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De los casi 2,8 millones de migrantes venezolanos que hoy viven en el país, según cifras de Migración Colombia, al menos 589.000 están en Bogotá (301.000 mujeres y 288.000 hombres). Por eso, desde que comenzó el fenómeno migratorio, el Distrito ha enfrentado desafíos para acoger a estos nuevos ciudadanos, en especial, el de garantizarles el derecho a la educación a miles de niños, niñas y adolescentes que han llegado al país. El reto no es de poca monta, en especial, si se tiene en cuenta que, de los migrantes regulares, irregulares o en proceso que viven en la capital, alrededor de 105.000 son menores, entre los 5 y los 17 años (52.349 niñas y 52.641 niños).
Pero los retos no solo han sido para las autoridades, también para los estudiantes. Así lo indica un artículo liderado por tres docentes de la Universidad Santo Tomás, que advirtieron desde 2019 que, en general (no solo Bogotá), enfrentan acceso limitado a recursos educativos adecuados, barreras lingüísticas y diferencias en los currículos escolares (Pinto, et. al. 2019), lo cual desemboca en una situación que se debe evitar: el riesgo de deserción. Estudios recientes muestran que los estudiantes migrantes suelen enfrentar tasas más altas de deserción y bajo rendimiento académico, que los estudiantes colombianos (Ospina, V. J. 2023).
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El panorama nacional lo complementa un informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la U, Javeriana, que analizó la base de datos de matrículas, del Ministerio de Educación. Ahí encontró que, entre 2022 y 2022, disminuyeron las inscripciones en educación inicial (transición disminuyó 7%), mientras que en primaria, secundaria y media aumentaron 1,2 %. A nivel nacional, el 87% de los migrantes estudian en el sector oficial, el 6% en el sector privado y 7% en modalidad contratada.
Finalmente, en Bogotá y la Región Central, aseguran, 1 de cada 3 migrantes en edad de estudiar está vinculado a una oferta educativa. “Esto demanda mayor inversión en infraestructura, especialmente en regiones con mayor concentración para garantizar la calidad y cobertura del servicio educativo”, instan los expertos de la Javeriana.
¿Y cómo está el panorama en Bogotá?
El Decreto 600 de 2023 ordenó fomentar la vinculación de la población migrante al sistema educativo, garantizar su permanencia y la terminación de los ciclos escolares. Según la Secretaría de Educación, para 2024 se matricularon 65.219 venezolanos, lo que representa 9 % del total del estudiantado en el sistema público. Y, si bien, se registraron 1.696 matrículas menos frente a las de 2023 (66.915), no se podría hablar de deserción. “La disminución es coherente con la reducción de la migración. Además, hay una disminución general en las matrículas, porque tenemos menos niños en edad escolar”, explicó la secretaria Isabel Segovia.
Y acá surge una pregunta: si Migración habla de 105.000 migrantes menores de edad y la secretaría reporta que hay 65.000 matriculados ¿dónde están los otros 40.000? Para la secretaria habría una explicación lógica: las cifras incluyen migrantes regulares, irregulares o en proceso de regularización, pero “Migración Colombia no sabe cuántos de ellos finalmente se quedaron en Bogotá. Al final del día es imposible saber si los estamos atendiendo a todos”, sentencia Segovia.
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Ómar Garzón, investigador del LEE de la U. Javeriana, respalda la afirmación de la secretaria Segovia. “Los estudiantes migrantes permanentes están en el sistema educativo, que tiene tasas de cobertura bastantes altas. Pero aquellos que son transitorios no se pueden contabilizar. Para ellos es imposible tener una tasa de cobertura. Y ahí es importante decir que el principal reto de absorción está en la educación inicial”. Ante esto, Segovia reconoce que uno de los problemas es la falta de información, por lo que las búsquedas activas de menores desescolarizados es una de las principales estrategias para llevarlos al sistema escolar.
“Puede que haya niños venezolanos sin haber accedido al sistema por estar temporalmente en la ciudad, porque no quisieron matricularse o desconocen la información. Por eso estamos los estamos buscando puerta a puerta, incluyendo los niños migrantes -que hemos encontrado- para darle información oportuna a las familias y los matriculen a tiempo. Los cupos están ahí para todos y como no hay ninguna barrera de ingreso, no tendrían por qué tener un problema para acceder”, señala Segovia.
Desafíos, muchos
De los 65.219 estudiantes venezolanos en Bogotá, se tiene que 35.038 están en primaria, 17.460 en secundaria, 5.105 en preescolar, 4.355 en media, 2.003 en aceleración (2 años en 1, por ejemplo) y 1.258 en educación por ciclos. Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar son las localidades donde mayor número de matriculados se concentran. Para el investigador Ómar Garzón, uno de los principales retos educativos para la población migrante es la convalidación, para certificar en qué grado queda el estudiante.
“En promedio, terminan quedando dos grados por debajo del que debería estar de acuerdo con su edad. Esto genera que sea más difícil manejarlos en grupos más pequeños y terminen en deserción o reprobación”. Asimismo, el Laboratorio de Economía de la Educación, identificó que, de las cifras reportadas por acoso escolar en Bogotá, la mayoría son por xenofobia hacia migrantes. Sin embargo, para la secretaria de Educación, “no es una problemática que identificamos dentro de los colegios. No por eso no atendemos los casos que, obviamente, se dan, pero son my poquitos dentro del reporte de hostigamiento que tenemos. En lo corrido de este año identificamos 40 casos”, dijo Segovia.
A pesar de que el investigador reitera que “Bogotá tiene una cobertura de educación más robusta que el resto del país”, asevera que esta puede mejorarse y adaptarse a los niños migrantes transitorios, con el fin de garantizarles ese derecho. “No hay estrategia que permita vincularlos, porque nuestro esquema educativo es rígido, es un año de formación y ellos, por ejemplo, pueden estar un mes. En Bogotá no hay una oferta para ellos. Pero hay que pensarse cómo garantizarles a esa población”, sentenció el investigador.
Desde la entidad distrital, señalaron en primer lugar que el proceso de matrícula es igual para un niño nacional y pueden acceder así no estén regularizados. “No les pedimos ningún papel a los estudiantes. Incluso ayudamos a los padres en todo lo de migración”. Y agregaron que la estrategia de acoger a menores transitorios, es invitarlos a matricularse a los colegios públicos “y haber eliminado todas las barreras de acceso”.
Desde la academia, también recomendaron fomentar alianzas con privados para proporcionar becas cómo parte de esa proyección de educación trayectoria, que garantice la continuidad del estudio luego del colegio, de la mano de posibilidades y sin obstáculos por su estatus migratorio. Sin embargo, la secretaria Isabel Segovia, indicó que esta alianza no se adelanta. Pero indicó que (como sugiere el Laboratorio de la Javeriana) “les entregamos a toda la población vulnerable unos kits escolares, alimentación gratuita. Y en la medida que vamos identificando otras problemáticas sociales, trabajamos con fundaciones o con la Secretaría de Integración Social”.
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Finalmente, frente al tema de convalidación de grados, la secretaria acotó que no les piden papeles “porque muchos llegan sin eso. Les hacemos una evaluación para ver donde los acomodamos. Los que llegan extra-edad, entran a los programas de aceleración para que no se desescolaricen”, explicó Segovia. Según Amnistía Internacional, los gobiernos deben dar la bienvenida a las personas migrantes acorde al derecho internacional de los derechos humanos, protegiéndolos, además, de toda violencia racista y xenófoba.
En Colombia, el país que más acoge refugiados y migrantes venezolanos de la región, ha supuesto un reto para las entidades territoriales que, si bien, es difícil atenderlos en su totalidad por sus dinámicas transitorias, deben fortalecerse las líneas de acción que apunten a informar el derecho a la educación que tienen los niños migrantes, independientemente de si son o no transitorios; a crear más estrategias pedagógicas en las aulas entendiendo su contexto social; y sensibilizar a los docentes para que creen espacios libres de discriminación.
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Por María Angélica García Puerto
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