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La situación de las comunidades que abandonaron hace nueve meses el Parque Nacional sigue, al cierre de este año, entre avances y retrocesos.
Esta semana, 250 familias de la comunidad embera, que estaban albergadas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, recogieron sus enseres y fueron trasladados hacia varios municipios de Chocó, tras llegar a un acuerdo con la Unidad para la Atención a las Víctimas.
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Pero en la UPI La Rioja, en el centro de la capital, el panorama no es alentador. Allí pernoctan cerca de 700 miembros de más de 10 comunidades indígenas del país y esta semana se conoció el fallecimiento de un bebé embera, cuya familia había participado en procesos de retorno hacia la vereda Dokabú, del municipio de Puerto Rico, en Risaralda, el pasado 27 de julio. No obstante, según datos del Distrito, algunas de estas familias habían regresado a la capital en octubre y se hospedaron en este punto de la ciudad.
“Nos sigue preocupando la situación en la que se encuentran las niñas y los niños emberas, y las mujeres en estos albergues, y estamos trabajando para lograr condiciones dignas en sus territorios o de reubicación en las ciudades”, manifestó Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas.
Por esta situación es que continúa el reto en la ciudad para integrar a los miembros que desean quedarse en la capital, así como para garantizar la atención de víctimas del conflicto y de comunidades que siguen llegando a las diferentes localidades de Bogotá.
Un nuevo panorama
Como indican desde la mesa de negociación, para la consecución de una paz con los actores armados, en particular con en el Eln por su influencia en Chocó y zonas de Risaralda, es clave disminuir el número de desplazados de comunidades indígenas.
De acuerdo con datos del Sistema de Información para Víctimas en Bogotá (Sivic), solo entre enero y febrero de este año (un momento crítico del recrudecimiento del conflicto en el país), 9.244 víctimas del conflicto armado llegaron a la capital en búsqueda de seguridad y mejores condiciones.
Precisamente, para atender estas y otras situaciones, como cabeza de la Unidad para las Víctimas fue designada Patricia Tobón, una abogada constitucionalista que procede de la comunidad embera-chamí y quien parece querer cambiar el discurso de la institución en las negociaciones.
En ese sentido, la entidad adscrita a la Presidencia de la República se ha mostrado crítica ante el estado de los albergues y la atención de las entidades en los distintos puntos en los se encuentran estas poblaciones.
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Sobre esto, el líder indígena Jairo Montañez indicó que las condiciones en la UPI La Rioja no han mejorado a pesar de denunciar hace meses el desabastecimiento de agua y el hacinamiento, entre otros problemas.
“Las condiciones nunca han sido favorables en este sitio para la población, y muestra de ello es el alto número de menores enfermos desde el traslado, que se estima son más de 80 por mes. Nosotros decimos que La Rioja es lo que está pasando en exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas”, indicó Montañez.
Frente a esto, el Distrito asegura que ha cumplido con las garantías en el sitio, mientras se avanza en una reubicación definitiva en las ciudades. En ese sentido, se ha mantenido la postura de la Alcaldía de Bogotá, que indica que la oferta social del Distrito no suple ni tiene los alcances de las rutas nacionales de reparación.
“Estos procesos no son fáciles, y es necesario que las entidades garanticen los derechos de las personas que participan en ellos”, dijo Patricia Tobón Yagarí.
Integrarse a la capital
Uno de los elementos claves en el acuerdo que selló la salida de las comunidades del Parque Nacional fue el desarrollo de una política pública para asegurar la integración económica y social de las comunidades que desean quedarse en la ciudad.
Según cifras nacionales, en la última década, al menos 2.000 miembros de esta comunidad han salido desplazados desde el Alto Andágueda (Chocó) hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, donde cientos de ellos viven en situación de mendicidad.
Por su parte, en la capital se han presentado avances relacionados con el Plan de Desarrollo de la actual administración, que incluye una alianza entre las comunidades indígenas y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para realizar actividades culturales en coliseos y espacios públicos de la capital.
Las comunidades han sido enfáticas en solicitar mayores acciones para asegurar su integración en la ciudad, es por eso que en este momento la Unidad para las Víctimas y las entidades que forman parte del sistema de atención se encuentra desarrollando los lineamientos nacionales para asistencia.
En una circular emitida a principios de diciembre por la Unidad para las Víctimas se indicó que priorizará la estabilización socioeconómica de las víctimas y la restitución de tierras, así como la “superación de deuda histórica con los pueblos y territorios étnicos”, entre otros.
“Hoy se están reformulando las políticas públicas de étnicas porque estás se formularon hace 10 años. Hoy hay en el plan de desarrollo que por primera vez en la historia de Bogotá un artículo que plantea que hay un mandato de que todos los programas que tengan que ver con poblaciones étnicas tienen que concertarse con las autoridades étnicas, cualquiera sea su forma de gobierno”, explica Horacio Guerrero, experto en asuntos étnicos.
Por su parte, el Distrito apunta a un “reajuste institucional” de una política pública que no ha sido actualizada hace décadas, que permita atender integralmente a la población no solo indígena, sino afrocolombiana, raizal, Rom y palanquera, debido a que las políticas actuales tienen más de 10 años. La idea es hacer una reforma que los cobije a todos.
Por el momento está por verse si estas acciones permitirán llegar a una solución definitiva para lograr uno de los principales procesos de retorno y reubicación de los 970 procesos identificados en el país.
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Por Fernán Fortich
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