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Las estadísticas sobre la lucha de los ciudadanos para que les garanticen su derecho a la salud indican, según la Defensoría del Pueblo, que el 24% de las tutelas en Colombia tienen ese propósito. Cada cuatro minutos se radica una. Son cifras que tienden a ser frías si no se les pone un rostro como el de Margarita Molano, quien acaba de lograr que, ante el incumplimiento de la EPS Cafesalud para suministrarle medicamentos, un juez ordenara el arresto por un día del representante legal de esa entidad, Javier Correa.
El fallo es del 28 de julio y ella se notificó la semana pasada. Aún no se ha hecho efectivo, pero lo toma como una suerte de logro en medio de una lucha en la que ha invertido diez de su 49 años.
Desde los 17 acudió a especialistas para contener su inusual aumento de peso, pero los esfuerzos médicos fueron inútiles. Sufría de apneas y requería oxígeno para llevar su vida cotidiana. “Necesitaba ayuda para vestirme, y para bajar escaleras gastaba hasta media hora por la fatiga”. Padecía obesidad mórbida.
Llegó el día en que un médico ordenó que le instalaran un bypass gástrico que le permitiera bajar de peso. Cafesalud lo negó y fue entonces cuando Margarita interpuso una tutela. En 2005 un juez falló a su favor, no sólo para que le practicaran la cirugía sino para que le garantizaran los tratamientos posteriores necesarios.
El bypass fue útil hasta cierto punto. Como efectos colaterales, comenzó a sufrir problemas gastrointestinales constantes y, producto de estos, una enfermedad bucal que requiere tratamiento odontológico.
La demora en la entrega de los medicamentos la llevó a buscar de nuevo el auxilio de la justicia: interpuso tres incidentes de desacato y no logró la atención esperada. Intentó con el cuarto y el juez, en un fallo de 2012, le advirtió de nuevo a Cafesalud que debía cumplir, pero también la regañó a ella. Le pidió abstenerse de acudir al incidente de desacato como primera opción ante la demora en la entrega de la droga y la invitó a “optar por manifestaciones de paciencia y tolerancia”.
Eso le pareció insólito, aunque lo intentó. Este año, sin embargo, ante nuevos incumplimientos y una situación económica difícil (es desempleada), presentó un nuevo incidente de desacato. Y lo logró. El 28 de julio el Juzgado 12 Penal Municipal de Bogotá determinó que la EPS ha sido negligente con el acatamiento de la orden judicial sin que haya justificación. Por eso ordena el arresto del presidente de la entidad y compulsar copias a la Fiscalía para que lo investigue.
En Cafesalud admitieron ayer los incumplimientos e informaron que gestionan el pago del dinero que la paciente ha invertido en la compra de medicamentos. “Se le informó que ya no requiere algunos”, apuntaron, “pero ella está en desacuerdo, así que se pedirá una segunda valoración en una junta médica”.
Es un triunfo agridulce para Margarita, que ha visto su derecho a la salud garantizado a punta de peleas contra el sistema. “Ellos sólo cumplen cuando ven fallos como este”.
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