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Adriana Aponte, Ángela del Pilar Ferro Gaitán, Michelle Amaya Buelvas… y contando… A estas mujeres las unen dos coincidencias trágicas e indignantes: fueron asesinadas o atacadas por hombres (delitos tipificados como feminicidios) y sus victimarios quedaron o podrían quedar libres por vencimiento de términos.
A Aponte la mataron el 27 de mayo de 2020. Su cuerpo lo encontraron desmembrado en una casa al sur de Bogotá. Hárold Steven Henao, presunto responsable, quedó libre en agosto de 2021 y a la fecha, aunque el proceso sigue abierto, la justicia sigue sin dar un veredicto.
A Ferro su pareja la atacó con un hacha, en su vivienda, al norte de la capital. Miguel Camilo Parra Niño, el agresor, quien enfrenta cargos por tentativa de feminicidio, recuperó su libertad el pasado 2 de marzo. Su proceso sigue en curso y aún no termina el juicio en su contra.
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A Amaya, de catorce años, la mataron en noviembre de 2020, en el barrio San Bernardo. El crimen lo cometió la banda Los Tasmania. Por el caso capturaron a seis personas, cinco de las cuales aceptaron cargos excepto Édinson Cervera, alias Pirry, principal sospechoso y quien irá a juicio por tortura y homicidio; no obstante, la próxima semana podría quedar en libertad.
Una garantía de uso común
¿Pero en qué consiste el vencimiento de términos? Es clave decir que la figura, tan escuchada cuando de juicios mediáticos se trata, no es un capricho. Es una garantía para los detenidos, que consiste en fijar un plazo máximo en cada etapa del proceso, para que la Fiscalía y los jueces definan en tiempos razonables su situación jurídica. El Código Penal indica que un proceso (entre captura y sentencia) no puede tardar más de un año. Sin un fallo, persiste la presunción de inocencia y alguien así no puede estar indefinidamente tras las rejas.
Las cuentas comienzan una vez al sospechoso le formulan imputación y un juez lo envía a prisión. A partir de ahí, la Fiscalía tiene sesenta días para radicar escrito de acusación, en el que justifica con pruebas el porqué del proceso. Una vez radicado, corren 120 días para la audiencia de acusación, la preparatoria e iniciar el juicio. Finalmente, instalado el juicio, el juez tiene 150 días para emitir un fallo. Si alguno de los plazos se incumple, por culpa de la Fiscalía o el juez, el defensor puede pedir libertad por vencimiento de términos.
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Y en una justicia congestionada como la colombiana, las libertades por este concepto se cuentan por miles. En los últimos cinco años, 23.643 detenidos salieron de prisión apelando a este recurso. El año con más casos fue 2020, con 5.226; seguido de 2019, con 5.089, y 2021, con 5.004. En esos últimos tres años, los porcentajes frente al total de procesados en prisión fueron de 7,4 %, 8,5 % y 8,6 %, respectivamente.
El feminicidio, por supuesto, no es ajeno a esta situación. Con el agravante de lo que representa, debido el impacto en la sociedad. “El rol perpetuador de las violencias de género de estas liberaciones tiene mayor impacto simbólico, pues este tipo de violencia tiene condiciones estructurales. Ahí está la responsabilidad del operador de justicia por no incorporar el enfoque de género, y eso no les da garantías a las víctimas”, dijo Adriana Alquichides, abogada especialista en derecho penal y de familia.
Y es que, según datos del Inpec, desde que fue tipificado el delito de feminicidio (2015), en Bogotá 21 procesados han quedado libres por vencimiento de términos. Los años 2021 y 2018 fueron los que más casos acumularon, con seis y cinco casos, respectivamente. Sin embargo, la mirada nacional es más preocupante. En el mismo período se contaron 209, siendo 2019, 2020 y 2021 los años en que más se presentaron, con 49, 46 y 50, respectivamente (ver gráfica).
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“La justicia no entiende qué es la violencia machista”
Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, dijo que esas cifras podrían quedarse cortas y agregó los factores que, para ella, hacen del vencimiento de términos el peor enemigo en la búsqueda de justicia para las víctimas y sobrevivientes de violencias basadas en género: “Por un lado, la falta de ética de los defensores para dilatar y poner en peligro a las víctimas. Por el otro, la falta de rigor del aparato judicial, representado en el descuido de los juzgados al agendar las audiencias y las fallas de la Fiscalía en la planeación de las diligencias.
“La justicia no creo que entienda aún qué es la violencia machista contra las mujeres, en qué está basada y cómo afecta a la sociedad. Y si no entienden algo, no le van a prestar atención”, dijo Roncancio. Muestra de esto es el caso de Érika Valentina Guzmán Sierra, de 17 años, quien fue violada y asesinada el 26 de noviembre de 2019, al parecer, por un tío materno. Su historia la relató su madre en el libro Amores que matan, amores que sanan, de Gloria Sierra y Luis Andrés Torres Rodríguez.
Jenny Carolina Sierra le contó a este medio que en el proceso contra su medio hermano se realizó el 5 de mayo la audiencia preparatoria, pero no se le impuso medida de aseguramiento. Ella vivió las demoras en la investigación, pues “no se hizo la inspección del lugar donde encontraron el cuerpo”. Hoy tiene que ver cómo el presunto feminicida de su hija goza de su libertad y de la protección de sus familiares.
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¿Cómo hacer frente?
Detrás de una maniobra dilatoria para retrasar un proceso hay una falla ética. Esa es la conclusión de Yamile Roncancio, quien ve un punto de origen a este problema: “La academia debe asumir parte de la responsabilidad en este desastre. Hay una deuda enorme en la formación ética de los abogados. La única forma [de solucionarlo] es que en la formación de los abogados” se hable de ética y de las implicaciones para las víctimas.
Lo concreto es que las cifras muestran una dinámica que, más allá de develar tácticas para evadir la justicia, hace que el duelo sea más doloroso y crezca la desconfianza en el sistema judicial. Si no se corrige urgentemente, se podría llegar a escenarios en los que los ciudadanos piensen en tomar la justicia por mano propia. Ya se vivió en Cáchira (Norte de Santander), donde asesinaron al señalado violador y asesino de Karina Blanco, caso que en un país con verdadera justicia no debería ocurrir.
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