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A la Alcaldía de Chía (Cundinamarca) se le descuadró la caja para inversión para este año. Y todo por la decisión de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado 11 de marzo ordenó el embargo de las cuentas del municipio. ¿La razón?: el conflicto que libra con la constructora Haikú, que reclamó la devolución del pago de plusvalía (que declararon irregular), por la valorización del terreno donde se construyó el Centro Comercial Fontanar.
Aunque la orden de devolución estaba en firme, la administración no la cumplió. Esto motivó la medida cautelar. Las cuentas afectadas con la medida serían 20 en Bancolombia S.A., 18 en Banco de Bogotá S.A., ocho en Banco de Occidente S.A., 13 en Davivienda S.A., siete en BBVA, 14 en Banco Popular S.A., dos en AV Villas S.A., una en el Banco Agrario, tres en Fiduciaria Bogotá S.A. y dos en Fiduciaria de Occidente S.A., para un total de 88 cuantas.
Quien firmó el auto fue la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, quien ha ganado reconocimiento por varias decisiones que han levantado ampolla, por trascendentales, como la orden de recuperar el río Bogotá (que sigue en ejecución), o por la posible extralimitación de funciones como la que ordenaba a la CAR aprobar la modificación que pretendía hacer el exalcalde Enrique Peñalosa sobre la Reserva Thomas Van der Hammen o la que buscaba que suspendieran el año pasado el paro nacional. Ahora vuelve a ser noticia con el embargo de las cuentas de la alcaldía de Chía, con lo que, según en la administración, el municipio quedará sin posibilidades de ejecutar planes de inversión.
Pleito por la plusvalía en Chía
Para entender el pleito jurídico hay que remontarse al año 2000, cuando en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por el concejo de Chía se determinó que los terrenos de la conocida Hacienda Fontanar (actual ubicación del centro comercial) eran urbanizables y, de paso, considerados como generadores de plusvalía, tributo que se cobra por las ganancias adicionales que obtiene un propietario por la valorización derivada del cambio del uso del suelo.
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Para entonces no se tenía claro cuál sería el monto, hasta el 2008 cuando el Concejo Municipal expidió el acuerdo municipal No. 8, que fijó la plusvalía en 40%, motivado entonces por una orden judicial. Posteriormente, en 2010, el alcalde de Chía de aquella época expidió el decreto No. 59, que determinó el valor que finalmente debían pagar los propietarios de las tierras beneficiadas, entre ellas la Hacienda Fontanar.
Para cumplir con el decreto, en el 2012 y 2013 los dueños del lote en cuestión, llamados “Haiku Associated Inc.” y “Ganaderia Hacienda el Palmar”, hicieron dos pagos al municipio por $15.960 millones. El lío jurídico se desató en 2014, cuando los contribuyentes demandaron al municipio ante el Tribunal de Cundinamarca, por considerar el cobro como irregular.
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En primera instancia, el Tribunal falló a favor de los demandantes. “Se declara que Haiku associated Inc no está obligada al pago de la participación del efecto de plusvalía, que se fijó a los predios. Así mismo, se ordena el reintegro de los valores”, decía la decisión. El principal argumento de los magistrados fue la sentencia C-430 de 2009, en donde la Corte Constitucional manifestó que el cobro de un impuesto no puede aplicarse a hechos generadores ocurridos antes de su vigencia.
La decisión fue apelada y en 2019 el Consejo de Estado la ratificó. De paso, ordenó al municipio devolver la suma originalmente pagada por Haikú y sus socios, pero ajustada a valor presente, según el IPC. A pesar de la medida, la Administración no cumplió en su momento y a la fecha sigue en mora.
La justificación del incumplimiento fue, primero, que no había presupuesto. Y segundo, que el Gobierno Nacional expidió la resolución 385 de 2020, la cual priorizó la destinación de los recursos a la atención de la emergencia por Covid-19. “Priorizamos nuestros recursos para atender la urgencia social y de salud, sobre todo en la población menos favorecida. -tal como lo hicieron casi todas las entidades territoriales y el mismo gobierno nacional, por lo cual se hizo imposible atender esa obligación en el tiempo estipulado”, indicó el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura.
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A pesar de la justificación, lo cierto es que el Tribunal de Cundinamarca ordenó el embargo del dinero depositado en las cuentas de ahorro o corrientes del municipio, para hacer efectivo el pago. Eso sí, “teniendo en cuenta la inembargabilidad establecida en la ley y la jurisprudencia”, indicó el documento. Teniendo en cuenta el pago inicial y los cálculos para traer a valor real la deuda, se fijó como cuantía máxima de la medida un total a pagar de $31.066 millones a los demandantes.
Ante la decisión, la Administración asegura que el embargo es un golpe crítico a la estabilidad financiera del municipio y sus proyectos, “pues se necesitaría por lo menos el presupuesto de dos años para saldar la deuda”. En el 2021 el presupuesto con que contó el municipio fue de casi $20 mil millones, requiriendo mínimo $3.600 millones para su funcionamiento.
Por último, informó la administración que desde el 2020 se han realizado cerca de 11 reuniones con los demandantes para tratar de llegar a un acuerdo de pago, todas fallidas. Es por esto que la Alcaldía recurrirá a los estrados para dar solución a este problema. “Al día de hoy hemos interpuesto todas las acciones jurídicas posibles, para levantar la medida cautelar, por considerarla desproporcionada e injustificada”, aseguró el alcalde.
Los fallos de la magistrada Nelly Villamizar
La magistrada Villamizar, quien ordenó embargar las cuentas de la alcaldía de Chía, cuenta con un amplio récord de fallos que han levantado ampolla, por trascendentales o por la posible extralimitación de funciones. La última vez que estuvo bajo los reflectores de los medios fue en abril del año pasado, cuando ordenó aplazar el paro nacional.
Villamizar se dio a conocer en 2001 cuando emitió un fallo importante: la sentencia que ordena la recuperación del río Bogotá y el cual sigue vigente. A estos le han seguido otros no tan celebrados como cuando ordenó a la CAR aprobar la solicitud de recategorizar, realinderar y sustraer parte de la reserva Van de Hammen, que radicó el exalcalde Enrique Peñalosa, para poder construir varias vías y sacar adelante un proyecto ambiental, que incluía suelo urbanizable.
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Otro fue un auto que emitió en 2019, el que vinculó a los 45 concejales de Bogotá en un proceso por posible desacato, por haber tumbado el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que radicó también el exalcalde Enrique Peñalosa. En 2020 expidió un fallo que ordenó frenar la autorización de nuevos planes parciales, hasta tanto no se ajustaran los planes de ordenamiento territorial (POT), tanto en Bogotá como en los 46 municipios sobre la cuenca del río Bogotá.
Finalmente, la del año pasado, cuando ordenó aplazar el paro nacional y ahora vuelve a ser noticia con el embargo de todas las cuentas de la alcaldía de Chía, con lo que, según en la administración, quedan sin posibilidades de ejecutar planes de inversión.
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