Falta claridad en proyectos de carrera Séptima y ALO en Plan de Desarrollo

Para la Contraloría de Bogotá, sería conveniente para las finanzas públicas del Distrito contar con los estudios técnicos que soporten cualquier decisión, avalados por el proceso de participación ciudadana que permitan definir la viabilidad o no del proyecto del metro ligero para esta vía de gran movilización de personas.

“Lo mismo es el caso de la ALO, preocupa a este ente de control, que el señor alcalde Mayor no haya ejecutado acciones que reflejen hechos concretos que permitan dar una solución que no implique la pérdida de $224.048.7 millones por concepto de estudios y diseños, compra de predios y ejecución de obra”.

Según la Contraloría, a la fecha no se tiene conocimiento de cuáles serán las decisiones de la administración distrital. “Allí también deben ser incluidos los habitantes como factor determinante en la viabilidad o no del proyecto a través de la participación ciudadana. En el proyecto de acuerdo no se evidencian claramente responsabilidades sectoriales definidas que permitan el cumplimiento de las metas propuestas”.

De otra parte, la Contraloría dice que en el proyecto es precaria la identificación de las políticas públicas que fueron adoptadas por el Distrito Capital y que se encuentran en ejecución, como “Seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá”; “Envejecimiento y vejez”; “Familias de Bogotá”; “Juventud”, entre otras.

“La falta de líneas base en términos absolutos evidencia falencias en la identificación clara de las problemáticas sociales, la focalización, lo cual dificulta el seguimiento, control y evaluación de los resultados”.

Así mismo, señala que la asignación presupuestal de los programas a cargo del Sector Ambiente no se compadecen con la importancia que se le da al tema ambiental dentro del proyecto. No se evidencian programas tendientes a disminuir la contaminación atmosférica que se produce en la ciudad por fuentes fijas como las industrias.

“No incluye una estrategia concreta que dé continuidad al “Programa de saneamiento del Río Bogotá”, por lo que este organismo de control considera que presuntamente se puede configurar un daño al patrimonio público, teniendo en cuenta que la nueva estrategia planteada por la administración no es clara en el objetivo de descontaminación”.