¿En manos de quién está el futuro de Doña Juana?

El documento ratifica el fallo que en marzo pasado expidió la Procuraduría, en donde concluye que la CAR no tenía competencias para vigilar los rellenos sanitarios del departamento, debido a un posible conflicto de intereses, ya que la corporación es dueña del predio donde se ubica el botadero Mondoñedo Nuevo. A pesar de que la CAR aseguró que nunca había devengado recurso alguno del relleno, debido a que en medio de una emergencia fue cedido en comodato a la Gobernación de Cundinamarca, el ente de control no les dio validez a sus explicaciones.

Con esta nueva resolución del Ministerio se le suman responsabilidades a la ANLA, ya que no solo debe hacerse cargo de lo que pasa en Doña Juana, sino de todas las actividades externas que estén involucradas con la disposición de residuos, ya que, según el Ministerio, el relleno presenta una grave situación que requiere “un manejo integral del proyecto”.

Por ello, de acuerdo con Juan Camilo Ferrer, director (encargado) de la CAR, el Ministerio le solicitó a la entidad departamental información relacionada con “los trámites ambientales correspondientes a las zonas ubicadas fuera del área licenciada, así como la medida preventiva impuesta el 16 de julio de 2018 por la ANLA en este sector”.

Esta medida fue interpuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para suspender inmediatamente las actividades de aprovechamiento forestal y adecuación en el área conocida como “Biosólidos”, que se encuentra en el norte del proyecto Doña Juana VIII, debido a que no se estaba cumpliendo con las medidas que señala la licencia ambiental.

En busca del cambio

Luego de que la CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable) autorizara un aumento en la tarifa que se le debe pagar al operador del relleno CGR, por cada tonelada que llegue a la zona de disposición, el Distrito espera que se logre la construcción de la planta de lixiviados, el mantenimiento de las vías que llevan al relleno y la mitigación de plagas, ante los inconvenientes que han tenido los habitantes de las zonas aledañas, en especial los del barrio Mochuelo.

Con esto, más allá de mejorar las condiciones, se busca que una vez se cumpla, la nueva autoridad, es decir la ANLA, dé el aval para ampliar la vida útil del relleno, que por ahora solo puede funcionar hasta el 2022. En caso de no lograrlo, el Distrito tendrá que buscar un nuevo espacio fuera de la ciudad para depositar sus basuras. No obstante, la UAESP cree que las condiciones están dadas para que el relleno no solo opere hasta el 2040, sino que con la compra de predios aledaños podría extenderse hasta el 2070.

A pesar del optimismo del Distrito, lo único claro es que será la ANLA, como autoridad ambiental nacional, la que tendrá ahora en sus manos la tarea de estudiar la solicitud de los vecinos de Doña Juana, que buscan cuanto antes su clausura, o la que próximamente presentarán la administración y el operador del relleno de ampliar la licencia ambiental, para contar por cinco décadas más con un sitio de disposición para las 6.000 toneladas que producen los habitantes de la capital.