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En concreto plan zonal del norte

Mientras la Alcaldía estudia los pros y los contras del decreto que lo legalizaría, los ambientalistas se oponen a él.

16 de junio de 2009 – 05:33 p. m.

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Según Óscar Molina, secretario distrital de Planeación, para el año 2030 el norte de Bogotá estará totalmente revolucionado y mucho más poblado de lo que se encuentra actualmente. El Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (POZ) de la calle 193 hasta los límites con Chía y Cota, contempla dentro de sus proyecciones urbanas un área de 2.018 hectáreas para extender los confines de la ciudad. De esa área, 837 hectáreas se destinarían  a la construcción de viviendas y estructuras en general.

Además, según anunció Molina en entrevista con este diario el pasado 1° de junio, desde la calle 201 hasta la 222, y desde la carrera séptima hasta Guaymaral, se abrirá espacio el Parque Metropolitano que cruzaría el área en sentido oriente-occidente. “El objetivo del corredor ecológico es proteger el único humedal que hay en la zona y los cuerpos de agua que son dignos de mantenerse y de rescatarse. En estas áreas por ningún motivo debe haber urbanismo y construcción”.

No obstante, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, en cabeza de su director Gerardo Ardila, y un grupo de expertos en medio ambiente agrupados bajo el nombre de Sabana cómo vamos y del que forman parte los ex ministros del Medio Ambiente Juan Mayr y Manuel Rodríguez Becerra y la presidenta del Ornato de Bogotá, Elsa Koppel, tienen varias objeciones a los planes de ordenamiento del Distrito y su experiencia en este tipo de temas.

Consideran que con el plan trazado estaría en peligro el corredor ecológico que conecta a los cerros con el valle aluvial del río Bogotá, pues su ancho mínimo debe ser de 800 metros en todo su recorrido (según resoluciones establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2000)  y algunos terrenos destinados a la urbanización del la zona norte obligan a que en ciertos puntos la distancia no se cumpla y se interrumpa la conexión entre los ecosistemas. También advierten sobre un posible efecto negativo en el humedal de Torca-Guaymaral, más aún cuando se baraja la posibilidad de efectuar una ampliación de la Autopista Norte.

Dentro de las discrepancias con el POZ, Gerardo Ardila también señala que en los sectores de Mudela del Río y El Bosque, muy cerca a Chía, sería ampliada la densidad máxima permitida de cuatro viviendas por hectárea a 40. Sumado a esto, y en contraposición con lo declarado por el secretario Molina cuando aseguró que uno de los beneficios del Plan sería un apoyo a “la inclusión social mediante proyectos urbanísticos que unan a los estratos altos con la población vulnerable”, los miembros de Sabana cómo vamos exigen que en por lo menos 50% de esas 837 hectáreas destinadas al desarrollo se construyan viviendas de interés prioritario, de un precio menor a 70 salarios mínimos,  y no viviendas de interés social (de un precio comprendido entre 70 y 135 salarios), como aparece estipulado en el plan.

Para Ardila resulta extraño que el Distrito argumente que no es posible construir viviendas de interés prioritario por los altos precios del suelo aún cuando se hable de instrumentos legales para controlar los precios de los predios. “Pareciera como si se quisieran favorecer los intereses inmobiliarios de los propietarios de los terrenos”.

Frente al tema, Óscar Molina ya había hecho el anuncio oficial: en 3’642.000 metros cuadrados se van a construir 62 mil viviendas, de las cuales, 24.483 van a ser de interés social, ubicadas desde la calle 191 (Tibabita) hasta la 200, desde la carrera séptima hasta la cercanía de la Autopista Norte”.

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