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Con los ánimos de poner paños fríos a la calentura posprotestas del miércoles -en las que varios indígenas protagonizaron hechos de violencia contra policías y gestores de convivencia del Distrito-, la alcaldesa (e) de Bogotá, Edna Bonilla, y el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, anunciaron la instalación de un puesto de mando unificado, en conjunto con los gobiernos nacional y distrital.
El plan es poner en marcha un plan retorno y de ubicación de la población embera asentada en la capital, “cuya solución definitiva es retornar a sus sitios de origen”, aseguró Bonilla, quien agregó que mantendrá las ayudas y que revisará con las autoridades nacionales la posibilidad de adecuar un inmueble de la Sociedad de Activos Especiales como otro sitio de estancia temporal.
La Rioja, motivo de protesta
Las manifestaciones, que terminaron en disturbios, surgieron del reclamo de los indígenas por el presunto incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron con la Alcaldía en mayo de este año, para desalojar el Parque Nacional, instalarse en Unidades de Protección Integral (UPI) y luego retornar a sus territorios en los departamentos de Chocó y Risaralda.
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Según la administración, la UPI La Rioja era un lugar transitorio por 25 días, mientras se planeaba ese retorno, por petición del Gobierno Nacional. Han pasado cinco meses y aún no hay fecha clara. A raíz de esto, dicen los líderes indígenas, las casi mil personas que están allí viven hacinadas y en condiciones precarias.
Por otro lado, han sido varias las denuncias de vecinos de La Rioja, que han enviado a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, quejándose por el mal uso de las instalaciones, en donde se han visto a miembros de las comunidades en estado de alicoramiento. Así también lo muestran videos y fotografía compartidas en redes sociales.
En este lugar, según la Secretaría de Gobierno, hay 711 personas: 371 hombres y 340 mujeres. La mayoría (187) son infantes, entre los 0 y 5 años; seguidos por 151 jóvenes, entre los 18 y 28 años; luego 144 niños, entre 6 y 11 años; 107 adultos, entre 29 y 59 años; 93 adolescentes, entre 12 y 17 años; 20 adultos mayores, de más de 60 años, y nueve de los que no se tiene información.
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¿Qué planean las autoridades?
Según la Alta Consejería de Paz, entre 2020 y 2021 se han invertido $4.719 millones en componentes de atención humanitaria inmediata de la población embera y, según la Secretaría de Gobierno, $669 millones en los cuatro traslados a Chocó y Risaralda, que se han dado entre diciembre de 2021 y junio de 2022. Ante esto, la alcaldesa (e) Edna Bonilla -luego de señalar que la Alcaldía ha invertido $9.000 millones en garantizar albergues, atención humanitaria y servicios de salud, educación y alimentación para esta comunidad- anunció como principal solución poner en marcha el plan retorno y reubicación.
No obstante, para lograrlo, líderes indígenas y líderes políticos de la ciudad expresan la necesidad de hacerlo, pero con un diálogo directa con la comunidad y con enfoque diferencial. Como le dijo a El Espectador el coordinador técnico de comunidades indígenas en Bakatá, Jairo Montañez, “se necesita empezar a desarrollar un plan, para que las comunidades se restablezcan y se estabilicen social y económicamente, con un enfoque diferencial de cada comunidad. Y que haya garantías reales de participación en la construcción de políticas públicas y sean atendidos y se les garanticen sus derechos”.
Para él, lo más viable para llegar a una solución definitiva a la necesidad de la comunidad es construir de forma conjunta esas atenciones de las entidades estatales, porque “ellos conocen sus realidades y cómo resolverlas”. Por otro lado, rechazó los señalamientos de la alcaldesa Claudia López, frente a que los líderes indígenas explotaban a mujeres y a niños, y gastaban ayudas del Distrito en licor.
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Por su parte, la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas indicó que, después de varias visitas a La Rioja, hay gente que quiere retornar a sus departamentos, pero algunos líderes no los dejan. “Lo más factible es que hablen con cada uno y así se les garantice el regreso a los que quieran volver. Y a los que quieran quedarse en la ciudad, brindarles unos mínimos vitales, para que puedan insertarse en la ciudad con oportunidades”, dijo.
Lo concreto es que después de que baje el humo de la violencia, que opacó algunos reclamos válidos y dejó 32 heridos (entre indígenas, gestores, policías y civiles), el siguiente paso es revisar el problema de forma transversal.
“Reconocemos que esta es una problemática de hace muchísimos años y que se ha venido profundizando. Sabemos el esfuerzo que ha hecho la ciudad de Bogotá, pero requerimos de todas las otras instituciones también para apoyar de la mano de la entidad territorial y así dar respuesta”, afirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón.
Por eso es clave analizar las denuncias por conductas inapropiadas en la UPI La Rioja y encontrar cómo descongestionar ese lugar y garantizar condiciones dignas a largo plazo, tanto para quienes retornen como para los que quieran quedarse en la ciudad. Como lo indicó la concejal de Bogotá y lideresa indígena Ati Quigua: “Es imposible resolver las violencias históricas en un período de gobierno, por lo que es fundamental reformular las políticas públicas de diversidad étnica, en cuanto a presupuesto, estructura institucional, enfoque de género y víctimas del conflicto armado”. Los diálogos están en marcha.
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