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En concepto de algunos cabildantes, aún quedan asuntos por evaluar en el millonario trámite (un negocio de $230.000 millones en concesión por 11 años).
Es el caso del concejal Roberto Sáenz, líder del colectivo ambientalista Agenda Bogotá, quien advierte que el proceso no tiene en cuenta lo estipulado en el acuerdo 344, sobre el manejo de residuos orgánicos en la ciudad.
“Con la orden de la Corte se supera un tema de justicia social, pero la licitación sigue desconociendo los procesos de reutilización o aprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos que produce la ciudad”, dijo Sáenz.
En un sentido parecido, el concejal Carlos Vicente de Roux afirmó que “hubiese sido pertinente” que la Corte hubiera definido pautas acerca del número mínimo de recicladores que cada proponente debe incluir en su propuesta y, asimismo, el porcentaje de participación de este gremio en el negocio.
La licitación de Doña Juana se cerró el pasado 30 de abril con la participación de tres consorcios: la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, la Unión Temporal Gestión Ambiental y Promesa de Sociedad Futura Ecoparque S.A. Los dos primeros ofrecen una participación a los recicladores del 0,5% y el otro (Proactiva, antiguo operador del relleno) del 15%.
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