“Esto era una bomba de tiempo”: JAL de Teusaquillo

La mayoría de vecinos sabían que en esa vivienda funcionaba un laboratorio, a pesar de que la casa no tenía anuncio en la fachada que lo revelara. Sin embargo, no todos estaban conformes con la actividad que desarrollaba el laboratorio en el sector, que en su mayoría es residencial.

Miembros de la Junta Administradora Local de Teusaquillo aseguraron que en varias ocasiones enviaron quejas a la Alcaldía de la localidad, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, al ver que se levantaban muros sin permisos, que se instalaban tubos inusuales y que llegaban máquinas industriales a esta vivienda, rompiendo la tranquilidad del barrio.

“Lo habíamos dicho: esto era una bomba de tiempo. ¿Qué hacía funcionando ahí un laboratorio, si esto es un sector residencial y la mayoría de gente que lo habita es de la tercera edad? Y las quejas no vienen de hace unas semanas, sino por lo menos hace ocho años”, asegura una residente y miembro de la JAL que prefirió no dar su nombre.

Ante las denuncias, la Alcaldía Local asegura haber actuado y dijo que, incluso, a mediados del año le impusieron una multa de $9 millones al laboratorio por incumplimiento de los requerimientos legales en las obras que se adelantaban en el lugar. Iván Fresneda, alcalde local de Teusaquillo, le aseguró a este diario que hace una semana la entidad realizó una visita al lugar, pero no los dejaron pasar de la recepción. En ese momento confirmaron el funcionamiento de oficinas, pero no se tuvo la certeza de la existencia de bodegas de almacenamiento ni de manipulación de productos químicos que significaran un riesgo para los habitantes del sector. Antes del incidente del pasado lunes estaba programada otra visita para hoy a las 8:00 de la mañana.

Ante la inconformidad de la comunidad por la primera visita de las autoridades, en la que, según dijeron, se evaluaron daños parciales, la Alcaldía Local acudió a una reunión con los residentes en compañía de la Aseguradora Solidaria de Colombia para establecer una ruta que permita agilidad en el reparo de los daños causados por la explosión. Los residentes afectados tendrán que enviar una carta a la aseguradora en la cual especifiquen dirección del inmueble, objetos afectados y una descripción de los daños. Solidaria de Colombia destinará inicialmente $300 millones para cubrir esos gastos.

David Cañón Alvarado, representante legal del laboratorio (que tiene 90 empleados), se dirigió a los habitantes asegurando que su empresa era legal y contaba con todos los permisos. “Lo que menos imaginé fue que esto fuera a ocurrir, porque esta es una empresa limpia (…) cuando el siniestro sucedió, yo estaba ahí y no sé qué fue lo que pasó”, resaltó.

El sitio de la explosión quedó a cargo del CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos, que adelantarán la investigación para establecer las verdaderas causas del incidente.