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A un mes de que se inicie la temporada taurina 2020 en la capital, la bancada de la Alianza Verde radicó un proyecto de acuerdo “por el cual se desincentivan las prácticas taurinas en el Distrito”. La iniciativa, que tiene el respaldo de la alcaldesa Claudia López, ha dado de qué hablar en la opinión pública, pero ¿qué tan viable es?
Si bien la discusión sobre los toros, en especial ahora, exacerba pasiones, es importante tener en cuenta algunas consideraciones legales. Primero, la Ley 916 de 2004 estableció el Reglamento Nacional Taurino (el cual estipula las condiciones para el desarrollo de los espectáculos taurinos). Segundo, la Corte Constitucional declaró las prácticas taurinas como “expresiones culturales” y al Congreso como único apoderado para prohibirlas. Es decir, ninguna otra autoridad, distrital o municipal, tiene esta potestad.
Aún así, esto no quiere decir que la Corte desconozca el deber de la protección a los animales. De hecho, a pesar de que declaró las prácticas taurinas como “excepciones” a aquellas tipificadas como maltrato animal, la Corte también resolvió darles continuidad siempre y cuando se eliminen o morigeren (es decir se mitiguen o disminuyan) “en el futuro las conductas especialmente crueles contra los animales en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y protección a la fauna” (Sentencia C-66 de 2010). Este inciso, según los defensores del proyecto, daría vía libre al Concejo para que promulgara medidas en pro del bienestar animal en el marco de la celebración taurina.
El proyecto a fondo
Dicho lo anterior, el proyecto de acuerdo de los verdes, según Andrea Padilla, concejal que lidera esta iniciativa, tiene como pretensión desincentivar, más no prohibir, las prácticas taurinas en Bogotá. Estas son las disposiciones contempladas:
*Reducir a cuatro las fechas en las que se realicen las actividades taurinas en la capital. Estas serían tres domingos entre enero y febrero y uno en el mes de agosto. Actualmente son seis, para este año se programaron cinco fechas en febrero y una en marzo.
*Prohibir el consumo de bebidas embriagantes dentro de la plaza de toros. Este artículo pretende modificar el numeral 4 del código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003).
*Modificación de la tarifa aplicable a la boletería de espectáculos taurinos del 20 % sobre la base gravable correspondiente. Este artículo no implica una nueva imposición fiscal, sino el ajuste a la tarifa vigente (10 %) consagrada en el Acuerdo 399 de 2009, el cual fusionó en uno solo los impuestos de fondo de pobres, azar y espectáculos.
*Eliminar el uso de instrumentos que laceren, corten mutilen o hieran a los animales. Entre estos el estoque (la espada para matar toros), puntillas o puñales cortos. Es decir, prohibir la muerte del animal en la plaza.
*Todos los gastos de operación incluidos los de vigilancia y personal de Policía, deberán ser asumidos por los organizadores taurinos. Cabe destacar que, de hecho, la organización de la temporada tiene la obligación de correr con los gastos de preparación, aforo y desarrollo del evento. En 2017, se invirtieron al menos $5.000 millones en la temporada, que reunió cerca de $2.700 millones en boletería, de los cuales el Distrito recibió $900 millones.
*Los organizadores de los espectáculos taurinos deberán destinar el 30 % del espacio de publicidad para informar sobre el sufrimiento animal que conllevan las corridas de toros o novilladas. Esta medida pretende asimilar las impuestas a las cajetillas de cigarrillos. Sin embargo, esta regulación (contemplada en la Ley 1335 de 2009) fue tramitada en el Congreso.
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Lo que está en juego
Al preguntarle sobre el respaldo jurídico del proyecto, Padilla aseguró que el Concejo, como autoridad administrativa, está facultado para establecer regulaciones con el fin de cubrir el déficit normativo en la protección animal, como lo estableció la Corte Constitucional con la sentencia C-666 de 2010. Por este motivo, la concejal afirmó que la iniciativa no busca ir en contra de lo resuelto por el Alto Tribunal, sino hacer más estrictas las condiciones para su realización (como lo dispone el principio de rigor subsidiario de la Ley 99 de 1993).
El ánimo de este proyecto fue predicado hace casi una década por el magistrado Nilson Pinilla, en su salvamento de voto en la sentencia antes mencionada. Para aquel entonces, Pinilla aseguraba que “para la erradicación de las prácticas taurinas, el desestímulo es mejor que la prohibición”. En su intervención, el magistrado aclaró que “si bien estas prácticas culturales minoritarias no pueden prohibirse, deben ser desestimadas paulatinamente, esto implica nada de dinero público ni nada que fomente esa cultura”.
Como era de esperarse, los amantes de la fiesta brava rechazan la iniciativa y la consideran un sinsentido. Alegan que, al pretender eliminar los instrumentos tradicionales del toreo (como banderillas y espadas) se estaría atentando contra la esencia de una práctica protegida constitucionalmente.
Frente a esto, Esteban Castro, taurino de 27 años, aseguró que “los toros desde hace tiempo se convirtieron en la moneda de cambio de todos los politiqueros”. Asimismo considera que, el proyecto no sería más que “una prohibición indirecta por vías de hecho”.
Castro dice que “también habría una violación a la igualdad y la proporcionalidad dado que industrias que sacrifican miles de animales diariamente no están sujetas a esas medidas, lo que implicaría una segregación únicamente por diferencias culturales”.
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El pulso en el Concejo
El Espectador conoció que este proyecto, por ahora, tiene buena acogida en un amplio sector del cabildo distrital. Sin embargo, algunos son más bien escépticos y consideran que el debate sobre la regulación debería darse directamente en el Congreso de la República.
Carlos Carrillo (Polo Democrático) respalda esta iniciativa y asegura que “desincentivar es el camino adecuado. Cuando no hay público, la práctica se acaba”. Asimismo, Carrillo considera que es importante ver la complejidad de la fiesta brava, puesto que no es únicamente un privilegio de las clases altas bogotanas sino que tiene su génesis y gran parte del arraigo social, en las áreas rurales.
En esta misma línea se encuentra el primer vicepresidente del cabildo, Yefer Vega, de Cambio Radical. El cabildante ve con buenos ojos este proyecto a pesar de haberse declarado en oposición a la alcaldesa Claudia López. “Una de las cosas que me parecen fundamentales de este proyecto es que no es impositivo, pues no intenta acabar con la tauromaquia, sino que se enfoca en dar cumplimiento al deber de proteger a los animales”, añadió.
Quien defiende a capa y espada este proyecto es el concejal Martín Rivera, de la Alianza Verde. Según él, si bien las autoridades distritales no tienen la potestad de prohibir las corridas, sí existe un espacio legal de maniobra para desincentivarlas. “Al hacer más costosa la entrada y cambiar la naturaleza de la agresión al animal, se está dando un paso en innovar la esencia de esta práctica, sin tener que prohibirla”.
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En el otro extremo se encuentra el concejal del Centro Democrático (CD), Jorge Colmenares, para quien “este proyecto de acuerdo es populista y se está haciendo desde el vacío”. El cabildante considera que esta iniciativa es solo darle “contentillo a algunos electores” y que el enfoque debe ser cortar el problema de raíz y legislar por la protección animal, competencia que es única del Congreso.
Por lo anterior, Colmenares indicó que “si de verdad los verdes quisieran regular el asunto taurino no se concentrarían en un proyecto de acuerdo, sino que irían más allá y los congresistas de este partido tomarían la vocería del asunto a nivel nacional”. En principio, el concejal afirmó que votaría negativamente el proyecto, pero aclaró que esta decisión debería ser tomada en común acuerdo con la bancada del CD.
A partir de este lunes 13 de enero, los concejales vuelven a sesionar. Después de que se constituyan las comisiones, el proyecto surtirá su trámite en el cabildo. Lo que se ha podido constatar es que la causa animalista mueve a cabildantes de todas las corrientes políticas, sea por convicción o popularidad.
En paralelo, juristas revisan el campo de acción normativo para considerar si el proyecto es o no una propuesta realizable. Los taurinos arguyen que no lo es y que, de ser aprobado, no dudarán en defender por medios legales su tradición cultural. En contraste, la concejal Andrea Padilla confía en el proyecto y asegura que está blindado jurídicamente. ¿Quién tendrá la última palabra?
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