En veremos suerte de la 7ª

La batalla emprendida por la administración al prometer un revolcón a la movilidad tuvo otro capítulo ayer en el Concejo. Por una parte, el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que el metro pesado sí se hará, pero también se va a adelantar una línea ligera por la carrera Séptima. Sin embargo, en manos del Cabildo estará decidir si aprueban el cupo de endeudamiento de $800.000 millones para esta idea del alcalde Gustavo Petro. Aunque antes hay otro problema por solucionar: el contrato que ya fue firmado para construir el Transmilenio por la Séptima.

El ministro de Transporte, Germán Cardona, le dijo ayer al gabinete del alcalde que su idea para la Séptima es bien vista por la Nación, pero como un proyecto aparte al del metro pesado, y siempre y cuando se tengan los estudios claros y se haya solucionado el asunto contractual.

Luego de diversas discusiones en torno al futuro de la vía, y con el fin de solucionar los problemas técnicos y presupuestales de la obra, la exalcaldesa Clara López decidió, en septiembre de 2011, suspender por un año el inicio de las obras.

El contrato para la construcción del TM ligero por la carrera Séptima, entre las calles 34 y 72, fue adjudicado por la administración de Samuel Moreno en septiembre de 2010, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a los consorcios Sainc y El Cóndor, por un valor de $89 mil millones. Pero desde la época de campaña, el alcalde Petro propuso que lo más conveniente para la vía era un metro ligero.

Entre los motivos que originaron la suspensión del contrato estuvo la fuerte oposición de la veeduría ciudadana La Séptima se Respeta, que identificó falencias en el proceso, como la falta de un plan de desvíos para iniciar la obra y la carencia de estudios claros respecto al cambio de redes de servicios públicos que deben hacerse en un proyecto como éste, entre otros.

La concejal progresista Angélica Lozano hizo parte de la veeduría y advierte que aún hoy persisten las malas condiciones que llevaron a suspender este contrato, el cual, según ella, “es un monumento a la locura y la estupidez”. Por esta razón, lo más sensato que podría hacer la administración es liquidarlo, agrega.

Precisamente este punto aún no ha sido resuelto por la administración del alcalde Petro. “Ya estamos en diálogos con el contratista y el interventor, y acordamos una metodología para estudiar los escenarios jurídicos posibles. Tenemos varias opciones como modificarlo, terminarlo unilateralmente, terminarlo bilateralmente o suspenderlo. Por eso estamos revisando cuáles son los riesgos financieros, las restricciones legales en cada uno de ellos”, aseguró María Fernanda Rojas, directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Tanto la administración como el contratista de la obra sostienen que tienen la mejor disposición para buscar una alternativa que no genere mayores inconvenientes a los intereses de la capital. Se sabe que el contratista sigue esperando que el gobierno distrital resuelva algo al respecto en junio próximo, de cara a la decisión de construir el metro ligero.

En cuanto al anticipo que recibió el contratista por cerca de $10.000 millones, Rojas aseguró que no es cierto que este dinero haya estado a disposición del libre gasto del contratista, como se ha rumoreado. “Ese tipo de sumas se consignan en una cuenta mientras va ganando intereses, pero legalmente no se puede cobrar. El contratista podría amortizar ciertos montos, pero sólo para gastos de la obra, y como no ha habido obra pues no se ha gastado ese dinero”, indicó la directora del IDU.

Ahora los bogotanos esperan que la administración establezca una ruta clara y ágil para la emblemática avenida, una que permita saber qué pasará con esta situación contractual, y que el Distrito no tenga que pagar la demanda millonaria que el contratista podría entablar.