El tira y afloje del Plan de Desarrollo

Radicadas las tres ponencias por parte de igual número de concejales de la Comisión, es claro que mientras una de ellas (la del concejal liberal Jorge Durán Silva) propone hundir la iniciativa, las otras dos (la de la verde María Clara Name y de Severo Correa, del Partido de La U) aceptan el proyecto, pero con modificaciones al articulado. Y no son pocas. Se trata de alrededor de 200 cambios al Plan de Desarrollo que tendrán que ser aprobados por el mandatario local antes de que el Concejo entre a votar el proyecto.

La norma indica que sólo las modificaciones autorizadas por el alcalde, y por su Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), es decir, las secretarías de Hacienda y Planeación, podrán ser discutidas por la Comisión del Plan.

El panorama no pinta fácil teniendo en cuenta que entre las 200 reformas propuestas por los verdes y el Partido de La U están, principalmente, retirar del Plan todas las facultades que está pidiendo el alcalde. Por ejemplo, impedirle la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la conversión de la empresa Transmilenio S.A. en gestora de los proyectos férreos de la ciudad y la creación de las secretarías de la Mujer y de Seguridad. El Concejo retira estas propuestas para que tengan que ser presentadas por la administración a la corporación, pero en proyectos de acuerdo separados.

La ponencia de más de 80 páginas de María Clara Name señala que se deben modificar varios artículos que, en su concepto, significan una extralimitación de lo que debería ser el contenido del Plan de Desarrollo, en áreas como movilidad, seguridad, salud, vivienda, primera infancia y educación.

En concreto, la ponencia positiva con modificaciones se refiere al tranvía por la carrera 7ª que quiere hacer Petro, estableciendo que, antes de ser aprobada, la obra necesita un estudio de viabilidad, mucho más teniendo en cuenta que “su trazado sería por los edificios del Palacio de Nariño y del Congreso”.

Con respecto al cupo de endeudamiento que por $4 billones está pidiendo el alcalde, los ponentes creen que “lo prudente” es autorizar sólo lo que se va a ejecutar en el actual gobierno.

Las modificaciones siguen: en salud, hay críticas de que no se contemplen metas para la población en condición de discapacidad, y en cuanto a la primera infancia se rechaza que no haya un capítulo especial “tal y como lo establece la Ley”.

Por los pasillos del Concejo, algunos cabildantes, a manera de chiste, aseguraban que “un Plan de Desarrollo no se le niega a nadie”, pero que si bien accedían a aprobarle el proyecto al alcalde, éste también tendría que hacer concesiones con respecto a las modificaciones.

¿Y si el alcalde no acepta ninguno de los 200 cambios? La respuesta lógica sería que las bancadas de la oposición le podrían hundir la iniciativa –un gesto que sólo tiene antecedentes en la historia de la ciudad durante una de las administraciones de Antanas Mockus-. De hundirse, el Plan sería decretado por el alcalde.

Y si la historia se repite completa, los concejales demandarían el decretado Plan por considerar que el alcalde puede establecer sus metas y proyectos, pero no atribuirse facultades sin pedirle permiso a la corporación. Así, tal y como lo hicieron en la administración Mockus, una demanda que, sin embargo, se falló cuatro años después, pero a favor del mandatario.