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Cada bogotano al iniciar el día, al comprar, al salir… en últimas, con existir, genera residuos y un impacto ambiental. Por ello, existe un esquema de aseo que abarca desde la recolección, el aprovechamiento y la disposición final en el relleno Doña Juana. Cadena en la que entran a jugar los ciudadanos, los que recogen la basura, los recicladores, el operador del relleno y el Distrito, a través de UAESP, encargada de garantizar el servicio.
No obstante, en cada uno de los eslabones hay pecados que impiden su óptimo funcionamiento, generando pérdidas, no solo para el Distrito, sino para los usuarios, y una amenaza latente para el ambiente. Todo, por fallas, omisiones, falta de planeación y de reglas de juego claras alrededor de cada contrato del esquema.
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Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación y de la UAESP, en Bogotá se generan al día entre 6 mil y 7 mil toneladas de residuos, es decir, más de 2 millones de toneladas al año, cantidad que tiene al relleno al borde del colapso. Sin embargo, de esta cantidad, solo se recicla entre el 3,97 % y el 15 %, según datos de la UAESP y de Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, pudiendo ser más, lo que muestra la primera falla: el mal manejo que los ciudadanos (primer eslabón) les están dando a sus residuos.
Los operadores
Paradójicamente, los beneficiados con la situación son los operadores, a quienes les pagan por cada tonelada recogida. No obstante, ellos tienen sus propios pecados. Desde 2018 y hasta 2026, esta tarea quedó en manos de cinco empresas privadas, que ganaron la licitación que abrió el exalcalde Enrique Peñalosa, al retomar el esquema de áreas de operación exclusiva y, de paso, desmontó el plan que había dejado el exalcalde Gustavo Petro (hoy presidente), para que la operación del aseo fuera pública, a través de Aguas de Bogotá.
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Hoy la recolección está a cargo de Promoambiental, que opera en Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén; Lime S.A., en Ciudad Bolívar, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda y Teusaquillo; Ciudad Limpia, en Fontibón y Kennedy; Bogotá Limpia, en Engativá y Barrios Unidos, y Área Limpia, en Suba. Pese a que cada una tiene su zona, sus pleitos han llegado a los tribunales.
El pleito activo, que comenzó el año pasado, es por la remuneración del barrido de calles y lo inició Promoambiental. Alega que el Procesador de Información del Servicio de Aseo (Proceraseo), que calcula el pago a los operadores, está haciendo mal su tarea. La razón: al liquidar la actividad por número de usuarios y no por kilómetro barrido, reciben menos de lo debido, mientras a otros les pagan más sin justificación.
Aunque el asunto lo resolvió inicialmente un tribunal de arbitramento a favor del quejoso, ordenando reponer el dinero que dejó de recibir, la decisión la tumbó el Tribunal de Bogotá, que ordenó a un juzgado civil de Bogotá dirimir el conflicto, por lo que sigue vigente y cuya decisión final seguro se reflejará en la tarifa a los usuarios.
El relleno
Entre tanto, la operación del relleno sanitario Doña Juana, a cargo del consorcio CGR, lleva años envuelta en denuncias y líos: el último, una denuncia penal por peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial, que interpuso la directora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, contra el representante legal de CGR, Mauricio Bernal Marcucci.
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No obstante, desde que comenzó a operar en el relleno, los líos han ido desde la Contraloría, advirtiendo falta de claridad en las cuentas del esquema de aseo; la Superintendencia de Servicios Públicos, identificando fallas operativas; la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, investigando por afectación del agua, el suelo y la flora, hasta la UAESP, intentando sancionarla por incumplimientos.
Hoy está vigente un pleito arbitral, promovido por CGR contra la UAESP por posibles incumplimientos, en el que las pretensiones son del orden de $1,3 billones, y una contrademanda del Distrito, que considera que la parte incumplida es el contratista. Debido a esto, la UAESP, que tenía las herramientas para caducar el contrato, hoy está maniatada. Una medida cautelar que solicitó CGR le ordenó al Distrito abstenerse de iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra el operador.
Las acusaciones de lado y lado se resumen así: CGR (que ganó el contrato al ofertar la tarifa más baja) alega que desde que asumieron, la remuneración no ha sido suficiente para atender su misión, mientras la UAESP indica que en el momento de la licitación las cuentas eran claras y debió haber hecho bien los cálculos de gastos e inversiones a los que se comprometió para operar y gestionar el relleno. Mientras el proceso avanza, los problemas en Doña Juana persisten, con el agravante de que su vida útil tiene los días contados.
“Estamos colgados en reciclaje”
Ante este panorama, que parece envolver en un manto de dudas la estabilidad del servicio de aseo en Bogotá, surgen miradas a futuro y posibles soluciones que deben poner en alerta tanto a la ciudadanía, como al Distrito. Y dichas soluciones se deben impulsar desde la fuente de residuos, los bogotanos.
Camilo Prieto, profesor de cambio climático de la U. Javeriana y vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano, asegura, por ejemplo, que hasta ahora el reciclaje en Bogotá y las acciones para impulsarlo no se están desarrollando a la velocidad que se necesita. “No hay un sistema de reciclaje, porque hay fragmentos que impiden una economía circular. Aún no hay suficiente conocimiento en los usuarios sobre cómo hacer disposición final, ya que siguen tratando los desechos reciclables como basura”.
Su visión se complementa con el concepto de otros ambientalistas, quienes advierten que es un tema de cultura ciudadana, en el que la gente debe tomar conciencia y pasar del término reciclaje al de aprovechamiento. En esto, dicen, las campañas de reciclaje han sido deficientes, como ocurre con las canecas para residuos reciclables y no reciclables que hay en Bogotá, donde la gente bota lo que quiere. Para saldar esta deuda, Prieto sugiere la obligatoriedad del etiquetado de los plásticos, para saber de qué están hechos y si se pueden reciclar (pues no todos son aptos, como las botellas plásticas negras), así como puntos de acopio para materiales especiales, como pilas y envases laminados.
En cuanto al trabajo de los recicladores de oficio, los expertos coinciden en que se encuentran en vulnerabilidad y en olvido para su inclusión en el sistema de aseo, en el que su papel ha estado relegado. Estimaciones del Ministerio de Ambiente señalan que en Bogotá hay 21 mil personas dedicadas a esta labor, de las cuales solo 5.800 (27 %) están registradas oficialmente.
Esto indica que, a pesar de los recursos que dicen haber invertido, no ha cambiado su panorama y hay poca planeación. “No tienen los mínimos elementos de bioseguridad para su oficio. Uno los ve con las manos heridas y, al mismo tiempo, alimentándose. Se creía que con haber eliminado la tracción animal eso se solucionó. Pareciera que indignaba más la tracción animal que las condiciones infrahumanas de estas personas”, agrega Prieto.
El mayor reto
Las fallas y la falta de acciones en estos puntos, que son los primeros eslabones del esquema de aseo (usuarios y recicladores), afectan el resto de la cadena. De ahí los pleitos entre los operadores (como por el pago del barrido de las calles) y los propios retos que tienen (como la disposición ilegal de residuos en algunos barrios de Bogotá), que terminan impactando a los usuarios. Pero, peor aún, está el futuro del relleno sanitario Doña Juana, que es el epicentro de la principal batalla y, como lo indica el consultor en gestión de residuos, Alberto Uribe, el tema más espinoso, por decir lo menos, de los pecados del esquema.
La situación actual es que el sitio de disposición no tiene una larga expectativa de vida útil. Y sin bien se han planteado estrategias para tratar de optimizar su funcionamiento y gestionar una ampliación de su licencia ambiental, el choque entre el Distrito y el operador ha impedido avanzar en el trámite. De gestionarla el operador, implicaría la prolongación de su contrato al frente del relleno, razón por la cual la administración pidió expresamente no atender su solicitud.
Mientras el pleito se mantiene, los problemas en Doña Juana son latentes. “Un relleno sanitario no debería oler ni generar vectores o animales y contar con tratamiento de lixiviados. La gente de Ciudad Bolívar no debería pasar molestias. Un relleno significa soluciones ambientales, no un botadero de basura a cielo abierto y un enterramiento ilegal. ¿La Superintendencia de Servicios tiene un montón de procesos y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la CAR?”, cuestiona un experto en servicios públicos, quien pidió omitir su nombre.
“CGR ha sido sujeto de investigaciones, laudos, procesos sancionatorios y eso da cuenta de que no es el operador ideal del relleno, pero no existe la posibilidad de decirle que suspenda la operación, porque no hay cómo reemplazarlo. El desacuerdo es que la Alcaldía no está a gusto en cómo hace el trabajo y el contrato de concesión tiene unas condiciones difíciles para el Distrito”, apunta Uribe.
¿Qué hacer para evitar una próxima crisis de basuras en la capital? Estos pecados del esquema de aseo en Bogotá necesitan soluciones urgentes y duraderas. La larga estela de pleitos, lentos avances y disputas que rodean todos sus eslabones en diferentes medidas, no se pueden seguir dilatando. De lo contrario, las apuestas ambientales de la Alcaldía, del nuevo Gobierno y el llamado que hace el mismo planeta para cuidar el medio ambiente, se quedarán en el papel.
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