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Agosto es el mes del espacio público y Bogotá tiene grandes retos que la administración de Carlos Fernando Galán ha enfrentado, no sin desaciertos y aciertos, en su primer semestre de mandato, una apuesta que él mismo llama “poner la casa en orden”. Entre estrellas, su gabinete trabaja en las modificaciones al decreto 493, el cual reglamenta el “aprovechamiento económico del espacio público y la explotación económica de los bienes fiscales en el Distrito Capital”, un documento que cerró etapa de revisión este jueves 8 de agosto.
El decreto podría sentar las bases para concertar una nueva ruta de aprovechamiento de espacio público por parte del Distrito y se acerca a la regulación del trabajo informal, promueva estrategias que cambien las dinámicas de lugares históricamente desgastados y asediados por la inseguridad como lo son los puentes. No obstante, el texto estaría desconociendo un aspecto importante para la oposición: “lo popular”.
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¿Cómo está el espacio público de Bogotá?
Recientes diagnósticos del Distrito muestran que la ciudad cuenta con 182.108.582,70 m² de espacio público, repartido así: espacio Público efectivo, equivalente al 20 % del total; circulación y conexión 50 %, en el que se encuentran andenes, puentes, entre otros, y la estructura ecológica principal, con el 30 %. El espacio público efectivo es de 4,79 m² por habitante, pero no todos gozan de ese espacio. Las localidades por debajo del promedio son: Bosa, 1,99 m²; Los Mártires, 2,65; Rafael Uribe Uribe, 3,15; San Cristóbal, 3,38; Antonio Nariño, 3,54.
El 32,3 % del mercado laboral de Bogotá trabaja en la informalidad y el 11,4 % en el espacio público. Por otro lado, en 2023 se caracterizaron 98.392 vendedores y vendedoras informales, de los cuales el 53,96 % son mayores de 51 años.
Las condiciones físicas que afectan el espacio público son, en su mayoría, la limpieza, que afecta el 40 % del espacio; sigue el vandalismo (15 %); el mal estado del pavimento (9 %); el mal estado del mobiliario (9 %); falta de iluminación (7 %)el mal estado de zonas verdes y árboles (6 %); dificultad de acceso (6%); por último está el grafiti (2 %).
Novedades del Decreto 493
Aunque fue publicado en octubre de 2023, el gabinete de Galán entró con la posibilidad de ajustar esta norma que regula las reglas para explotar económicamente el espacio público. Algunas de las novedades que inserta esta administración al decreto, son tres parágrafos sobre explotación comercial en Transmilenio, el Metro, y uno que le otorga al IDU la facultad de explotar, temporalmente, predios destinados a obras para del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público), que todavía no vean luz por alguna u otra razón. Las modificaciones intentan responder al panorama de espacio público anteriormente expuesto y las necesidades de miles de bogotanos que se dedican a las ventas en el espacio público, un punto frágil que
“TRANSMILENIO S.A. podrá autorizar al Instituto de Desarrollo Urbano parael aprovechamiento económico temporal de los predios adquiridos por motivos de utilidad pública y en consecuencia afectos al uso público y que vayan a ser objeto de intervención para la construcción de infraestructura, funcionamiento y operación del SITP”, indica el borrador.
Para el caso de la empresa Metro, el parágrafo 2 dice: “la Empresa Metro de Bogotá S.A., otorgará las autorizaciones, permisos y contratos de explotación colateral que se puedan efectuar sobre las áreas y espacios susceptibles de explotación económica de conformidad con su naturaleza jurídica, según las condiciones establecidas por esta entidad distrital”.
Otra novedad es que a las 28 actividades de aprovechamiento económico permitidas en el espacio público que estaban en el decreto de 2023, se le sumarían dos: hacedores de oficios artesanales en el espacio público, la cual define como, “ocupación temporal del espacio público para la comercialización de objetos artesanales de carácter patrimonial que generan un valor cultural agregado al espacio público, realizadas por personas naturales o grupos de hasta 2 personas o la cantidad que defina la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte”.
La segunda, son las actividades culturales en el espacio público, definida como la, “ocupación temporal del espacio público para la realización de actividades, eventos y festivales culturales a cargo de las entidades públicas y/o de iniciativa privada relacionadas con las prácticas artísticas y del patrimonio que pueden recibir una retribución económica, con o sin boletería, por derechos de asistencia y publicidad, en el marco de las disposiciones del protocolo de aprovechamiento económico establecido por el sector cultura, recreación y deporte”.
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Anotaciones al borrador
Preocupaciones no faltan. Desde el Concejo, la oposición propuso revisar varios puntos y fortalecer capítulos del borrador publicado por la Alcaldía, ya que consideran que al no referirse específicamente a grupos poblacionales marginados como los vendedores ambulantes que ya han protestado este año en la capital, podría dejarlos por fuera de las reglas del juego. Heidy Sánchez, concejala del Pacto Histórico, tomó como referencia su cercanía con estos sectores populares de la ciudad y recogió propuestas para que se les incluya entre los planes de la administración.
“Se ha creado una falsa dicotomía entre el derecho al goce y uso del espacio público y al trabajo en él, este discurso pretende ubicar ciudadanos y ciudadanas con más derechos que otros, y no, comprender realidades que permitan organizar desde lo público, las herramientas para superar las desigualdades en todos sus ámbitos”, señaló a este diario la cabildante.
Pero no es el único reparo. Si la administración Galán no se aparta del slogan de su antecesora, “construir sobre lo construido”, la oposición del Concejo envió un documento con 8 observaciones y propuestas. Entre las observaciones señala que el nuevo decreto desconoce acuerdos y artículos que ya ponen en la mesa a actores de la economía popular.
“Omite el Art. 100 Ley 2194 de 2023 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2022-224 el cual define la “participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público-populares” y se encarga de posibilitar la contratación con entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria con el estado, lo cual incluye el espacio público, desde una perspectiva de economía popular y que se acompasa con el decreto distrital 890 del 2023 desarrollando instrumentos como las alianzas público-populares, lo cual proponemos sea tenido en cuenta para un mejor desarrollo de esta iniciativa”, se lee en el documento conocido por este diario.
Lucía Bastidas, directora del DADEP (Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público) señaló sobre la actualización del decreto que sí hubo concertación ciudadana y se contempla la realidad de la venta ambulante en la capital y zonas populares como las Plazas de Mercado. Sin embargo, la directora anota un flanco débil: “lo que tiene que ver con la organización del espacio público está fragmentado entre las diversas entidades, cada una con una función específica y no menos importante sobre el espacio público”.
Añadió que hasta última hora se revisarán los comentarios al decreto antes de hacer la publicación oficial. “Una vez publicado el borrador del decreto, tenemos 82 solicitudes de entidades, esa es una muestra de que hace falta más sintonía entre entidades. Estamos revisando cada una y conversando con gremio y la ciudadanía, para llegar a un proyecto decreto unificado”, dijo Bastidas a El Espectador.
Este año iniciarán pilotos como la intervención del bajo puente de la calle 53 con NQS, donde el sector privado y el Distrito explotarán comercialmente esa zona caracterizada por oscuridad e inseguridad en su plan por cambiarle el rostro a los puentes, pues la ciudad cuenta con más de 1.060.
Habrá que ver cómo avanzan los planes para “poner la casa en orden”, una tarea que empieza con las modificaciones al decreto 493 y la nueva ruta de explotación comercial y planes para el espacio público que pondrán a prueba la capacidad de la alcaldía de Galán para concertar con la amplia población informal que vive del espacio público bogotano.
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Por Juan Camilo Parra
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