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La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años, en primera instancia, a Yeison Alexander Chipatecua Quevedo, alcalde local de Tunjuelito, al evidenciar irregularidades en un contrato que tenía como fin realizar actividades físicas y recreativas para adultos mayores, las cuales incluían una salida recreativa, la entrega de sudaderas y otros elementos a los 760 beneficiarios del programa.
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De acuerdo con el fallo, con la firma del contrato firmado con la Fundación Suprema Lex, por $370 millones, se eludieron los principios de transparencia y economía de la contratación estatal, ya que la investigación estableció que hubo un sobrecosto del 23 % en la compra de las sudaderas respecto a la base del presupuesto realizado por la Alcaldía Local, además de desconocerse quién fabricó y confeccionó la indumentaria deportiva.
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Otra de las irregularidades responden a que las cotizaciones utilizadas durante el proceso de contratación no correspondían al año del proceso de licitación del año 2016, sino de 2015.
La decisión de primera instancia fue apelada por el funcionario, quien aseguró que agotará todas las instancias judiciales existentes con el fin de demostrar que se actuó conforme a las normas de contratación.
Además aclaró que para fijar los precios de los elementos se utilizó la metodología denominada “Canasta de precios”, avalada por la Procuraduría General de la Nación y la agencia nacional de contratación pública, Colombia Compra Eficiente.
La situación será resuelta en segunda instancia por la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, quien le solicitó además a la Procuraduría General de la Nación investigar la posible responsabilidad del contratista Jack Cristopher Reina Rodríguez, asesor del área de planeación de la alcaldía, quien participó en la estructuración y consolidación de la fase precontractual del proceso.
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