En peligro, reserva forestal del norte

La posibilidad de crear una Reserva Forestal al norte de la sabana de Bogotá, iniciativa que busca poner freno a la expansión desordenada de la capital, sufre un nuevo golpe por cuenta de un concepto de la Procuraduría en el que informa, tanto a la Alcaldía Mayor como a la Corporación Autónoma Regional (CAR), que las normas mediante las cuales se pretende crear la reserva podrían no estar vigentes.

Aunque el concepto del Procurador no obliga, sí llama la atención de las partes respecto a la discusión que desde hace 10 años libran en torno al futuro de esa parte del departamento, a la cual tanto Cundinamarca como Bogotá buscan dar un uso racional y sostenible antes de que la urbanización no planificada termine por conectar definitivamente a la capital con municipios aledaños como Cota, en detrimento de la reserva ambiental ubicada en una suerte de corredor que conecta los cerros orientales con el río Bogotá, que corre en la margen occidental de la sabana.

La accidentada historia de la reserva comenzó en 2000, justo después de la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial (en 1999), cuando la CAR y la ciudad no pudieron ponerse de acuerdo sobre el uso que debía tener el suelo del norte de la capital. En ese momento, fue el Ministerio de Ambiente el encargado de dirimir en parte el conflicto mediante la expedición de las resoluciones 475 y 621 de 2000, las cuales establecieron que esta zona debía ser clasificada como rural y que sobre ella se extendería una reserva forestal. Las resoluciones fueron demandadas y sólo en 2006 el Consejo de Estado aclaró que ambas normas quedaban vigentes, al igual que la declaración de la reserva.

Los límites de la Reserva Forestal del Norte serían, al norte, el aeropuerto de Guaymaral, al sur el humedal La Conejera, al occidente el río Bogotá y al oriente el borde del Plan Zonal del Norte en la avenida Boyacá (el cual pretende darle un desarrollo estructurado a parte de la Sabana, precisamente para urbanizar ordenadamente sólo una porción de la zona).

En palabras simples, el espíritu detrás de la reserva es, en primera instancia, la protección ambiental, pues en la zona hay cerca de 10 humedales más varias áreas habitadas por especies endémicas. En segundo lugar, la reserva funcionaría como una suerte de tapón para la expansión urbana de la capital sobre el norte, un fenómeno que de no ser vigilado con cuidado puede llevar a la conurbación, en la sabana, entre Bogotá y municipios aledaños como Cota: una pesadilla urbanística y ambiental.

Gerardo Ardila es el director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y defiende con vehemencia la importancia ecológica de la reserva. “Esta última carta de la Procuraduría es, por decir lo menos, muy desafortunada. Esta oficina, en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente, ha venido torpedeando desde hace dos años la declaratoria de la reserva. Después de que hacen esto entonces ahora dicen que la reserva no se puede crear. El señor Procurador no ha entendido las condiciones de la zona”.

Alrededor de la declaratoria giran, en esencia, tres posiciones: aquellos que consideran que sobre esa zona no procede una reserva y que, más bien, lo que debería haber es suelo de expansión urbana para edificar la sabana. En el otro extremo están quienes aseguran que todo el corredor es de importancia ecológica y que, por esto, se debería declarar la reserva como salvaguardia de las especies y los ecosistemas. Por último, hay un grupo pequeño que no apoya la reserva, pero tampoco la expansión urbana.

Quienes sostienen esta última posición afirman que la declaración de la reserva en un área tan amplia es injustificada puesto que las zonas que buscaría proteger ya lo están mediante varias figuras de conservación, y sugieren que una alternativa para no permitir la expansión urbana es considerar los terrenos como rurales, lo que también impediría su urbanización. Sin embargo, Ardila asegura que las resoluciones que ordenan la creación de la reserva especifican que “los usos de estos suelos, mientras no sean contrarios a la conservación, pueden seguir, incluso algunos agrícolas bien hechos”.

Con el pronunciamiento de la Procuraduría, más los 10 años de discusiones, pleitos, estudios, mesas de trabajo y concertaciones que han transcurrido desde que fuera ordenada su creación, el futuro de la sabana de Bogotá parecería enredado y espinoso.