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Luego de que el concejal Humberto Amin revelara el concepto jurídico que le solicitó la Empresa Metro de Bogotá a la firma Fajardo Abogados, se conoció que el documento señala que “no resulta jurídicamente viable la modificación de la tipología del metro que se encuentra definida dentro del contrato de concesión No. 163 de 2019″, es decir, que el cambio que ha pedido el presidente Gustavo Petro, de pasar el tramo elevado a subterráneo de la calle primera a la 72 con avenida Caracas, no es posible jurídicamente, de acuerdo con ese informe.
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Tras la revelación de ese documento, el futuro de la primera línea del metro vuelve a estar en discusión, esto después de que el concepto jurídico que había solicitado por su parte Petro a la firma del exconsejero Enrique Gil Botero, saliera a su favor, señalando que es “viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”.
Asimismo, ese cambio que tanto ha pedido el presidente sería “necesario y determinante”, así lo indica el documento de Gil, ya que tiene en cuenta los inconvenientes que se podrían ocasionar en los predios aledaños al proyecto, lo cual, traería “graves afectaciones”, asimismo, que “(…) la realización de estudios serios y profundos sobre el particular dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea”.
Sin embargo, hoy el debate vuelve a abrirse tras conocerse el nuevo concepto que solicitó la Empresa Metro. De acuerdo con Amin, del Centro Democrático, “no es posible modificar el contrato firmado para la primera línea del metro de Bogotá, incluso el pasado 13 de febrero fui yo hice pública que la Empresa Metro había pedido un concepto para saber si era viable o no pasarlo de elevado a subterráneo”.
Para él, la firma Fajardo Abogados, recalca que en un documento de 300 páginas los pliegos y el contrato se estructuraron para un metro elevado “que son ley para las partes y de lo contrario podríamos estar incluso en diferentes responsabilidades de tipo penal, fiscal y disciplinaria. Por eso yo le pido a la alcaldesa Claudia López, sentarse con el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y hacerle entender que el metro tiene que continuar tal y como está, y que por fin sea una realidad para los bogotanos”, señaló el concejal.
Por su parte, la concejala Diana Diago, también del Centro Democrático, afirma que el concepto jurídico emitido, que se conoció hoy, es una “garantía y una ganancia para todos los bogotanos que tanto han añorado tener un metro luego de discusiones de hace 70 años aproximadamente y falsas esperanzas de distintos alcaldes”.
Para ella, por fin el metro es una realidad, y lo que quiere hacer Petro es “truncar el sueño de los bogotanos. Por eso vamos a poder avanzar en esta obra tan importante. El metro no puede seguir siendo un juguete, ni de discursos ni por egos”, agregó Diago, quien recalca que las discusiones sobre la obra no deben generar más retrasos y sobrecostos.
Por su parte, Diego Cancino, de Alianza Verde, compartió que la respuesta de la Empresa Metro es preocupante, ya que “no sabemos si obedece también a unos intereses subordinados al alimentador elevado. Muchos abogados y abogadas, lo que han mostrado basados en la ley 80 es que el contrato se puede modificar cuando está afectando o se paraliza un servicio público, y estamos ante una situación donde Transmilenio se verá afectado en la Caracas”, agregó.
Cancino señala que el avance de la obra no se va a perder y compara la situación con la de Opain en el Aeropuerto El Dorado, en donde “modificaron el contrato, y tenemos evidencia y razones jurídicas para pensar que el contrato sí se puede modificar. Nos preocupa que la argumentación de la Empresa Metro esté atada a los intereses del alimentador elevado”, recalca el concejal.
Álvaro Acevedo, concejal del Partido Liberal, comparte que el metro elevado fue contratado con recursos del Distrito, de la Nación y de la Banca Internacional, por lo tanto, no cree que se le “puede cambiar el objeto a este contrato y entrar a hablar de un metro subterráneo, eso no es posible porque ya hay una serie de contratos que respetar y ante todo que genera una confianza de inversionistas”.
“Ya vamos a superar el 20% del de la construcción del metro y dejarlo como está es pertinente, es legal, lo demás generaría una serie de perjuicios y demandas contra el Estado y ¿quién pagaría eso? ¿Los impuestos de los ciudadanos?”, recalcó el concejal.
De acuerdo con la concejala María Fernanda Rojas, de Alianza Verde, la única manera de resolver el futuro de la primera línea y no estar “cada semana al vaivén de una nueva información y de una nueva diferencia, es que se tomen esos conceptos jurídicos, también los conceptos técnicos que han enviado los contratistas hace ya varias semanas y se sienten el presidente y la alcaldesa y no se paren hasta que tomen una decisión”.
Rojas señala que esta decisión debe ser la más favorable para la ciudad, para que ningún proyecto tenga el riesgo de detenerse.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una mesa jurídica para la otra semana, entre el Distrito, el Gobierno Nacional y la Empresa Metro, en el que se revisen los distintos conceptos jurídicos y se analicen con detalle. Asimismo, hizo un llamado a los bogotanos, señalando que pueden “tener la plena tranquilidad de que su metro se está haciendo, va avanzando y no se está parando. La primera línea del metro avanza”.
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Por Sara Caicedo
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