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Después de conocerse las recientes denuncias sobre aparentes hechos de corrupción en el seno administrativo de la universidad Distrital, El Espectador contactó con el rector de la institución educativa. Tarazona, que completa tres años en el cargo, defiende la transparencia de su gestión y dice estar abierto a cualquier tipo de investigación para demostrarla. Con documentos en mano, el directivo sustentó su versión sobre los hechos, no sin antes asegurar la existencia de un complot efectuado por exfuncionarios de la universidad en su contra.
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¿Cuáles son sus comentarios sobre las dos denuncias que se conocieron?
En primer lugar, debo decir que siempre hemos sido transparentes con la información. Los estudiantes, los profesores, y los medios de comunicación siempre han tenido abiertas las puertas. Luego hay que decir que hay una campaña mediática para desprestigiar la universidad.
Cuando llegué a la universidad, el Consejo Superior me autorizó una serie de “mini” reorganización administrativa, en la que cargos claves de la universidad pasaron a ser de libre nombramiento y remoción por parte mía. Eso hizo que me rodeara de personas de mi entera confianza. Pero también implicó la salida de algunos funcionarios que, a lo mejor insatisfechos con mi decisión, están escarbando y buscando cuanta cosa pueden para desprestigiarme y de paso hacerlo con la universidad. Cargamos un lastre por episodios pasados, de rectorías anteriores, pero en mi gestión he intentado arreglar lo que se dañó y recuperar la confianza. Yo soy un profesor, no un político, e intento hacerlo desde la academia.
Entonces… ¿Las dos denuncias son falsas? ¿No hubo conflicto de intereses en la designación de puntos salariales de su esposa y en la designación de su antiguo socio en la decanatura de la facultad de Tecnología?
Yo tuve un compromiso societario, que tuvo origen como emprendedor en el año 96. Dicha empresa, el grupo Kaisen, tuvo actividad comercial hasta el año 2007, y tuvo su cese de efectos legales y jurídicos conforme a la ley en el año 2014. En la escritura pública de la sociedad se establece que el grupo Kaizen hace una reforma de la sociedad con fecha del 31 de diciembre del 2004. Yo me siento con las personas que son mis socios, Carlos Tuta Pinzón, hoy tesorero de la Universidad Distrital y con Javier Parra Peña, hoy decano de la Facultad de Tecnología, y se procede a prorrogar la duración de la sociedad 10 años más contados a partir de la firma de la escritura pública. Eso quiere decir que la sociedad se venció el 31 de diciembre de 2014. Naturalmente, cuando una entidad o una sociedad de consultoría, no tiene actividad económica, pues se liquida, como ocurrió en este caso, y como así lo estipula el Código de Comercio. Pero nunca tuvimos ninguna actividad comercial con la Universidad, jamás. Hicieron toda la búsqueda de los 25 años, a ver si alguna vez había firmado una factura, pero no la encontraron.
En cuanto al tema de la designación de puntos, en donde se insinúa que el profesor Javier Parra es el encargado de designar los puntos, hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, el comité que se encarga de este asunto, es un órgano colegiado conformado por 10 miembros. No es que el profesor Parra sea el encargado de otorgar los puntos salariales. Este comité toma la decisión de otorgar los puntos salariales con base en criterios académicos, como las investigaciones publicadas y otros parámetros establecidos por Minciencias. Para el caso puntual de la docente Luz Andrea Rodríguez Rojas, que también es mi esposa, lo que hubo fue una bonificación y no una designación salarial. Este comité tiene la posibilidad de asignar puntos salariales, o bonificaciones, cuando los docentes participan en conferencias internacionales o tienen algún logro académico. Para el caso del acta que se cita en la denuncia, con fecha del 7 de marzo de 2023, se evaluaron más de 200 casos, con el de mi esposa, la docente Rodríguez.
¿Hubo alguna clase de consecuencia después de esta denuncia?
Con esta falsa acusación se incurrió en una clara violencia de género contra mi esposa. Porque están diciendo que ella solo puede acceder a los méritos que la universidad solo por el hecho de sostener una relación sentimental conmigo. La docente Luz Andrea Rodríguez es una docente capas, que tiene maestría, doctorado, y más de 200 citas por su trabajo en la academia. Por sí sola, es una profesional admirable, capaz de obtener el reconocimiento por su propio mérito. Es así como se tomó la decisión de denunciar, ante la Fiscalía, contra el señor Jorge Ramírez, líder del sindicato de maestros, y quien está detrás de la acusación, por violencia de género.
Ahora hablemos de los $2.000 millones que no aparecen en el informe financiero. ¿Tiene conocimiento de alguna irregularidad?
No realmente. La Contraloría nos visitó ayer para revisar toda la documentación y yo mismo, con base en el artículo que se publicó en El Espectador, solicité al doctor Camilo Andrés Bustos, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que adelantara el respectivo proceso para aclarar lo ocurrido.
Pero entonces… ¿Por qué el dinero no aparece en el informe financiero de 2023, cuando sí fue reportado en 2022?
De acuerdo al informe que me entregó el encargado de elaborar el informe, lo que hubo fue un error de transmisión en la información de un informe a otro. Esto ocurrió, según me cuenta él, por un error en una fórmula de Excel que se cometió al momento de reportar esa información. Entiendo que cuando se manejan tantas fórmulas, es posible caer en este tipo de imprecisiones, pero el dinero no se ha perdido, porque se informó en otros apartes del informe y ya fue reportado en el balance anterior. Se trata de un error humano y eso deberá ser confirmado por la justicia y los respectivos entes de control.
¿Han tomado medidas para que esto no vuelva a ocurrir?
Estamos trabajando en una herramienta tecnológica, una aplicación, que nos ayudará a optimizar de una mejor forma esta información y a reducir los errores.
Usted mencionó que había funcionarios detrás de las denuncias, y que su fin no era otro que el de desprestigiar la institución. ¿Puede hablarnos un poco más de esto?
Hay dos personas, en particular un exfuncionario, que no quedaron contentos con los cambios administrativos que he hecho en mi rectoría. Uno de ellos, incluso, tiene procesos en la Controlaría por malos manejos durante su período en la universidad, y hasta fue multado con $12 millones. Por cuenta de sus errores, de hecho, la institución llegó a perder dinero. Incluso, si usted se da cuenta en los balances financieros que señala la denuncia, figura la firma de él. Como le dije, esto no es más que una campaña para desprestigiar la universidad e intentar sacarme de la rectoría.
Pero, más allá de esto, debo decir que durante mi gestión no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos intentado corregir errores del pasado y en ese camino estamos. Los periodistas y la comunidad estudiantil, tienen las puertas abiertas para revisar lo que consideren. Obramos con total transparencia.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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