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El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) es una de las principales compañías de generación y distribución energética que tiene el país. Una multilatina, con presencia en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, que para el primer semestre del presente año generó una utilidad operacional de $847.000 millones (1 % menor a la consolidada en el mismo período de 2020).
Bogotá es su accionista mayoritario, con el 65,7 %, seguida de los fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, con el 22,1 %; Corficolombiana, con el 5,2 %, y otro 7 % que está repartido en distintos accionistas. Teniendo en cuenta los dividendos del primer semestre, al Distrito le corresponden $556.479 millones.
No obstante, la partición de esta torta podría cambiar próximamente, pues esta semana la administración de Claudia López anunció la venta del 9,4 % de las acciones. Si bien esto despertó diversos comentarios (más en contra que a favor), en realidad lo que está haciendo es culminar el plan de la alcaldía de Enrique Peñalosa, que en 2016 logró la aprobación del Concejo para la venta de hasta el 20 % de la participación del Distrito, de lo cual alcanzó a enajenar el 10,6 %.
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Al respecto, la Secretaría de Hacienda explicó que el valor de ese 9,4 % se aproxima a los $2 billones (aclarando que la cifra real se conocerá en el momento de la venta), de los cuales, $1,6 billones serán para la cofinanciación de la segunda línea del metro. El resto será para la troncal de Transmilenio de la Calle 13 y el cable de San Cristóbal.
“Lo fundamental es cambiar un activo, con una rentabilidad promedio anual de 16 % en los últimos 10 años, por otro que entregue una rentabilidad económica y social mayor”, dice la Secretaría. Según el Distrito, palabras más palabras menos, es mejor cambiar estas acciones por la financiación de la segunda línea que, vale recalcar, esperan tenerla operando en 2030.
¿Qué perdería y qué ganaría?
Con la venta del 9,4 % de las acciones, la participación distrital pasará del 65,7 % al 56,3 %, por lo que seguirá siendo socio mayoritario y no cambiarán los derechos y el control que tiene sobre el GEB. No obstante, dejará de recibir los dividendos que generan tales activos. Según la Secretaría de Hacienda, en los últimos años estas ganancias han fluctuado por el orden de los $700.000 millones anuales.
Con la enajenación de las acciones, según las cuentas del Distrito, se espera una disminución del 14 %, es decir, la capital dejaría de recibir cerca de $98.000 millones anuales que, serían $882.000 millones de aquí a 2030, cuando se estima la eventual inauguración de la segunda línea.
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No obstante, si se toma el dato de los dividendos del último año a disposición de la asamblea de accionistas (que queda tras algunos descuentos de los $2,5 billones, que fue la utilidad neta del ejercicio), la cifra cambia.
De seguir el GEB generando dividendos por $1,6 billones al año, con la venta del 9,4 % el Distrito renunciaría a casi $160.000 millones en dividendos al año, suficientes para tener un apalancamiento en el momento de iniciar las obras. Pese a esto, el Distrito insiste en que es más provechoso vender, pues las obras beneficiarán a 2,5 millones de personas de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba.
Al analizar lo que se perdería y lo que se ganaría, las concejales Ana Teresa Bernal, Heidy Sánchez y Susana Muhamad (de Colombia Humana), así como los representantes a la Cámara María José Pizarro y David Racero (coalición Decentes) publicaron una carta de rechazo, pues consideran que “la administración financiará la construcción de una línea del metro que aún no tiene estudios de ingeniería de detalle”. Ellos hicieron un llamado a defender un patrimonio “que genera mayores ingresos para la ciudad y es uno de los más importantes del país”.
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El asesor financiero y analista económico bursátil Andrés Moreno Jaramillo, por su parte, cree que si bien el GEB es una buena caja para Bogotá, hay que tener en cuenta la premura de los recursos, ya que la capital necesita tener el próximo año el 15 % de los $13 billones que cuesta la segunda línea (es decir, $1,95 billones) para fijar la partida del acuerdo de cofinanciación, en el que el Gobierno pondrá el 70 % de los recursos y el Distrito el 30 %.
A modo personal considera que hubiera sido mejor enajenar las acciones en la ETB, al considerarla menos estratégica para la capital. No obstante, recuerda que la alcaldesa acordó con los sindicatos de la misma no hacerlo. No obstante, la ETB viene teniendo un papel protagónico al desempeñar un rol directivo en la Agencia de Analítica de Datos, creada para que la ciudad avance en ser una smartcity.
¿Y el cupo de endeudamiento?
Las recientes administraciones se han enorgullecido de la buena salud que gozan las finanzas de Bogotá, lo que se traduce en condiciones oportunas de endeudamiento. De hecho, esto fue lo que hizo que el Concejo aprobara el cupo más alto en la capital: $10,8 billones.
No obstante, como lo explica la Secretaría de Hacienda, los casi $2 billones requeridos para la partida de la cofinanciación en 2023 no pueden salir del cupo de endeudamiento, pues se espera que para el fin de este año se haya ejecutado el 43 % de los recursos, lo que se suma a los que se comprometerán en 2022 y 2023 para obras como el Corredor Verde de la Séptima, que tiene un cupo de $2,1 billones.
Otra posible solución es comprometer los dividendos de las acciones del Distrito en el GEB de aquí hasta que se contrate la construcción de la segunda línea (que esperan sea a finales de 2023). No obstante, dicen que no es viable, pues previamente se tienen que garantizar recursos (por lo menos el 15 % de estos) para la formalización del acuerdo con el Gobierno.
Reuniendo estas miradas, pareciera que, ante la urgencia, la venta de acciones es la única opción. No obstante, no deja de ser cierto que los dividendos anuales que dejará de recibir el Distrito serán relativamente considerables (equivalen al 1 % del recaudo tributario de la capital en 2020). La pregunta queda abierta: ¿Era la única opción?
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