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Por vencimiento de términos, un juez de garantías ordenó libertad a los coroneles de la Policías John Harvey Peña y José Javier Vivas. La Fiscalía los había acusado en febrero de 2014 por participar en la alteración de la escena del asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, de 16 años, ocurrido el 19 de agosto de 2011 en la avenida Boyacá con la calle 116, cuando el joven pintaba un mural con tres amigos.
En la época en que ocurrió el homicidio, Vivas se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y Peña como subcomandante de la Estación Suba. Según el ente investigador, ellos hicieron un «pacto de silencio» para encubrir al patrullero Alexander Alarcón, que aseguró haber disparado en defensa propia porque Becerra, supuestamente, intentó agredirlo con un arma que tenía en su poder, y que realmente habría sido plantada en el lugar de los hechos después del asesinato.
Los miembros de la Policía quisieron hacer ver que ellos no estuvieron involucrados en el operativo de encubrimiento posterior a la muerte, pero la Fiscalía sostuvo que Peña habría tenido conocimiento directo sobre cómo se conseguió el arma con la que inculparon a Becerra y sobre su traslado al lugar de los hechos. Vivas, por su parte, habría avalado el montaje que el coronel Nelson de Jesús Arévalo, también procesado, ayudó a diseñar.
A ambos oficiales se les imputaron los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, además de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, cargos que no fueron aceptados por los acusados, detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá.
Entretanto, Gustavo Trejos, padre de Becerra, había pedido a la justicia no dar a los oficiales el beneficio de la libertad, pues aseguró que han dilatado el proceso judicial. En tres años sólo se hicieron seis audiencias, debido a que, sostiene Trejos, los miembros de la Policía han aplazado el resto de citaciones.
El proceso por el asesinato lleva cuatro años en los estrados. De las trece personas capturadas, entre civiles y miembros de la Policía, sólo los patrulleros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez firmaron un preacuerdo con la Fiscalía y fueron condenados a cuatro años de prisión por los delitos de favorecimiento en homicidio, falsedad ideólogica en documento público y ocultamiento, alteración y destrucción de elemento material probatorio.
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