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Hace nueve meses, Juan Felipe Camargo, de nueve años, murió al ser atropellado por un carro cuando salía de su colegio, en Usaquén. Mientras el proceso judicial avanza, para establecer responsabilidades, este caso es la cara más visible de los siniestros viales en entornos escolares. En una ciudad como Bogotá, en donde al año mueren más de 500 personas en accidentes de tránsito, ni siquiera las zonas escolares quedan exentas del riesgo.
En lo corrido de 2025, 193 personas han muerto en siniestros ocurridos en el radio de influencia de entornos escolares y 4.230 han resultado heridos. Aunque la Secretaría de Movilidad aclara que estas cifras no necesariamente incluyen a menores de edad en actividades escolares, el hecho de que ocurran en lugares de alto flujo de niños, como estos entornos, preocupa a los expertos. En especial, ahora que todos regresaron de vacaciones.
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Volviendo al caso de Juan Felipe, el proceso judicial contra la conductora no ha terminado y no se han determinado las causas del siniestro, que oscila entre dos hipótesis: falla humana, por una presunta distracción, y falla mecánica. En cualquier caso, lo cierto es que ambas hipótesis están entre las principales causas detrás de los accidentes de tránsito cerca de planteles educativos.
Si bien, para algunos, las cifras no indican que la situación esté fuera de control, al abordar el fenómeno de la siniestralidad en una ciudad tan compleja como la capital, vale la pena analizar lo que se está haciendo mal; los primeros indicios de falencia, y dar soluciones óptimas y a tiempo.
Rutas e infraestructura
En la ciudad es habitual escuchar sobre accidentes en los que resulta involucrada una ruta escolar. Y esto resulta especialmente delicado, ya que tiene un factor de incidencia directa en el bienestar de los jóvenes que usan este medio de transporte para ir al colegio. El incidente más reciente ocurrió el 17 de julio, en Chapinero, cuando una ruta, que transitaba por la calle 75 con carrera quinta, habría perdido los frenos. Tres menores resultaron heridos.
La inspección a este tipo de vehículos suele ser objeto de estrictos controles de las autoridades. En 2024, por ejemplo, a través del programa Ruta Pila se verificaron 18.932 vehículos escolares y se atendió a 271.595 estudiantes en los operativos de control. Como resultado de estas diligencias, se impusieron sanciones a ocho empresas de transporte escolar y se abrieron 24 investigaciones por irregularidades en documentación y funcionamiento.
Por desgracia, los incidentes continúan y la mirada apunta hacia un mayor control de las empresas, no solo de los vehículos utilizados, sino de los conductores contratados, ya que la principal causa de los 4.223 siniestros en zonas escolares es la imprudencia, con 165 casos.
Pero no solo las rutas privadas llevan a los niños al colegio. Vehículos como motos y bicicletas también se usan para transportarlos. Evidentemente, este tipo de vehículos, como se ha repetido hasta la saciedad debido a su naturaleza, tienden a ser más vulnerables a los siniestros viales y sufrir la mayor parte de ellos.
Carolina Álvarez, coordinadora de Infraestructura en Colombia de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), explica que “muchas veces los menores se movilizan en motocicletas como pasajeros, lo que aumenta el riesgo. La interacción entre peatones y motos es peligrosa en estos entornos, pero también lo es la convivencia con vehículos de carga o buses pesados, que circulan por las mismas rutas”.
Esto demuestra, en opinión de la experta, que ni el transporte peatonal ni el motorizado son seguros alrededor de los colegios, especialmente cuando no hay infraestructura adaptada ni control efectivo de velocidad. La fiscalización de las velocidades ha sido un dolor de cabeza para las autoridades de movilidad y, pese a implementar más cámaras de control de velocidad y agentes de tránsito, continúan las omisiones a los límites establecidos. De hecho, 3.688 siniestros en entornos escolares fueron protagonizados por actores viales en moto.
En el caso de los entornos escolares, los vehículos deben transitar a no más de 30 kilómetros por hora. Aun así, advierte Daniel Cañozares, docente del colegio Carmelitas de la Caridad, ubicado en Puente Aranda, que “varios vehículos pasan a altas velocidades, sobre todo motos, y eso es porque la vía más cercana está cerrada por obras, entonces todos se mandan por aquí y manejan la misma velocidad que en el tramo arterial”.
Otro factor crítico reside en la infraestructura. Desde la Secretaría de Movilidad señalan que, pese a que han hecho intervenciones, aún falta. Para Álvarez, señalizar no es suficiente si la infraestructura permite circular más rápido y no hay control.
Además, aunque la Secretaría de Educación ha mejorado algunos entornos escolares, no todos los colegios pueden ser intervenidos simultáneamente y los recursos son limitados. Sin embargo, en futuras intervenciones, se puede optar por modificaciones de infraestructura en corredores aledaños a los colegios.
Estrechamiento de calzadas para reducir velocidad; ampliación de andenes, para evitar que los peatones invadan la calzada; resaltos o reductores de velocidad, y cruces peatonales seguros en mitad de cuadra; además de infraestructura ciclista y de transporte escolar seguro son algunas de las propuestas que se han ido instalando, que deben ser la norma general en los 265 entornos escolares identificados en el Distrito.
Se está en una situación más que favorable para atender este fenómeno. Promover el debate es una de las acciones para evitar que esta dimensión de la siniestralidad se torne más crítica. Después de todo, son los jóvenes, su vitalidad y su futuro los que están en riesgo, y no por su rendimiento en las aulas, sino por su exposición en las vías.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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