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Cuando Alberto*, hoy mayor de edad, entró al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, tenía 17 años. Su sanción fue por 12 meses y la terminó de cumplir en diciembre de 2024. Tiene una voz tranquila y amable. Es el segundo de tres hijos, pero se crio con su tía a quien llama mamá, en una casa de Usme. Su infancia la recuerda como un niño independiente que debía cuidarse solo, mientras ella trabajaba. Tal vez por eso no le gustaba estar tanto en casa y si más en la calle. “Yo me la pasaba jugando fútbol”, recuerda.
Aunque en el colegio académicamente se destacaba, cuenta que a los 14 años empezó a tener problemas por su comportamiento. “Me la pasaba peleando o era muy hiperactivo. Quería estar molestando todo el tiempo”. Por eso, pasó hasta por cinco instituciones educativas distritales. Su error, como prefiere nombrarlo, inició con el consumo de sustancias psicoactivas, llevándolo poco a poco a perder interés en su vida cotidiana. “Ya no me importaba el colegio. Peleaba mucho con mi familia. Y me la pasaba en la calle”. Ahí empezó sus problemas con la Ley.
Antes de cumplir su sanción, fue ingresado a la Fundación Luis Amigó en Cajicá. Al principio, aseguró que le costó aceptar que necesitaba ayuda. “Fue llegar a compartir camas y con niños que venían de muchos contextos. Además que mi mamá me visitaba y se tenía que ir. Eso fue duro”. Cinco meses después, inició su proceso de resocialización en los Centros Forjar del Distrito donde cumplió con la prestación de servicios sociales en barrios de la ciudad, talleres y la asistencia a clases para terminar su colegio. “Cada vez que yo iba, tomaban las riendas de mi camino y las ponían derechas. Esa gente me cambió la vida muchísimo”.
Para él, un acompañamiento psicológico, de trabajo social y educativo, fue fundamental para darse cuenta que sí necesitaba un apoyo. Pues a pesar de tenerlo todo, le faltó lo más importante: el amor de una familia. Ese sentimiento que, explica, puede llevar a otros a cometer errores como él. “Me faltó que estuvieran aconsejándome o simplemente preguntarme ¿cómo me estaba yendo en el colegio?”.
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Por eso, ahora Alberto* mira un momento en su pasado para darse cuenta que luego de un proceso psicosocial, el futuro es más claro. Quiere ser psicólogo criminal para entender “porque las personas reaccionan así por su pasado” y ayudar a otros como cuando él lo necesitó”. Su camino inicia en un trabajo con la Fundación Mi Historia y quiere ser el vivo ejemplo de que los jóvenes infractores sí merecen una segunda oportunidad para aportar a construir una mejor sociedad.
Afianzar la justicia restaurativa
Con el intento de homicidio al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe, a manos de un niño sicario de 15 años, las voces sobre reformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), salieron en marea. La representante a la Cámara por el Partido Liberal, Piedad Correal, anunció la radicación de un proyecto de Ley el próximo 20 de julio, para rebajar la edad penal en el país de 18 a 14 años. “No más homicidios y terrorismo cometidos por menores de edad en este país”, sentenció.
Pero, ¿es viable? Para la abogada Silvia Serrano, experta en derecho internacional, esto viola los tratados internacionales que firmó Colombia. “Elementos como recibir un trato especializado respecto de la excepcionalidad de la detención, las garantías del debido proceso, el derecho de defensa, las autoridades competentes, las penas, su ejecución o el componente restaurativo que debe preponderar sobre el punitivo, deben aplicarse de manera diferenciada cuando se trata de adolescentes”.
No obstante, el plan de la parlamentaria choca con la reforma que el Ministerio de Justicia y el ICBF radicaron el pasado 2 de abril. Argumentando limitaciones al momento de responder a las necesidades específicas de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, el Gobierno Nacional busca fortalecer principios como la desjudicialización, la justicia restaurativa y terapéutica, y el uso limitado de sanciones privativas de la libertad, como herramientas fundamentales para la inclusión social.
“Implementar la justicia restaurativa facilita la reintegración, garantiza los derechos de las víctimas de los delitos y reduce la reincidencia, ya que permite al adolescente comprender el impacto de sus acciones y asumir compromisos de reparación concretos”, destacó el Ministerio.
Según el Boletín Estadístico Dirección de Protección del ICBF, con corte a febrero de 2025, 933 menores ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Bogotá es la región con más casos (154), seguido del Valle del Cauca (148) y Antioquia (127). Respecto al total, el 88% de los que ingresaron son hombres y el 12% mujeres, entre los 14 y 17 años. La mayoría cometieron hurtos (253), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (154), fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (72) y violencia intrafamiliar (68).
Frente a la modalidad de sanciones, 1.817 adolescentes están en libertad asistida o vigilada; 1.655 en un Centro de Atención Especializado; y 697 en una internación media semicerrada.
La empatía, la clave en la comprensión
“Poco antes de la muerte de Kokoriko, le pregunté si era cierto que el primer muerto lo atormenta por las noches. Pero su respuesta me dejó atónito: ‘A mí no me ha pasado eso nunca. Ni miedo ni pesar ni culpa, ni una mierda, yo estoy seguro que he sido matón desde siempre (…) Ahora, es extraño notar que todos lo teníamos más como una herramienta útil para nuestros propósitos, pero nunca como una persona: sus jefes lo veían como un arma supremamente letal, nosotros, sus amigos, como un escudo protector, pero nadie indagó sobre sus sentires”.
Este es un fragmento del libro ‘La Cuadra Times’, del escritor y ganador de esa novela, Gilmer Mesa, que narra como el barrio Aranjuez, en la Medellín de los años 90, se convirtió en la base de Los Priscos, un brazo armado de Pablo Escobar y en el que participó Kokoriko desde niño y al que su propio ‘combo’ lo asesinó.
Cómo él, otros jóvenes fueron arrastrados a acciones delincuenciales ligadas a múltiples condiciones socioeconómicas precarias o hasta una satisfacción de reconocimiento y legitimidad social mediante el uso de la fuerza. Todo esto y más hace que el menor infractor también se convierta en una víctima por poco que resuene. Incluso así lo dice la Ley 1098 de 2006. De ahí parte la importancia de una justicia restaurativa que pretende identificar los factores personales y de su entorno que lo llevaron a ejecutar esa acción con daño.
“Hay que recordar que el cerebro de un adolescente está a penas formándose. El proceso de maduración del núcleo frontal, que es donde tenemos la posibilidad de la reflexión, de la producción al futuro o de comprender las consecuencias de los actos, termina su proceso de maduración sobre los 22 o 25 años. Entonces esta justicia va a ir dotando de herramientas incluso cognitivas que les permitan empezar cada vez más a superar mejor sus actos”, explica Iván Arturo Torres, director de Responsabilidad Penal Adolescente en la Secretaría de la Seguridad.
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Para lograrlo, una de las claves está en la construcción de la empatía. En sociedades con conflictos violentos prolongados y crónicos, como en el caso colombiano o de Ruanda, en África, esta capacidad junto a la disposición a la reconciliación social, han demostrado ser una condición previa para cualquier tratamiento y la implementación de alguna política de resocialización juvenil (Prieto-Ursúa et al., 2019). Pues criminólogos han establecido que la falta de empatía, una cognición social deficiente, la ausencia de culpa, la falta de inteligencia emocional, la carencia de toma de perspectiva y el razonamiento moral débil, tienen también relevancia al momento de explicar las causas del delito cometido por agresores juveniles.
Hay resultados alentadores
En 2023, el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo de Medellín, realizó un estudio para medir que tanto la empatía incide en los procesos de reconciliación socioemocional en 171 jóvenes entre 15 y 23 años, judicializados con medida privativa de la libertad por incurrir en delitos de homicidio, feminicidio, abuso sexual, delitos contra la integridad (como hurto calificado y agravado, extorsión, secuestro, violencia física), fabricación, tráfico y uso de armas, municiones, explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas y consumo, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Los resultados son favorables. Cualitativamente, la empatía cognitiva (comprender los sentimientos del otro) mostró una puntuación más alta que la empatía afectiva (sentir las emociones del otro como propias), para reducir patrones irracionales que influyen negativamente en el comportamiento (distorsiones cognitivas). “El logro de una percepción más humanizada de las personas en la sociedad ayuda significativamente en la reducción del delito”, insta el estudio para diseñar estrategias de acompañamiento psicosocial y de psicoeducación que promocionen la empatía cognitiva, el perdón, la compasión y las emociones positivas en los procesos de resocialización social.
Desde el Distrito, con el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, que entre 2020 y 2024 atendió por remisión de las autoridades del SRPA a 13.423 personas logrando una tasa de solo 5% de reincidencia frente al 20% de quienes quedan privados de su libertad en un Centro de Atención Especializada, están al tanto del proceso penal contra el joven de 15 años que disparó contra el político Miguel Uribe, para de ser posible, sugerir que mientras pasa el internamiento preventivo lo remitan a este programa. Y dependiendo de la decisión del juez, saber cuál sería la mejor forma de intervenir.
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“La Fiscalía tiene la posibilidad de usar un principio de oportunidad para no inculparlo y comprometerlo a un programa de justicia restaurativa. Si no sucede, el juez puede ordenar enviarlo a El Redentor, pero de manera concomitante enviarlo a ese programa. Eso también nos daría la posibilidad de ver cómo está su capacidad de empatía y reflexión e intervenir para ayudarle a comprender el daño que hizo, generar una acción de reparo y principalmente, que tome distancia del mundo del delito”, concluye Iván Torres.
La reforma al SRPA avanza en medio de una tormenta de opiniones. Sin embargo, Colombia adquirió compromisos internacionales para continuar el rumbo de una justicia restaurativa que repare su ausencia estatal a los más vulnerables. Y para lograrlo, tiene la oportunidad de revisar y evaluar los modelos de atención que apunten a construir esa capacidad de empatía necesaria para la reconciliación social.
*El nombre fue cambiado por seguridad
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Por María Angélica García Puerto
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