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Mientras la lluvia sigue cayendo a cántaros y los embalses están a tope, parecen haberse esfumado casi todos los fantasmas de la escasez de agua en Bogotá. Ya no queda nada de lo que vivió la ciudad el año pasado, cuando las palabras “racionamiento” y “sequía” formaban parte del léxico cotidiano; no obstante, quedan algunos aprendizajes tras la crisis.
Cuando los embalses estaban en niveles críticos, la ciudad comenzó a buscar nuevas fuentes de agua, incluso, de manera literal, debajo de las piedras. Los acuíferos o aguas subterráneas, que siempre han estado ahí, pero pocos aprovechan, de repente se colaron en los planes para abastecer la capital en tiempos de sequía.
En un santiamén, la gente se familiarizó con el tema y hasta descubrió que el líquido, que reposa en las entrañas sabaneras, hace años lo aprovechaba la industria con fines económicos. En medio de la escasez, la indignación no tardó en aparecer. Concesiones para la explotación de acuíferos, como la que le otorgaron a la empresa Coca-Cola en La Calera, así como a cientos de empresas en Bogotá, despertaron cuestionamientos de cómo se debería aprovechar este tesoro subterráneo.
Hoy, con la discusión mediática más reposada, las autoridades ambientales del Distrito y del departamento recopilan toda la información disponible de este recurso, con el fin de entenderlo, conocer su estado actual y, sobre todo, protegerlo. Y como parte de esa tarea, la Secretaría de Ambiente publicó hace poco los resultados de un estudio sobre los acuíferos del perímetro urbano.
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El documento aglutinó la información disponible sobre 301 pozos en la capital y su estado actual, tomando en cuenta factores como su capacidad de recarga, contaminación y niveles de explotación, con lo que evidenció los puntos críticos.
Las conclusiones, si bien no están cerca de un escenario fatalista, sí alertan de situaciones por corregir con urgencia, para no erosionar una fuente de agua estratégica para el consumo de los ciudadanos en el futuro. Como ejemplo, resaltan el caso de una concesión de aguas subterráneas que se adjudicó hace 30 años a un club social, el cual, con sus prácticas, estaría haciendo mella en el delicado equilibrio de los acuíferos del norte de la capital.
Puntos de recarga
Para entender mejor los hallazgos del estudio es necesario conocer la teoría detrás del agua subterránea de Bogotá. Como su nombre lo indica, son un recurso hídrico que, a diferencia de los humedales, lagos o ríos, está por debajo del suelo. El profesor Fernando Helí Romero Ordóñez, del Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, explica que hay dos tipos de aguas subterráneas: la primera son las de tipo meteórico, que no está tan profunda y se compone, esencialmente, del agua de las lluvias, que permea las rocas del suelo.
Las otras son los acuíferos, protagonistas de la discusión actual. Dicha fuente ha permanecido almacenada por millones de años, mínimo, a 800 metros de profundidad, en territorios como el de la sabana. En particular, Bogotá se apoya sobre dos acuíferos principales: el Cuaternario y el de la Formación Guadalupe, que se recargan con aguas de los Cerros Orientales. Lo malo es que los efectos del cambio climático, los trabajos de construcción adelantados en el cordón de los cerros y los incendios forestales (en su mayoría provocados) amenazan la sostenibilidad de esta esponja de absorción natural.
Sobrexplotación y contaminación
En ese orden de ideas, el informe de la Secretaría de Ambiente sobre la situación de los pozos de agua subterránea identificó problemáticas de sobreexplotación de algunas concesiones y su influencia negativa en el nivel de los acuíferos de la ciudad. Aunque los investigadores concluyen que su sostenibilidad a corto plazo está garantizada, hay alta probabilidad de que, a mediano o largo plazo, los impactos puedan reducir no solo su capacidad de uso, sino de recarga.
Y ya hay indicios de eso. Según el estudio, en 2024 se extrajeron 9,8 millones de m3 de agua subterránea, de los cuales el 68 % se destinaron a uso institucional y recreativo (clubes, universidades y conjuntos residenciales); el 20 % para uso industrial y el 12 % para otros fines. Durante la exploración de los pozos censados, los autores del estudio encontraron diversas problemáticas en las prácticas con los acuíferos, lo que, sumado a la sequía del año pasado, representó un descenso promedio de 0,3 metros en sus niveles (como ocurría con los embalses), debido a la poca capacidad de recuperación. Esto fue más evidente en los acuíferos del norte y del occidente de Bogotá.
Acá vale resaltar que, independiente del titular de la concesión, todos los pozos están conectados entre sí. Por consiguiente, cualquier afectación, ya sea por contaminación o sobreexplotación, deteriora el equilibrio hídrico. En este sentido, alerta el estudio, se encontró alta presencia de coliformes totales y fecales en 15 % de los pozos habilitados, en parte, por infiltración de aguas residuales.
A esto se suma la contaminación en pozos utilizados para actividad industrial, por la filtración de metales pesados y compuestos químicos. Dicha situación se encontró, en especial, en pozos abandonados por industrias que dejaron de operar, pero no los sellaron de manera adecuada, por lo cual son susceptibles a filtraciones de este tipo de sustancias.
Precio de las concesiones, punto álgido
El bajo costo que pagan los actores que explotan las aguas subterráneas ha sido uno de los focos del debate sobre el uso de este recurso. Las tarifas que fijó el Ministerio de Ambiente oscilan de $28 a $70 por metro cúbico (m3), según la concesión.
En ese orden de ideas, el alcalde, Carlos Fernando Galán, aclaró que estas concesiones permiten un tope máximo de extracción de 15.000 m³, de los cuales, en promedio, las empresas extraen alrededor de 6.000 m³. Si bien, dicho valor lo pagan las empresas por el acceso a agua no potable, el alcalde dijo que estas tarifas le resultan “un poco bajas” y envió una solicitud al Ministerio de Ambiente para revisarlas y aumentarlas, pero dicha revisión aún no se hace efectiva.
Caso del club campestre
El aspecto más llamativo de todos los que reveló el informe fue el caso de un club campestre en Suba, de una caja de compensación. Para empezar, dice el estudio, los acuíferos de esta localidad y de Engativá son los que mayor presión han sufrido en sus niveles, a costa de la explotación. Para el caso del club, el agua utilizada en labores de riego, lavado de fachadas y mantenimiento piscinas fue de 250.000 m³ en 2024, lo que equivale al consumo mensual de 14.700 hogares capitalinos. Acá salta a la vista (como ocurre con otras concesiones), el bajo valor que pagan por el aprovechamiento de tres pozos: menos de $8 millones al año.
Y para completar el panorama, llama la atención que el agua que extrajeron el año pasado duplicó la cantidad de metros cúbicos autorizados al comienzo de la concesión, que se le otorgó a la caja de compensación en 1997. Allí especifica que el club solo puede extraer 124.416 m³ anuales.
Y se toma como referencia este dato, ya que, si bien el club radicó en 2017 una solicitud para renovar de la concesión y ampliar la explotación a 165.888 m³ año, en las bases de datos públicas no se encuentra una respuesta oficial y menos de una autorización para aumentar la extracción. Para aclarar el tema, El Espectador contactó a la caja de compensación, pero sus voceros prefirieron no hablar; se le consultó a la Secretaría de Ambiente sobre la licencia, pero tampoco respondió.
Lo que sí es claro es que la extralimitación, según el informe, está generando una afectación sobre los acuíferos de la localidad Suba, en la formación Sabana. Los tres pozos del club campestre evidencian descensos acumulados de 8,10 metros y 6,60 metros, entre 2019 y 2024, lo cual representa un riesgo ambiental. Alejandro Buitrago, ingeniero hidráulico con experiencia en pozos subterráneos, explica que dicho rango de actividad es por completo insostenible y dista mucho de las regulaciones en la materia.
“La regulación dice que el agua explotada debe ser medida de forma continua para evitar sobrepasar el límite de la concesión. En este caso, con base en el informe, no solo doblan esa cantidad, sino que no hay registro de controles para evitarlo”, agrega Buitrago. Como consecuencia de dicha explotación, el terreno aledaño al club podría presentar riesgos de subsidencia (hundimiento); descenso significativo del nivel freático; afectando pozos cercanos, y riesgo potencial para ecosistemas de recarga o descarga cercanos, situación que amerita una intervención especializada.
La situación y la falta de información sobre el caso del club, y lo que viene ocurriendo con otras concesiones de aguas subterráneas, demuestran el desinterés que por décadas existió alrededor de esta fuente hídrica y que fue necesario llegar a la crisis del racionamiento para que las autoridades ambientales le prestaran atención.
Pero, aun en tiempos de abundancia hídrica, la ciudadanía no debe perder el sentido crítico sobre el estado y uso de todas las fuentes de agua en Bogotá y la sabana. Mantener el ojo vigilante sobre estos tesoros es parte crucial de no repetir los errores que nos llevaron al tan tedioso racionamiento, pero, ante todo, una deuda histórica y moral con el ecosistema del que tanto nos hemos aprovechado.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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