no solo en Ciudad Bolívar, sino en barrios de otras localidades del sur de la capital, se ratificaron con el derrumbe que ocurrió este miércoles 22 de junio, en el sector de Tocaimita, en Usme, donde 43 predios informales sufrieron daños y más de 60 personas resultaron afectadas.
(Lo invitamos a leer: Por temporada de lluvias aumenta probabilidades de deslizamientos en Bogotá)
Al observar los sitios donde se repiten estas emergencias tienen una particularidad: la mayoría ocurren en “urbanizaciones” irregulares, o ilegales, como lo llaman las autoridades, ocupadas por personas que no tienen otra opción. Tras la pandemia, el fenómeno de estas invasiones o conjunto de viviendas hechas de latas de zinc aumentó. Sus implicaciones y riesgos son múltiples y afloran durante la ola invernal, que según pronósticos, está lejos de dar tregua este año.
La orden de evacuación
La ola invernal en la capital del país ha sido inclemente. En lo corrido del año se han atendido más de 1.700 emergencias, de las cuales 109 han sido por deslizamientos. En Ciudad Bolívar. El año pasado, se presentaron 96. En ese sentido, en esta localidad hay más de 56 sitios en riesgo, según el último reporte oficial.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad responsable de monitorear los sitios donde se podrían y se presentan emergencias por fenómenos naturales. En los sitios donde se determina que el riesgo no es mitigable, se emiten actas de restricción del uso del suelo y de evacuación. En otras palabras, recomendaciones para que población se traslade del sitio por el peligro que representa para sus viviendas y sus vidas.
Solo este año, la entidad ha emitido 132 actas con ofertas de ayudas, que pueden o no ser aceptadas por las comunidades. La principal razón: no tienen otro lugar donde vivir. Y cuando las aceptan, por lo general esas mismas familias regresan o llegan otras a ocupar el sector. Estas situaciones son frecuentes en las laderas de las localidades de Ciudad Bolívar y Usme.
“Nosotros no somos un ente policivo. Los que tienen el control urbanístico de las localidades son las alcaldías locales. Son ellas las que tienen que tomar acciones, para que las personas no vuelvan a ubicarse en esta zona de riesgo”, asegura un funcionario del IDIGER.
El problema de la vivienda digna
Quienes ocupan las zonas de riesgo siempre son comunidades vulnerables. El peligro aumentan con cada actividad para adecuar los terrenos. Por ejemplo, según el IDIGER, la instalación de mangueras para el servicio de agua deterioran el terreno y una fuga, sumada a una fuerte temporada de lluvias, elevan la inestabilidad de los terrenos.
Sin embargo, encontrar una solución definitiva no es sencillo. La ciudad no se tiene el músculo financiero para reubicar y trasladar a todas las personas. “Nosotros tenemos, en la zona de Bella Flor, tres polígonos que son de ocupación subnormal, algunos de ellos ya fueron reasentados por las entidades, algunos hace años, otros hace cinco años, y otros hace ocho meses. Sin embargo, son muy pocos los que se han hecho recientemente”, manifestó William Pacheco, funcionario de la Alcaldía de Ciudad Bolívar.
Y a pesar de que se adelantan labores policivas para detener este fenómeno de urbanización irregular, con algunos desalojos (en 2022 han ejecutado 10 desmontes de nuevas estructuras), están ante un fenómeno casi imposible de controlar. Por esta razón, la Alcaldía local asegura que, sin una solución, el riesgo por deslizamientos sigue siendo común.
Podría interesarle: Desarticulan banda que se hacía pasar por médicos para robar a adultos mayores
Por su parte, la Caja de Vivienda Popular (CVP) es la responsable de asignar viviendas a las personas que habitan en zonas declaras de alto riesgo por el IDIGER. Sin embargo, según aseguró la entidad a este diario, la demanda es gigantesca y todos los cupos están asignados. Además, los esfuerzos se ven truncados cada vez que surge una nueva invasión.
Sin casas y sin derechos
“Nosotros no estamos pidiendo nada regalado. Lo que pedimos es nos reubiquen antes de que pueda llegar a pasar una catástrofe, que se termine con la vida de una familia. Solo pedimos la reubicación, un potrero para que puedan armar su casa y salir adelante”, aseguró Alejandra Bonilla, hija de unas las víctimas de deslizamiento en Ciudad Bolívar.
La familia interpuso una tutela contra IDIGER, la Caja de Vivienda Popular, la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, para que se garanticen sus derechos de vida digna y vivienda. La acción judicial fue aceptada por el juzgado y en los próximos días se conocerá las respuestas de las entidades.
De hecho, el sector donde habitan está en proceso de reubicación por los riesgos de las viviendas en estas laderas, proceso que se inició hace más de ocho años. Sin embargo, la familia indica que su nombre nunca ha estado en la lista de traslado, por lo que permanecieron en una tierra que aseguraron compraron y es de ellos.
Por ahora, frente a un problema de difícil solución, las autoridades locales aseguran que la emergencia se ha atendido con la entrega de apoyos alimentarios (bonos canjeables por alimentos), comida caliente, entrega de ropa, elementos de aseo personal, kits escolares, alojamiento transitorio, y transporte de emergencia Familias como los Rojas siguen en espera de una respuesta definitiva.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Fernán Fortich
Conoce más