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En la tarde del miércoles 26 de junio se conoció uno de los casos más recientes de intimidación con fines extorsivos en Bogotá, el cual demostró cómo este delito no solo afecta al comerciante, sino a todo su entorno. En este caso, los delincuentes lanzaron una granada contra un un local comercial (que no detonó), para demostrar sus alcances criminales. Diego Vélez, la víctima, le confirmó a El Espectador que hace meses le exigen el pago de US$60.000 a cambio de no atentar contra su familia ni su empresa, dedicada al transporte de pasajeros y mercancía a Venezuela.
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A raíz de las intimidaciones, más frecuentes y violentas, Vélez tuvo que dejar atrás su vida, salir de Bogotá y moverse a otra ciudad con su familia, para evitar algún atentado a modo de represalia. “No sabemos qué más hacer”, asegura, e insiste en que la investigación, en manos del Gaula, “no se ha movido”.
La situación de la ciudad, a todas luces, preocupa. Según estadísticas de la Policía (Siedco), entre enero y abril, de 19 localidades (no se incluye Sumapaz), en 16 se triplicó este delito, al pasar de 290 denuncias en el mismo período de 2023 a 790 este año. Las cinco localidades con mayor incremento fueron Ciudad Bolívar (pasó de 12 denuncias a 48), Los Mártires (de 32 casos a 121), Barrios Unidos (de 10 a 29), Suba (de 41 a 109) y Teusaquillo (de nueve a 23).
Como se ha venido denunciando hace varios años, muchas de estas extorsiones vienen desde las cárceles. La fundación Pares identificó a 48 cabecillas de organizaciones delincuenciales detrás de los casos de extorsión desde las prisiones. En Bogotá señalaron a 11, donde se destacan Michael Brayan Retes, alias Brayan 38, cabecilla del Tren de Aragua, recluido en Barranquilla; José Manuel Vera, líder de los Satanás, preso en La Tramacúa (Valledupar), y Néstor Aguirre, líder de los Camilos.
Casos similares
Según la Policía, el caso del miércoles fue el primero de este año con un arma de ese calibre, contrario a lo que ocurrió en el segundo semestre de 2023 —específicamente en junio, julio y octubre—, cuando se reportaron casos en Fontibón, Tunjuelito y Kennedy con artefactos explosivos. El más recordado fue el ataque contra un motel, en Venecia, atribuido a Los Satanás. Todos tenían algo en común: las víctimas eran comerciantes de bares, discotecas o moteles. Si bien, este año este tipo de ataques no han tenido la repercusión del año pasado, preocupa que los criminales retomen esta estrategia de intimidación.
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¿Y las armas?
Es un hecho que la incidencia de la extorsión no tendría tales efectos sin el mercado ilícito de armas en Bogotá. Municiones, accesorios, fusiles, revólveres y armamento no convencional, como granadas, circulan con facilidad entre las manos criminales. No es casualidad que en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, Los Mártires y Usme y Rafael Uribe Uribe, en donde los índices de extorsión se han multiplicado, también se haya reportado tráfico de armas.
La pandemia, además de cambiar las dinámicas sociales, influyó en las maneras en que operan los mercados criminales, incluso el de armas, uno de los más consolidados. Se estima que entre 2020 y 2021 disminuyó 21 % la demanda de armas por grandes estructuras criminales de Colombia y América Latina.
“Esto devino en dos panoramas: por un lado, el mercado buscó la forma de reactivarse y encontró en las bandas delincuenciales urbanas un cliente. Por otra parte, estas bandas encontraron en ese armamento, de gran calibre, una posibilidad de generar temor para el control territorial” , analiza Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central.
Alquiladas o vendidas al mejor postor, las armas de fuego configuran el elemento principal en la comisión de los delitos de alto impacto, como la extorsión. Un caso que ilustra cómo funcionan estas bandas ocurrió en abril. Los Roncos, estructura que dinamizaba la venta ilegal de armas y la modificación de armas traumáticas, para volverlas letales, estaban en Kennedy, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño. En esta última, la policía les incautó 25 armas, como revólveres, pistolas y escopetas. Además, cientos de municiones de varios calibres.
Esta banda, que tenía relación directa con el Estado Mayor Central de las FARC, vendía o alquilaba las armas por precios que oscilaban entre los $500.000 y los $4 millones. Por esas rentas obtenían ganancias de hasta $400 millones. Incluso se descubrió que tenían una armería, donde modificaban las armas traumáticas e intervenían las de fuego, para borrar seriales y otros elementos claves para la investigación balística.
Su modus operandi parece repetirse en varios casos: las bandas que dominan este mercado tienen contacto con estructuras criminales de mayor envergadura, como células guerrilleras, paramilitares o relacionadas con el narcotráfico, quienes se encargan de proveer los artefactos. A su vez, estas estructuras de mayor poder reciben armas a través de espacios fronterizos con poca vigilancia, por vía marítima e incluso de empresas de encomiendas.
Bogotá no tiene un gran centro de producción de armas o municiones, lo que indica que necesariamente todas las armas ingresan a la ciudad. “Desde el año 2009 hay evidencia de que las armas ingresan desde el tapón del Darién y las fronteras de Ecuador y Venezuela. Estas armas, todas hurtadas o de contrabando, estaban en manos de grupos al margen de la ley, pero hoy están en manos de bandas delincuenciales”, agrega Nieto.
No todas tienen poder
Pese a que el panorama es crítico, es importante aclarar que detrás de todos los casos de extorsión no hay una gran estructura. “Para poder generar miedo, algunos grupos se hacen pasar por grupos delincuenciales organizados como el Tren de Aragua o las disidencias, y para poder legitimar esa idea, qué mejor que mostrar a la ciudadanía su poder criminal con atentados con granadas y, eventualmente detonarlas, para generar presión o miedo. En Colombia, desde el 2021, se han identificado 51 bandas que se hacen pasar por grandes grupos al margen de la ley, sin tener relación, pero que, aprovechando el miedo de la gente ante nombres como Los Satanás o el Tren de Aragua, terminan por creer que sí lo son.
Ante esta situación, el concejal Julián Sastoque anunció que, una vez el Concejo entre de receso, la segunda semana de julio, citará un debate de control político para ahondar en cómo la administración piensa enfrentar los índices de extorsión. “Necesitamos entender cómo se abordará el problema de criminalidad y extorsión; el delito de alto impacto que más se ha disparado en la ciudad. Por eso citaremos un debate, porque sectores como el de los comerciantes no dan más. En muchas partes de la ciudad están sitiados por estas bandas ante la mirada pasiva de las autoridades”, puntualizó el cabildante.
La preocupación es latente. Sin embargo, vale reforzar el mensaje de las autoridades: por más acciones que se desplieguen para controlar este delito, la denuncia sigue siendo clave para enfrentarlo con más decisión.
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