En Bogotá, 22% de usuarios del transporte masivo son estudiantes

La muerte de los dos jóvenes que la semana pasada fueron arrollados por un articulado de Transmilenio abrió la puerta a varios debates. Por un lado, persiste la discusión acerca del nivel de control de autoridades, tanto en el colegio como en el sistema de transporte masivo (en los medios de comunicación han circulado denuncias sobre la permisividad de los policías auxiliares de la estación a la hora de dejar colar a los estudiantes). Por el otro, está la polémica acerca de la inclusión de un subsidio de transporte para los colegiales, entre otras personas.

Si bien el viernes pasado el padre de uno de los dos menores atropellados (que se suicidó el fin de semana) aseguró que a su hijo no le faltaba dinero, y que entre sus pertenencias se encontraron $4.000 y una tarjeta de Transmilenio, resulta llamativo que una ciudad con casi ocho millones de habitantes, en la cual la Administración Distrital se enorgullece de proveer educación gratuita para todos los jóvenes de la capital, no exista una tarifa diferencial para el sistema de transporte.

La Secretaría de Educación ofrece un subsidio de transporte mensual, por valor de $65 mil, para estudiantes menores de 19 años de colegios distritales, de los grados octavo, noveno y décimo, que vivan a más de dos kilómetros del centro educativo en el que estén matriculados. El subsidio beneficia a 14.420 escolares.

Este hecho resalta aún más teniendo en cuenta el advenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el cual, entre varias otras cosas, le apunta a unificar el recaudo de los distintos modos de transporte: un solo pago para Transmilenio, transporte colectivo y, eventualmente, para el metro.

Ciudades como Buenos Aires, Quito o Santiago de Chile ofrecen tarifas preferenciales para sus estudiantes, además de otros usuarios, como adultos mayores de 65 años o discapacitados. Los modelos de financiación de la tarifa son diferentes, pero todos garantizan una reducción del costo del pasaje para este tipo de beneficiarios.

En Bogotá, según cifras de Transmilenio, el 22% de los pasajeros de este sistema son estudiantes, cerca de 300 mil al día. Con este panorama en mente se han presentado al menos dos iniciativas en el Concejo para lograr una tarifa diferencial para este público (estudiantes menores de 26 años, personas mayores de 65 años y discapacitados). Ninguna de las dos ha surtido efecto, sin importar que, en el caso de la tercera edad, incluso exista una ley que estipula los descuentos para estas personas (Artículo 5° Ley 1171 de 2007). El año pasado, la bancada del Polo Democrático, en cabeza de Carlos Vicente de Roux y Jaime Caicedo, presentó un proyecto de acuerdo cuyo objeto era incorporar una tarifa diferencial en SITP, cuyo descuento no podía ser inferior al 40%.

“El proyecto se hundió luego de una ponencia negativa. Lo que llama la atención es que en estos días sí se esté hablando de nuevo del tema, cuando ya se había intentado hacerlo el año pasado”, afirmó De Roux. La ponencia negativa fue del concejal de la U Orlando Parada, quien en ese momento dijo que no había recursos para financiar esta iniciativa, además de resaltar la ausencia, para ese entonces, de una respuesta por parte de la Administración al proyecto y que por estas razones, entre otras, concluyó en abril del año pasado: “…que el proyecto de acuerdo no es viable, máximo que este tipo de proyectos sólo podrán ser dictados a iniciativa del Alcalde”.

De acuerdo con De Roux, el impacto fiscal de la tarifa diferencial no es alto y puede ser asumido mediante una serie de alternativas, desde subsidios cruzados (un estrato subsidia a otro) hasta que el gasto sea financiado con recursos públicos, algo que no resulta muy cuantioso, según el concejal.

En su momento, la Secretaría de Movilidad conceptuó que “la tarifa diferencial impacta negativamente al grupo más grande de usuarios. En Bogotá, los estratos dos y tres son los mayores usuarios del transporte público. Cualquier subsidio que se adopte tendrá que absorberse a través de una mayor tarifa para tales grupos socioeconómicos. Un subsidio que se base en la estratificación socioeconómica exige, para evitar el fraude, la constitución de un modelo de control que puede llegar a ser tan costoso como el riesgo de fraude”.

Sin embargo, la Secretaría también explicó: “El aporte al subsidio de los estratos cuatro, cinco y seis, quienes tienen capacidad de pago, será prácticamente nulo, pues en general no usan el servicio público de transporte (12,72% de los usuarios)”.

Lo cierto es que, mientras los argumentos vuelan de un lado y otro, la ciudad sigue sin contar con una tarifa preferencial para las poblaciones más vulnerables, como sucede en otras grandes ciudades sin que los sistemas de transporte colapsen o sean inviables.