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Los Mártires y Chapinero son las localidades de la capital más críticas en cuanto a la explotación sexual de menores de edad en Bogotá, así lo denuncia la concejal María Clara Name Ramírez, del Partido Alianza Verde, quien, en medio de un debate político en el Concejo, afirmó que en la ciudad “existen altos factores de riesgo de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, convirtiéndolos en carne de cañón”.
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La cabildante recalcó que otras zonas afectadas por este delito son Usaquén, Suba, Fontibón, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Y que para el 2022, la ONG Valientes Colombia reportó que Bogotá registra la tasa más alta de casos de explotación sexual de menores en el país, con 44.51 casos por cada 100.000 menores, seguida por Guaviare y Caldas.
Asimismo, Name citó un estudio del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) que indica que la localidad de Los Mártires es la zona de Bogotá en la que más se presenta este delito, sobre todo en el barrio Santafe.
El estudio también señala que, en Chapinero se evidencia una alta demanda de servicios sexuales y que en La Candelaria el turismo sexual es frecuente por la presencia de extranjeros, además, que gran cantidad de bares, hoteles y hostales permiten el ingreso de menores de edad que van con adultos.
En la localidad de Usaquén, el Idipron registró una denuncia en el barrio El Codito, cerca de un colegio, en donde algunas estudiantes, niñas y adolescentes, al salir de estudiar, “se retiraban el saco del uniforme, recogían sus faldas y utilizaban balacas de distintos colores que indicaban el tipo de disponibilidad y servicios sexuales que ofrecían”. A este grupo de menores de edad se les llamaba “Las Pitufas” y los residentes de la zona creían que estaban relacionadas con la banda “Los Pascuales”, sin embargo, esto no fue comprobado por las autoridades.
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En Suba, se habrían identificado “dinámicas de riesgo y explotación de menores en cercanías al parque Amberes y al CAI de la Policía Nacional, a través del relato de víctimas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes”, específicamente en el barrio Suba Rincón.
Por otra parte, en las inmediaciones de la plaza de mercado de Fontibón “se observaron grupos de personas encargadas de ofrecer opciones de trabajo para los menores, lo cual alerta sobre un posible nexo con distintas formas de explotación”.
Y en Kennedy, también se registró este delito en la UPZ 80, en Corabastos, en donde se usarían a menores de edad para realizar actividades comerciales, lo que, según el estudio, “facilita en algunos casos a los transportadores de alimentos negociar con ellos servicios sexuales”.
Por otra parte, la concejal mencionó que, en los colegios públicos de la capital, el sistema de alertas de la oficina para la convivencia escolar de la Secretaría de Educación reportó que entre 2018 y 2022, hubo 330 presuntos casos de explotación, pornografía y turismo sexual, así: para el 2022, 139 casos; en 2021, 61; en 2020, 45; en 2019, 33; y en 2028, 52.
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“Si bien, los datos reportados por el Sistema de Alertas no determinan ni confirman estos delitos, ya que son las autoridades judiciales y administrativas las encargadas de comprobarlo, sí es un reflejo de lo que está pasando al interior de los colegios lo cual es muy preocupante”, agregó la concejal.
Y es que precisamente, después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la secretaria de Integración Social, Margarita Barraquer, llevaran a cabo la rendición de cuentas del trabajo que ha hecho la actual administración frente a las niñas, niños y jóvenes, en el que resaltan logros de algunos programas y beneficios a esta población, Name concluyó que “la administración no puede conformarse con iniciativas que declaren a Bogotá como “La ciudad de las niñas, niños y adolescentes”, sino que debe ir más allá en su exigencia para que el Distrito con acciones y resultados protejan y garanticen los derechos fundamentales de los menores”.
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Por Sara Caicedo
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