Enfrentados por el agua

Aunque la mayoría de los concejales coincidieron en que es vital que se busquen estrategias para evitar el crecimiento urbano desordenado y la contaminación de las fuentes hídricas, de las cuales se abastecen gran parte de la población de la capital y varios de los municipios de la sabana, algunos criticaron la tajante decisión de dejar de vender de tajo el líquido para futuras construcciones.

Uno de los mayores puntos de discusión en torno a la polémica medida liderada por la Empresa de Acueducto de Bogotá tiene que ver con el carácter legal. Mientras que el gerente del Acueducto, Diego Bravo, insiste en que la venta de agua en bloque no está amparada por la ley y por lo tanto la ciudad no tiene la obligación de venderles agua a sus vecinos, otros aseguran lo contrario.

Uno de ellos es el concejal del Partido Verde Antonio Sanguino, quien señala que “en la reglamentación del servicio público de agua hay más argumentos jurídicos a favor de la venta de agua en bloque que en contra. No encuentro una ilegalidad en la prestación del servicio que ha hecho la Empresa de Acueducto hasta ahora. Negarse a vender agua en bloque sí puede constituir una ilegalidad y una violación a la ley”. Según Sanguino, el Distrito estaría abusando de su posición dominante en contra de la ley.

En sentido similar se pronunció el concejal Miguel Uribe, del Partido Liberal: “Esta es una decisión arbitraria e incoherente con el concepto de ciudad región”.

Bravo, en cambio, asegura que las normas le dan la razón: “A través del Acuerdo 6 de 1990 se prohibió de manera tajante la venta de agua en bloque a los municipios y en 1997 el Concejo revocó ese acuerdo. Sin embargo, no le correspondía esa revocatoria porque no era su competencia definir las condiciones en las que las empresas prestan sus servicios públicos. Por esto, ese acuerdo no sería constitucional”.

Así resume Bravo por qué en su opinión “la venta de agua en bloque no tiene soporte legal”. A su posición se suma la de la concejal liberal María Victoria Vargas, quien señaló durante el debate que “comparto totalmente todos los argumentos jurídicos explicados por el gerente del Acueducto”.

Otra cosa cree el gobernador de Cundinarmarca, Álvaro Cruz, quien advirtió que adelantará acciones legales en contra de Bogotá si se mantiene la negativa de vender agua en bloque a los municipios. Según Cruz, la venta del líquido bajo esta modalidad no sólo es legal, sino que con su decisión el alcalde estaría “sobrepasando sus competencias al tratar de ordenar el territorio de otros municipios”.

Por ahora no hay una aparente solución al tire y afloje desatado entre la ciudad y el departamento en torno al agua. Por su parte, Diego Bravo se mantiene en su posición, pero señala que acogerá cualquier decisión legal: “No vamos a fomentar, pero si la justicia protege el derecho al desorden nosotros acataremos”.