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Este viernes en el Concejo proseguirá el debate que se le adelanta al nuevo proceso licitatorio que la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos (Uaesp) abrió este año para adjudicar la operación del relleno sanitario Doña Juana, junto con el manejo de los lixiviados. La licitación fue suspendida el año pasado luego de estallar un escándalo por presuntas irregularidades.
El contrato tiene un valor de $230 mil millones y, según el último cronograma publicado por la Unidad, deberá cerrarse el próximo 16 de abril en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en donde también se realizará la audiencia de adjudicación el 6 de mayo.
Al actual proceso le han llovido varias críticas y ha tenido más de un retraso. Hace unas semanas, algunos concejales denunciaron que las condiciones de los pliegos beneficiarían a dos empresas específicas. También se dijo que la tarifa que terminarán pagando los usuarios será mayor y que el sistema de calificación a los proponentes —la media aritmética y no la oferta más baja— podría ir en contra de los intereses de los ciudadanos. Se espera que estos y otros temas sean tratados y aclarados durante la sesión de hoy.
Asimismo, El Espectador pudo establecer que en el debate, al cual está citada la directora de la Uaesp, Miriam Martínez, el concejal del Partido Verde Antonio Sanguino aprovechará para advertir acerca de otro millonario proceso de licitación que esa entidad adelantará este año: el de Recolección, Barrido y Limpieza, que otorgará en concesión las Áreas de Servicio Exclusivo, en las cuales está dividida la ciudad a cuatro empresas de aseo.
Según el concejal, debido a demoras en esa licitación, las actuales concesiones del servicio público de aseo domiciliario tendrán que ser prorrogadas, lo cual generará “un detrimento a la ciudadanía”.
“En primer lugar, las empresas de aseo no aplicarían las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en materia de tarifas de los usuarios, debido a que la estructura tarifaria definida en la concesión no podría ser modificada hasta una nueva licitación, a riesgo de cuantiosos pleitos jurídicos que podrían significar un detrimento patrimonial para la ciudad”.
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