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Las seis Casas Refugio en Bogotá brindan protección a mujeres en riesgo de feminicidio y a sus hijos. Y, en una ciudad, con casi 500 mujeres en peligro extremo de ser asesinadas, toma mayor relevancia su papel, por lo que se espera que todo funcione a la perfección. No obstante, en los últimos meses han surgido quejas. Al menos, así lo evidencian informes de supervisión, que ponen en entredicho el servicio de alimentación en una de las casas. Ante esto, la Secretaría de la Mujer explicó que son observaciones preventivas, que ya fueron subsanadas.
La denuncia la lideraron los concejales Samir Bedoya Piraquive y Fabián Andrés Puentes, del Partido Mira, quienes se dieron a la tarea de rastrear si las beneficiarias vivían bajo condiciones dignas. El rastreo fue documental y sin observación directa, ya que, por obvias razones, la ubicación de estos sitios es reservada y las visitas restringidas, por la seguridad de las mujeres y sus hijos. Sin embargo, lo que encontraron en el informe de una Casa Refugio los llevó a encender las alarmas.
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La inconformidad apunta a una empresa que desde hace 10 meses ha estado a cargo de prestar los servicios de alimentación, hospedaje, servicios básicos y atención interdisciplinar a mujeres víctimas de violencia de género, como indica el objeto del contrato. Sin embargo, no estaría cumpliendo sus obligaciones de garantizar este servicio “de manera oportuna, completa y de calidad”. Los informes registran observaciones relacionadas con una presunta mala manipulación y almacenamiento de los insumos.
Los hallazgos
El contrato en cuestión lo adjudicó la Secretaría de la Mujer y se empezó a ejecutar en agosto pasado con la empresa Fez Inversiones SAS. Este se cancela mes vencido, de conformidad con los servicios “efectivamente prestados, soportados y facturados”. Para hacerles el desembolso, la entidad distrital debe emitir un certificado de supervisión. El asunto es que, en siete de nueve informes, se hacen observaciones al contratista.
Las primeras alertas se encontraron en el informe de septiembre, en el que se autorizó el pago de COP 132 millones. Allí, en el aparte de ‘Obligaciones relacionadas con el servicio de alimentación’, la entidad distrital resaltó que, si bien no se evidenciaron alimentos sobremadurados, en mal estado físico ni vencidos, sí hallaron rastros de sangre en el área donde almacenan los diferentes tipos de proteínas y carnes, en bolsas con roturas. Estas observaciones debían subsanarse de manera inmediata. No obstante, la observación se repitió en octubre (mes en el que cobraron COP 126 millones).
En noviembre, las alertas se concentraron en otro frente: los controles de materias primas y verificación de gramajes, así como corregir fallas en la rotulación de productos y alimentos. Para diciembre, las novedades apuntaron a evitar prácticas inadecuadas de descongelación de las proteínas, para prevenir intoxicaciones y los retrasos en actividades de limpieza y desinfección.
“Sabemos que son servicios que no se pueden detener y sería indeseable no realizar los pagos. Pero lo que sí advertimos es una falta de exigencia de un plan concreto de mejoramiento para el contratista y que la Secretaría de la Mujer no se limite simplemente a dejar por escrito las dificultades (…) Debería iniciarse un proceso sancionatorio al contratista”, reprochó el concejal Samir Bedoya.
Para 2026, las observaciones fueron variando. En enero, la Secretaría solicitó actualizar los conceptos higiénico-sanitarios y carnés de manipulación de diferentes proveedores. Pero, a pesar de los tiempos exigidos (no mayor a un mes), en febrero se evidenció de nuevo el vencimiento de estos conceptos, hasta que finalmente se realizaron en marzo. Sin embargo, en ese mes encontraron tres paquetes de arepas vencidas, los cuales, aseguran, fueron desechados de manera inmediata. El Espectador buscó a FEZ Inversiones S.A.S para recibir su versión de los hechos. Sin embargo, apelaron a las cláusulas de confidencialidad que les impiden suministrar información y remitieron a la Secretaría de la Mujer.
Son medidas preventivas y ya subsanadas
Juliana Córtes, subsecretaria de Fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer, dialogó con este diario para explicar este listado de observaciones. En primer lugar, defendió que se trata de supervisiones preventivas, precisamente para evitar cualquier riesgo en la salud de las mujeres y demás personas de esta casa refugio.
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“Esta información ha sido un poco descontextualizada. Nuestros equipos de supervisión hacen las observaciones correspondientes cuando se identifican temas a mejorar o aspectos que deban corregirse. Muchas ya se superaron por el contratista”. Por consiguiente, rechazó que se esté hablando de comida podrida. “No hemos tenido ningún tipo de intoxicación de las mujeres que están o que estaban acogidas en esa ni en ninguna otra casa refugio”.
Ahora bien, en cuanto al vencimiento de los conceptos higiénico-sanitarios, Córtes respondió que no le corresponde a la entidad emitirlos, sino a la Secretaría de Salud. En cuanto a las advertencias por el almacenamiento de proteínas, argumentó que “eso no significa que automáticamente haya una contaminación cruzada” y resaltó que cuentan con un anexo técnico en el que guían cómo conservar los alimentos correctamente. “Tenemos un equipo multidisciplinario y experto para evitar que esto ocurra”, agregó.
Córtes concluyó que el ejercicio de supervisión seguirá y, de hallarse incumplimientos sanitarios, “por supuesto tomaremos las acciones correspondientes”, pero descartó que con estos hallazgos se aperture un proceso sancionatorio al operador. “No hay elementos para iniciar ningún tipo de acción adicional a la que se ha venido realizando en el marco de la supervisión”.
La importancia de las Casas Refugio
En Bogotá, 1.254 mujeres han sido valoradas por Medicina Legal por riesgo de feminicidio, durante apenas los primeros cuatro meses de este año. Un aumento de más de 600 casos respecto al mismo periodo del 2025. De este total, 546 mujeres están en un riesgo extremo y las tres localidades con mayor número de hechos son Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.
Ante este inminente riesgo de feminicidio, está en las 38 Comisarías de Familia o un Juzgado de Familia otorgar a las mujeres medidas de protección que van desde ordenar a su agresor el desalojo de la casa o habitación, hasta brindarles el traslado junto a sus hijo/as menores de 18 años a unas casas refugio de la Secretaría de la Mujer, durante un tiempo máximo de cuatro meses (con prórroga hasta por dos meses más) y un mes para víctimas del conflicto armado.
Actualmente, Bogotá cuenta con seis casas refugio con un total de 92 cupos para mujeres mayores de 18 años, distribuidas en tres modelos de atención: Modelo Integral, cuatro casas, cada una con 42 cupos para quienes tienen medida de protección; Modelo Intermedio, una casa con un cupo para 30 mujeres que no cuentan con medida de protección y llegan por medio de los servicios de la Secretaría de la Mujer; y Rural, una casa con cupo para 20 mujeres rurales o campesinas.
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Allí, las mujeres y sus hijos cuentan con servicios de alojamiento, alimentación, vestuario, psicología, derecho, trabajo social, pedagogía y atención básica en salud. Pero también se les restablecen sus derechos y profesionales las acompañan en la reconstrucción de sus proyectos de vida.
Con la queja, más que un intento por afectar las Casas Refugios, lo que busca es apelar a que se mejore la supervisión y a ser más exigentes, dado el papel fundamental que cumplen en la ciudad, al proteger a las mujeres en riesgo extremo de feminicidio. En especial, al notar que errores simples se han vuelto reiterativos, como se observa en las actas de supervisión. Es claro, como lo dice la Secretaría de la Mujer, que ninguna ha puesto en riesgo a las beneficiarias del programa, pero es clave no perderle la pista a los detalles, para conservar todos los estándares de seguridad.
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Por María Angélica García Puerto
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