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Vivir en el Parque Nacional no solo deja una secuela en la historia de la población indígena emberá, que desde hace años ha exigido por vías de hecho condiciones dignas de vida, sino también una lección de reparación, que comienza con la operación de retorno de 325 familias, que ayer salieron en buses desde Bogotá con rumbo a Pueblo Rico (Risaralda), y a Bagadó y Tadó (Chocó).
A las 3:00 a.m. del domingo comenzó el desmonte de las estructuras improvisadas, con bolsas y palos, que desde el 26 de octubre del 2023 sirvieron como techo para 844 indígenas (278 niños), cifra que fue creciendo con los meses. A las 8:00 a.m. ya todas las familias tenían todas sus pertenencias listas y guardadas en los nueve camiones que dispuso la Nación, los cuales partieron sobre la 1:00 de la tarde rumbo a Risaralda.
Las imágenes de este retorno no son nuevas y tienen eco en el retorno de 2021, año en el que otro grupo de indígenas, que se asentó ocho meses en el parque, regresó a su territorio. Como en aquella ocasión, con compromisos de lado y lado, de nuevo el parque quedó desocupado, pero con la huella de un entorno público, que pasó de ser símbolo liberal a ícono de la fractura y la deuda histórica que tiene el país con los pueblos ancestrales. “Es un día histórico. Será un retorno con garantías dignas”, dijo Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas.
Operación retorno
El olor a leña quemada se filtró por última vez en el parque, donde la población indígena no escondía su entusiasmo. “Como líderes estamos contentos, nos sentimos con mucho honor. Las entidades han sido, hasta el momento, competentes. Vemos que nos vamos con garantías”, dijo Miguel Ángel Sintúa, líder emberá, a El Espectador, quien celebra un retorno que se concreta después de 12 intentos fallidos de diálogo. En total, 684 indígenas emberá vuelven a sus cabildos, mientras que 140 familias se quedarán en albergues temporales de Bogotá, a la espera de una reubicación en otras zonas del país, en predios que habilitará la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Solo 30 personas decidieron integrarse al tejido social de la capital.
El viaje es largo. El plan es llegar en horas de la mañana al departamento de Risaralda. Sin embargo, en el camino las familias se irán quedando en diferentes poblaciones. El primer grupo, de 58 familias, se quedará en diversas localidades de Pueblo Rico, como Chiifa, donde se quedan 12 familias, y Dokabú, a donde llegarán 19. En Paparidó se quedan 3 familias más y en Santa Marta, 6. Un segundo grupo, conformado por 146 familias, se dirigirá principalmente a Cascajero, donde se quedarán 83 familias. Otras se distribuirán en localidades como Irakal, Pescadito, Río Colorado, Pasaguedá, Conondo y Alto Moindó. El tercer grupo, de 58 familias, llegará a territorios como Oscordó, Las Torres y Arenales.
Garantías, compromisos
Llegar al acuerdo no fue fácil, como lo cuenta Ómar Fernández, funcionario de la Unidad para las Víctimas. “En el Parque Nacional hay tres grupos emberá katío, con liderazgos distintos. Fue lograr acuerdos con cada grupo y luego sintonizarlos. Lo más importante fue hacer concertaciones alrededor de lo que ellos piden. La clave de este retorno es lo que se haga allá”, indicó a este diario, sosteniendo las tres carpetas de pactos, que recibió cada uno de los líderes.
Para romper el patrón de retornos fallidos, esta operación articula a siete entidades como la secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la SAE, el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Educación, entre otras, que se asegurarán de cumplirle a la población. “Los compromisos de la Nación tienen que ver con vivienda, educación, salud, proyectos productivos y agricultura. La Alcaldía de Bogotá se ha comprometido con algunas fases del retorno y con el bienestar del pueblo emberá en su conjunto. Por su parte, esta comunidad también se ha comprometido a mantener el retorno, en llevar a cabo los procesos productivos, ya que la mayoría tienen vocación agrícola. Esto es un restablecimiento de derechos fundamentales”, aclaró Solano.
Entre los compromisos, el Gobierno y el Distrito asumirán transferencias económicas para asegurar la sostenibilidad del retorno. Se realizarán siete giros de hasta $754.000 hasta septiembre de 2025 para las familias que regresan a los territorios, una novedad que posibilitó el acuerdo final. Las transferencias las asumirá la secretaría de Integración Social, para una parte de la población, y otras estarán a cargo de la Nación.
“Para la inclusión financiera, cambiamos la regulación de nuestra plataforma Ingreso Mínimo Garantizado, por medio de un decreto que firmó el alcalde Carlos Fernando Galán, para poder hacer transferencias por emergencia o fuerza mayor. Mañana, cuando se les entregue a 163 jefes hogar la primera transferencia, será la primera de este tipo. En octubre viene otra transferencia para los que sigan cumpliendo las condiciones de retorno. De ahí se harán cada dos meses”, explicó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.
Nuevo comienzo
Después de algunas fogatas, una actividad espiritual y una extenuante jornada de limpieza, de la que salieron al menos diez camiones de basura, la comunidad se despidió del parque. La huella es innegable en la vegetación de la zona y el Distrito, de la mano de la Secretaría de Ambiente, la UAESPS y la Defensoría del Espacio Público, tardará al menos tres meses en rehabilitarlo. Queda también la sombra de la vulneración de derechos que se denunció allí durante los 11 meses. Al menos 40 menores fueron cobijados con medidas de protección. “Tres niños murieron y un adulto mayor falleció hace poco, vivir aquí no fue nada fácil para nosotros. Hoy estamos contentos de volver a nuestros territorios”, relató Fabio Arias, otro líder emberá.
Lo cierto es que el camino apenas comienza para resarcir a esta comunidad ancestral, que se vio atrapada en la jungla de concreto. En Bogotá queda mucho por hacer: el diagnóstico de agosto de la Unidad para las Víctimas dice que hay cerca de 2.221 personas de la comunidad Emberá en los albergues La Rioja (241 hogares con 576 personas), La Florida (244 hogares con 629 personas) y El Buen Samaritano (60). Se estima que el 56,3 % (1.251 personas) de la población son niños y niñas.
Con el retorno solo empiezan los procesos de resocialización y acompañamiento a esta población víctima del conflicto armado. La SAE habilitará predios en regiones seguras para las familias que temporalmente serán reubicadas en Bogotá y el acompañamiento será clave para la no repetición de un conflicto cuya huella histórica quedará por mucho tiempo en el Parque Nacional.
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Por Juan Camilo Parra
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