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El Ministerio de Ambiente ya entregó el informe técnico que le solicitó el juez cuarto administrativo de Bogotá, en diciembre de 2019, cuando decretó las medidas cautelares sobre tres de los 34 planes parciales que integran el proyecto urbanístico Lagos de Torca, ubicado en el norte de Bogotá, como parte de un proceso judicial que busca determinar los efectos de las obras sobre la conectividad entre los cerros orientales y la reserva Thomas van der Hammen.
El estudio, en resumen, concluye que las construcciones en la zona serían viables solo si se garantiza un “área mínima para la recuperación y permanencia en la conectividad de flujos ecológicos”, lo que implica que los constructores seguramente tendrán que hacer adecuaciones en los terrenos si pretenden avanzar, tal como lo están haciendo los otros 31 planes parciales.
Este proceso judicial tiene origen en la demanda de nulidad que interpuso hace dos años la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde) contra los decretos del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ Norte) y el proyecto Lagos de Torca, al considerar que las construcciones podrían afectar “grave e irreparablemente el ecosistema” de la ciudad, ya que la zona determinada como AP-2 (entre las calles 222 a 235), también conocida como “El Tapón”, sería parte de la reserva Van der Hammen y garantizaría la conectividad con los cerros orientales. Por eso pidió anular los permisos sobre el sector.
En esta zona, sobre la que recaen las medidas, se encuentran concesionarios, el Multiparque, el Club Millonarios, entre otros predios, que forman parte del megaproyecto, en el que los privados pretenden ejecutar $4 billones en infraestructura, incluidas 90 mil viviendas, de las cuales la mitad serían de interés social y prioritario. Pese a que el pleito recae solo sobre tres de los 34 polígonos de Lagos de Torca, para el exsecretario de Planeación Andrés Ortiz, y quien concretó la iniciativa, una decisión adversa podría afectar la credibilidad y las inversiones sobre todos los planes, para los que se creó una fiducia, de donde saldrá el dinero para toda la infraestructura urbana.
La demanda fue aceptada en 2018, pero el juez administrativo apenas en diciembre pasado le pidió al Ministerio de Ambiente, como rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, realizar el estudio para determinar si los proyectos respetan o no la conectividad ecológica. Aunque tanto la Alcaldía de Bogotá como el Ministerio apelaron, argumentando que la zona no corresponde con las categorías del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, recientemente el Tribunal de Cundinamarca, desconociendo que ya estaba el informe, ratificó las medidas y le ordenó a la cartera continuar los estudios.
El informe
En el documento, el Ministerio señala que hizo el análisis de la conectividad hídrica superficial, subsuperficial, subterránea y ecológica de la zona, con base en información de Ingeominas, la CAR, el Acueducto de Bogotá, la Universidad Nacional, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio, con los cuales se determinaron como base del estudio las microcuencas entre los cerros y la Van der Hammen, así como dos tipos de grandes sistemas multiacuíferos.
Con esto se determinó que, frente a la conectividad hídrica superficial y subterránea, que va desde los cerros hacia el río Bogotá, se debe velar por el mantenimiento de los flujos y las tasas de infiltración, pues también aportan carga a los humedales de Torca y Guaymaral. La conectividad entre las reservas y el Bosque Oriental (los cerros) se da por la quebrada de Las Pilas, por lo que allí se deben realizar acciones para su recuperación estructural, que implicarían la implementación de espacios naturales o agropecuarios, que permitan los procesos ecológicos.
Por esta razón, el Ministerio determinó que dentro de las acciones para mejorar la conectividad se deberán recuperar las coberturas transformadas en la franja AP-2, de tal forma que se restablezcan las condiciones del suelo y tengan mayor funcionalidad ecológica, restablecer cada uno de los drenajes de ambas reservas y hacer el mantenimiento y la rehabilitación de las coberturas seminaturales que aún existen.
Finalmente, indica en qué lugares y entre qué nodos los deben realizar, aunque advierte que faltan estudios detallados para determinar el área mínima a ser restaurada, para que se garanticen la recuperación y la conectividad entre ambas zonas de reserva. Pese a esto, concluye que los desarrollos planteados en la franja AP-2 son compatibles con los fines de conectividad ecológica e hidrológica, como lo indica el Plan de Ordenamiento de la ciudad y las normas que establecen los parques ecológicos distritales, como zonas de protección.
Por ahora, con el informe, solo resta que el juez tome una decisión definitiva sobre las medidas cautelares, pues junto a la orden dijo además que si el estudio no comprobaba afectaciones, las levantaría. Pese a esto, el proceso de nulidad continúa, por lo que este será, al fin de cuentas, el que determine si en la zona se podrán adelantar obras o no.
Por Mónica Rivera Rueda
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