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Los indígenas embera se apostaron esta semana al frente del ministerio de Vivienda, haciendo seis exigencias, para retornar a sus territorios. Pero la situación no es nueva en Bogotá: desde el 2000 hay comunidades de diferentes zonas del país protestando en la capital y haciendo exigencias al gobierno nacional. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin resolver la situación? El Espectador habló con el secretario de gobierno, Gustavo Quintero, quien responde a este y otros interrogantes.
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¿Cuál es el balance de la nueva protesta de los indígenas, en el centro de Bogotá?
Al frente del ministerio de Vivienda hay casi 120 indígenas embera, con unas peticiones específicas para la Nación. Los invitamos al diálogo a los líderes de esta acción de hecho, para llegar a acuerdos. Lo que piden es volver a sus territorios con garantías. El Distrito ha hecho acompañamiento con gestores de seguridad y de convivencias, muy pendientes, porque ha habido un par de cosas que nos han preocupado: por un lado, la restricción de movilidad y, por el otro, un par de agresiones a transeúntes en la zona. Entonces, hemos estado muy atentos, para garantizar la tranquilidad de todos.
¿Cuáles son las características de este grupo?
Hay dos cosas que están pasando en este momento: está el grupo, con un líder que habla precisamente de la posibilidad del retorno. Pero el jueves llegaron otras 30 personas nuevas, que llegaron primero a la Plaza de Bolívar y luego se sumaron a esta protesta. Entonces hay dos conversaciones distintas. Para nosotros, lo más conveniente es que, si están pidiendo retorno, podamos hacerlo efectivo cuanto antes y que la Nación nos ayude generando las garantías. Esas son personas que estaban antes en la Unidad Integral de La Florida, pasaron al Parque Nacional y ahora están en el ministerio. Aun no tenemos un censo, pero queremos cruzar datos para saber cuántas de esas personas ya han tenido retornos antes, porque eso también nos comienza a dar unos patrones de comportamiento, para saber la mejor manera de abordarlos.
Hay indígenas en La Florida, La Rioja, el Parque Nacional y ahora en el ministerio ¿Por qué después de tantos años no hay una solución definitiva?
Ese es uno de los grandes retos de la ciudad, sobre todo porque hay un flujo continuo de personas llegando. Se hacen retornos y llegan otros, lo que hace complejo el fenómeno. Además, las acciones de hecho, como la toma del Parque Nacional, se vuelven habituales y se convierten en la manera que ellos tienen para dialogar con la institucionalidad. Definitivamente, lo que nos toca es cambiar las lógicas, tanto de atención como de acercamiento a las comunidades, siempre respetando sus derechos, para poder darles una ruta de salida. En eso estamos trabajando, venimos haciendo mesa de diálogo con los líderes de la comunidad. Es importante que quienes quieran retornar tengan esa garantía y quienes se quieren quedar en la ciudad sepan que efectivamente habrá un acompañamiento del Distrito en términos sociales.
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Van años definiendo quiénes se van y quienes inician una vida bajo las dinámicas de la ciudad, pero siguen en los albergues ¿Por qué?
Ahí se combinan dos factores: uno es cultural y es clave situarse en su punto de vista, para entender su relacionamiento con sociedad. Lo otro es que seguimos atendiendo un problema estructural, con medidas transitorias, como La Rioja y La Florida, que ante la falta de soluciones se terminan volviendo permanentes, con costos muy altos, y no solo de recursos, sino para la salud de los niños, la calidad de vida de las mujeres y, en general, de las personas inmersas en esta situación.
¿Cuál es la solución?
Encontrar una ruta de salida. Toca construir un piso jurídico, que dé competencias a la Nación y al Distrito, para actuar de manera diferente. Gran parte del problema hoy es que todo pasa por la falta de una norma que defina obligaciones precisas a la hora de atender estos retos, pero no hay una regulación ni un protocolo que nos indique qué hacer en este tipo de situaciones. Una vez exista, podremos proceder de manera distinta sin riesgo de excedernos en competencias o incumplir alguna de ellas.
¿Cuánto ha gastado el Distrito atendiendo esta situación?
La cifra desde 2020 a la fecha ´podría ascender a los $18.000 millones en salud, educación y en paquetes sociales, así como el sostenimiento de La Rioja y La Florida. Es un presupuesto alto, por eso estamos pensando en que tenemos que encontrar una salida, para hacer un uso más eficiente de esos recursos y garantizar una respuesta efectiva a las personas de la comunidad de embera. Ese piso jurídico se debe crear conjuntamente, para saber hasta dónde llega la responsabilidad de unos y termina la de los otros, para luego definir una salida definitiva, pero debe ser cuanto antes.
Uno siempre ve que están Distrito y Nación tirándose la pelota para enfrentar la situación… ¿Por qué?
Por eso una de las tres medidas es construir un piso jurídico, porque, como está esa esa línea gris, lo que podría ser una solución definitiva se vuelve una situación compleja, como lo vemos en los diferentes puntos de concentración.
Ellos piden unos predios de la SAE ¿Cómo va eso?
Esa es una decisión de país, en donde tendríamos que definir varios asuntos antes de entregar el predio, como quién lo debería administrar; quién garantizaría la provisión de alimentos para la población, etc. Entonces, eso es una cosa que preocupa y que hay que saber resolver. Esto no es una discusión de entregar el predio, sino saber qué pasa después.
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¿Han hablado de esto con la Nación?
Sí, esa discusión se viene dando desde el año pasado. Van meses de trabajo con la Nación, pensando en la salida definitiva
El alcalde Galán dice que tratarán de solucionar este mes, pero todo se ve crudo…
Tengo fe de que en que Parque Nacional este semestre quede resuelto, pero todavía nos falta trabajar La Rioja y la Florida. Hay varios escenarios y precisamente estamos construyendo las rutas y cuando estén, las daremos a conocer, pero el objetivo número uno es, sobre todo, preservar la dignidad y la calidad de la vida de los niños y las niñas.
¿Hay instrumentalización?
Eso tendríamos que entrar a probarlo, pero es una de las cosas que estamos investigando.
¿Y los gobiernos locales de donde son oriundos, qué papel juegan?
Son fundamentales, sobre todo en los procesos de retorno y de garantía de condiciones dignas en el territorio. En la medida que esos municipios den más garantías, pues menos incentivos van a tener para venirse a Bogotá. Este trabajo es no solo Bogotá y la Nación, sino también en esos municipios. No me corresponde a mi decir hasta donde llegan, pero considero que con las nuevas administraciones puede existir oportunidad para retornos duraderos.
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Por Alexánder Marín Correa
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