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Cuatro años después del peor escándalo de corrupción en la historia de la Universidad Distrital, un repentino aluvión de denuncias de presunta corrupción amenazan con revivir fantasmas del pasado. En las dos últimas, se señaló un supuesto conflicto de intereses y una posible irregularidad en el manejo de $2.000 millones, que se ventilaron en un debate de control político en el Concejo, donde la cabildante liberal, María Victoria Vargas (Partido Liberal) denunció las dos posibles irregularidades, en las que, incluso, citó un artículo publicado por el Espectador, el 6 de abril de 2024.
En contexto: Nueva denuncia por corrupción en la U. Distrital: más de $2.000 millones comprometidos.
En ambas oportunidades, tanto en reacción a la nota como al debate suscitado en el Concejo, el actual rector del plantel, Giovanny Tarazona, defendió su gestión y aclaró una a una las pruebas con las que se articularon las dos denuncias. Los procesos, que continúan en manos de los entes de control y la Secretaría de Educación, sirvieron de antecedente para la germinación de nuevas denuncias, a las que tuvo acceso este diario. En esta oportunidad, la excontratista Karent Alarcón le contó a El Espectador una serie de posibles irregularidades, en las que posiblemente incurrieron algunos funcionarios, en el marco de un contrato de prestación de servicios.
El contrato de la discordia
El 13 de julio de 2021, Karen, Invias y la Universidad suscribieron el contrato 727-I de 2021 para la elaboración de una guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura. Alarcón debía elaborar la metodología, indicadores de seguimiento, informes y talleres relacionados con su especialidad, para la elaboración final del documento que requería Invias y en el cual, por supuesto, estaba comprometida la universidad mediante el Idexud. En efecto, una vez se celebró el contrato, Alarcón cuenta que comenzó con el itinerario de actividades requeridas para el cumplimiento de su parte.
No obstante, para avanzar, requería de unos volúmenes de información que debían suministrar el supervisor asignado, el docente Favio López, a quien acusa la denunciante de negligencia y de no suministrar los insumos requeridos. “Yo enfrenté serios obstáculos y episodios de violencia institucional. Cuando comencé a exigir la calidad y el cumplimiento en los términos del contrato a los profesionales involucrados, encontré resistencia y maniobras fraudulentas del profesor López, Rafael Herrera, director del convenio; Henry Contreras, que tenía una empresa vinculada, y Ana Peña, recién egresada de Ingeniera Forestal, que coordinaba el contrato. Estas personas intentaron usarme de chivo expiatorio para hacer prevaricato y pasar cuentas de cobro sin cumplir con los procedimientos contractuales”.
En este sentido, Alarcón relata una serie de largas y negativas a recibir la información de las personas responsables. Sin embargo, cuando llegaba la hora de firmar las cuentas de cobro y exigir los pagos, resalta la contratista, que ahí sí aparecían. Al darse de cuenta de esta irregularidad, la denunciante optó por revelarse y dejar constancia de los presuntos malos manejos: “No podía pasar cuentas de cobro sin haber hecho nada”.
Esta resistencia, dice, le valió la exclusión de las reuniones en torno al proyecto y una contradenuncia de los otros firmantes del contrato, en la que la culpaban de incumplir sus funciones y, por consiguiente, la retención del pago por su trabajo. A partir de aquí, comenzó la lucha de Alarcón para limpiar su nombre y salir de lo engorroso que resulta el incumplimiento de un contrato, por $905 millones, financiado con recursos públicos.
Dos respuestas y una nueva incógnita
En medio de la disputa legal por ver quién había incumplido el contrato, la contratista denunciante acudió al entonces decano de la facultad, el profesor Jaime Ussa, para señalar las posibles irregularidades. Sin embargo, apostilla Alarcón en su relato, la respuesta que obtuvo, fue un “lo mejor es que archive la denuncia”. El Espectador contactó a Ussa para conocer su versión de los hechos y el docente respondió remitiéndose a una respuesta de la Contraloría a las denuncias efectuadas por Alarcón.
En dicho documento, el ente de control señala que “el contrato se desarrolló en el plazo pactado, no se generaron adiciones ni prórrogas ni se decretaron incumplimientos. Los entregables fueron aprobados por el INVIAS y generados los pagos respectivos”. Bajo esta misma línea, Ussa le comentó a este diario que “nunca se aperturó tramite administrativo o disciplinario por este tema a ninguno de los involucrados. Fue un proyecto muy bonito y útil para el país. Fueron 4 tomos, que ya están publicados y ahí estamos todos los autores responsables de la actividad”.
En el cuerpo de la respuesta, sin embargo, la Controlaría se declara impedida para mediar en el conflicto entre Alarcón y la Universidad, por cuanto “la Universidad Distrital debe acatar su reglamento; proceder de conformidad con su normatividad, asegurándose que se respeten los derechos de la contratista, y que se actúe con transparencia”.
Todo parecía finiquitado hasta que una resolución, que recientemente emitió el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud), le dio un nuevo aire al proceso. Aunque se expidió el 27 de noviembre de 2023, Alarcón dice que tuvo problemas para acceder a ella y denunció el presunto ocultamiento. Allende lo anterior, lo clave de este documento es que el propio Idexud le da la razón a la contratista y reconoce que su labor dio cumplimiento al contrato, por lo cual ella, como profesional, tenía el derecho de reclamar los pagos correspondientes.
Aunado a lo anterior, Favio López aseguró a El Espectador que, durante su trabajo como supervisor, nunca evidenció un cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que el contrato le delegó a la denunciante. Sin embargo, frente a la respuesta favorable y posterior liquidación de dicho contrato, fuentes de la universidad le informaron a este diario inconformidades de un sector de la institución con el equipo jurídico por la respuesta en cuestión.
De igual forma, el profesor López, a través del equipo de comunicaciones de la universidad Distrital, declaró a este medio que “desde antes de que la contratista iniciara labores, oficio enviado el 30 de junio, se le indicó donde reposaba la información necesaria para elaborar las tareas correspondientes al contrato. Transcurrido el tiempo la supervisión del contrato solicita dar cumplimiento a lo establecido en el contrato, no se tiene respuesta satisfactoria, como lo señaló el director general del contrato interadministrativo”.
En complemento de lo anterior, López y la universidad refieren que “la afirmación no tiene ningún asidero, pues el grupo de trabajo buscaba, como así lo hizo, entregar los resultados con los más altos estándares de calidad. El solicitar, por parte de la dirección y la supervisión del contrato, dar cumplimiento a lo establecido en el contrato, no puede ser considerado como acto de intimidación a un contratista”.
Universidad dice que hubo arreglo, pero hay demanda en curso
Mientras se redactaba este artículo, la Universidad Distrital, a través de voceros del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud), le confirmó a El Espectador que la contratista recibió recientemente su pago, una vez fue aclarado el proceso, por medio de una resolución que se expidió el año pasado. Sin embargo, la denunciante presentó su caso ante la Fiscalía y señaló a los funcionarios involucrados, por lo que considera que las acciones que efectuaron no han recibido el castigo oportuno.
Por otro lado, dice ella, la universidad no la indemnizó por los daños y perjuicios económicos que enfrentó desde 2021 hasta la presente fecha, cuando al fin se le desembolsó su pago. En vista de lo anterior, a pesar de la respuesta de Idexud, la Fiscalía tiene una denuncia por fraude, prevaricato y acoso laboral, que debe investigar, para aclarar de una vez por todas este caso, que empañó la imagen de la institución educativa de la capital.
Esto le da una vuelta de tuerca al asunto, ya que no solo evidencia la injusticia en su contra, sino que, además, revive las acusaciones que esta contratista hizo contra los funcionarios involucrados, en tanto su presunto afán de llenar cuentas de cobro sin importar el cumplimiento de las labores requeridas. ¿Continúan ocurriendo estos sucesos en el Idexud?; ¿Será esta denuncia una razón más para reconsiderar la función de esta oficina de extensión, teniendo en cuenta sus otros antecedentes? Mientras estas preguntas se resuelve, la Fiscalía tiene en su poder una denuncia por fraude, prevaricato y acoso laboral, que resolver. Todo está por verse.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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