El procurador ganó la pelea

Al final, el procurador Alejandro Ordóñez ganó la batalla. A pesar del desgaste que le causó el fallo contra el alcalde Gustavo Petro —sobre todo la inhabilidad de 15 años que le impuso—, del movimiento de “indignados” apostados en la Plaza de Bolívar, de las múltiples pullas cruzadas con el fiscal Eduardo Montealegre, entre otro largo etcétera, en última instancia Ordóñez fue quien resultó victorioso en un laberinto jurídico, político e internacional. Petro no pudo dilatar más su salida del Palacio Liévano. Ahora emprenderá una cruzada por restituir sus derechos políticos como ciudadano particular.

Tras lo acontecido con el fracaso de la llamada ‘tutelatón’ en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura, las esperanzas del destituido exmandatario de los bogotanos se cifran ahora en la Corte Constitucional. Fuentes de ese alto tribunal le confirmaron a este diario que en el estudio de la tutela de Petro muy seguramente se va a debatir si la sanción del procurador fue desproporcionada. En todo caso, dicha tutela sólo será fallada después de que la Corte le ponga punto final a la controversia sobre los alcances del poder disciplinario del procurador en relación con funcionarios elegidos por voto popular.

Como se sabe, el año pasado llegó a la Corte una demanda de inconstitucionalidad en la que un ciudadano argumentó que el poder sancionatorio del procurador iba en contravía de la Carta Política, en tanto que, de acuerdo con la Convención Americana suscrita por Colombia, sólo un juez de la República puede despojar a alguien de sus derechos políticos. La demanda fue admitida y se designó como ponente al magistrado Mauricio González. Según fuentes de la Corte, primero se falla esta demanda y, a renglón seguido, las tutelas del caso Petro. Se espera que antes de que termine junio el alto tribunal resuelva de una buena vez este entuerto.

Los abogados del alcalde interpondrán otra tutela en busca de que el Estado cumpla las medidas cautelares decretadas al filo de la medianoche del pasado martes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero el escenario no parece favorable para el hoy exmandatario. Aunque sus defensores habían dicho que no iban a interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho —justamente confiados en el pronunciamiento del organismo internacional—, al cierre de esta edición evaluaban si acudían al Consejo de Estado para que ese tribunal se pronuncie de fondo no sólo por la sanción al alcalde, sino sobre si una política pública, como el cambio del modelo de basuras, sí constituye una falta disciplinaria.

El pasado 20 de enero el presidente Santos anunció que respetaría cualquier decisión tomada por la CIDH en el caso Petro. Ayer, el exalcalde le enrostró esa promesa incumplida. “Ni siquiera Uribe se atrevió a desconocer una medida cautelar (…) Triste papel en la historia (juega el presidente Santos) sólo por un ‘pecueco’ cálculo electoral reeleccionsta”, dijo anoche. Este fue el epílogo de la cruzada internacional que iniciaron Petro y sus abogados el pasado 28 de octubre en Washington, cuando radicaron una petición para proteger sus derechos políticos, incluso antes de la primera decisión del procurador Ordóñez del pasado 9 de diciembre. Ayer, el presidente alegó que todavía Petro no había agotado todos los recursos judiciales internos.

En ese contexto, negó por primera vez unas medidas cautelares otorgadas por la OEA. En más de 12 ocasiones, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el carácter vinculante de las medidas cautelares de la CIDH. Pero en ninguno de esos casos se había objetado o desatendido la solicitud por parte del Gobierno, pues se trataba de procesos en donde estaba en riesgo la vida, la subsistencia y la protección de comunidades en peligro. Esta es la primera vez en la que se otorgan medidas cautelares en Colombia a un dirigente que no tiene amenazada su vida, pero sí las posibilidades de seguir haciendo política. Por ahora, Petro va perdiendo la batalla, pero será la Corte Interamericana la que se pronuncie al final de cuentas sobre este galimatías jurídico.

Mientras el exalcalde se baja de la campaña del NO porque ya no habrá consulta de revocatoria, y alista maletas para ir a Washington a mover su caso, al Palacio Liévano llegará el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda. Precisamente, el hombre con quien Petro y los demás integrantes del M-19 acordaron la paz en marzo de 1990.